El caso de las valijas de la Legislatura cargadas con millones de pesos en el 2015 electoral suma una nueva denuncia penal.

El legislador radical Eudoro Aráoz (bloque UCR) se presentó el viernes en los tribunales penales de la Justicia provincial y solicitó la apertura de una investigación por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, peculado y violación de los deberes del funcionario público, a través de la entrega de supuestos subsidios denominados “gastos sociales”. A diferencia de las causas abiertas desde noviembre de 2015, cuando LA GACETA reveló la operatoria de las valijas a través de fotos y otros documentos, Aráoz apuntó al entonces gobernador, José Alperovich, y dos hombres clave para las finanzas de su gestión, Jorge Jiménez (ex ministro de Economía, hoy vocal del Tribunal Fiscal de Apelaciones) y Rolando Steimberg (sigue ejerciendo como secretario de Hacienda). También señaló al actual mandatario provincial, Juan Luis Manzur; de todas formas, el entonces vicegobernador -y por ello, ex titular del Poder Legislativo- ya figuraba en la denuncia penal que había formulado el abogado y peronista disidente Oscar López pocos días después de las primeras publicaciones del caso.

En 2015, autoridades de la anterior composición de la Legislatura aprobaron la ejecución de $ 615 millones en supuestos subsidios, denominados “gastos sociales”. El monto equivale al 40% del presupuesto total de la Cámara para ese año. El régimen ya fue derogado, pero les permitía a los miembros del cuerpo colegiado manejar efectivo en paralelo a la “dieta”, única remuneración autorizada por la Constitución provincial para los representantes del pueblo. De todas formas, la hipótesis del radical Aráoz -afín al titular del Plan Belgrano, José Cano- es que gran parte de los $ 615 millones que quedaron registrados como “gastos sociales” en realidad fueron a parar a la campaña del oficialismo. En su denuncia, el opositor describió cómo habría sido la maniobra desde su origen. Apuntó contra Alperovich y sus hombres de confianza en Economía, quienes habían concretado una transferencia de $ 570 millones del Tesoro de la Provincia a la Legislatura a través de dos decretos (2.812/3 SH y 2.941 SH) firmados en septiembre de 2015. Aráoz en el planteo que, según los instrumentos oficiales, esa plata estaba destinada a la partida 100 del Poder Legislativo, que se utiliza para pagar sueldos. Sin embargo, añadió que a través de decretos internos, el entonces vicegobernador trasladó esa plata a las cuentas de la partida 500, de donde se extraen los recursos para “ayudas sociales a personas” y otros subsidios parlamentarios.

“Toda la maniobra habría sido urdida y predeterminada para gastar sin control alguno, y en violación a la Ley de Presupuesto, y eventualmente apropiarse (de esos fondos”, afirmó Aráoz. Indicó además que inició una demanda administrativa para acceder a las rendiciones de cuentas, pero que la Legislatura se resiste. Y pidió que se dé lugar al juez de Instrucción de turno para avanzar contra los funcionarios con fueros.

Apuntes del caso

Del banco a la Legislatura.- En noviembre de 2015, LA GACETA reveló la operatoria de “la ruta de las valijas”: un empleado de la Legislatura se apersonaba en el Banco del Tucumán-Grupo Macro y retiraba dinero en valijas (en cada una cabían hasta $ 6 millones) y lo llevaba a la sede parlamentaria. Entre junio, julio y agosto, el monto de extracciones alcanzó los $ 200 millones, según informes bancarios. El presupuesto original de la Legislatura de ese año era de $ 960 millones. Pero en septiembre de 2015, el cuerpo aprobó una ampliación presupuestaria secreta y elevó los recursos totales hasta $ 1.529 millones.

En varios fueros.- Hay varias investigaciones judiciales en curso. Una de las principales tiene como hipótesis la posible evasión impositiva por parte de autoridades y de legisladores de aquella gestión, según la denuncia de Oscar López en la Justicia Federal. Además, Eudoro Aráoz y Luis Brodersen plantearon demandas en el fuero administrativo. Ahora Aráoz llevó el caso a la Justicia Penal local. En ese fuero, el fiscal Claudio Bonari analiza una supuesta malversación, también denunciada por López. Resta ver si el caso impulsado por Aráoz se acumula en ese expediente o si el fiscal de turno, Diego López Avila, inicia una nueva pesquisa.