En declaraciones a RADIO CIUDAD, el referente de la Fundación Encuentro por la Vida, Ramón Vargas, cuestionó el fallo del máximo tribunal que impide que esa ong impulse acciones en defensa del ambiente que pudieran frenar la construcción de un Shopping en Resistencia. Dijo que apelarán ante la Corte Suprema o ante CIDH.
"Quedamos en un limbo judicial en el cual se nos quitan todos los derechos civiles, políticos, humanos, que están garantizados por la Constitución", denunció el referente de la Fundación Encuentro por la Vida: Cultura y Democracia Ambiental, Ramón Vargas. Es la primera reacción al conocerse el fallo del Superior Tribunal de Justicia del Chaco que avaló una medida "anticautelar" que impide, entre otras cosas, que esa organización ambientalista impulse acciones judiciales que pudieran frenar la construcción del Shopping Resistencia Mall, en la zona norte de la capital chaqueña. "Que un poderoso se sienta en situación de vulnerabilidad cautelar significa que no tiene los papeles en regla y que está haciendo las cosas en contra de lo que dictan las normas y en contra de las leyes de la naturaleza también", consideró.
"Eso no nos afecta a nosotros, afecta al conjunto de la justicia del Chaco", reflexionó Vargas. Además, ironizó sobre parte de los fundamentos de la sentencia que consideraron que la empresa de capitales correntinos CESHMA SA -que construye el Shopping en la avenida Sarmiento- se sintió "vulnerable" ante las denuncias públicas y la presentación realizada por la Fundación Encuentro por la Vida ante el Defensor del Pueblo del Chaco, con respecto a que el emprendimiento se iba a realizar en un terreno inundable, sobre el valle de inundación del Río Negro, contra lo que prescribe el Código de Aguas y la resolución 1111 de la APA.
"¿Por qué se sienten vulnerables?", se preguntó el geólogo. Y aseguró: "porque no tenían todos los papeles en regla, esta es la mejor demostración de que no tenían todos los papeles en regla".
Además, Vargas cuestionó que en paralelo a la medida cautelar "innovativa" la empresa de capitales correntinos también impulsó una acción de amparo contra la organización ambientalista que encabeza en la cuál no podrían defenderse. "Es muy interesante la paradoja que se da: a la vez de presentar la cautelar presentan un amparo, también contra nosotros, para que no hagamos nada. Pero nosotros, para poder intervenir en ese amparo, no lo podemos hacer. Porque están diciendo que no podemos realizar acciones u omisiones que perturben e imposibiliten el desarrollo, la construcción y la operación de este emprendimiento", señaló.
"Es tal el absurdo que ya la sentencia de primera instancia había despertado que organizaciones como Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, donde están los doctores (Daniel) Sabsay y (Andrés) Nápoli, que son autoridades en el tema constitucional y ambiental, se presentaron como Amicus curiae. Y no hacen prácticamente referencia en la sentencia del Superior Tribunal a la intervención de estos Amicus curiae", reflexionó el referente de la Fundación Encuentro por la Vida.
La Corte y la CIDH
"En razón de qué están poniendo los derechos de los individuos, garantizados por la Constitución y por las Convenciones Internacionales, por debajo del derecho de propiedad y de comerciar. Y eso no es así", aseguró Vargas. Y advirtió que "no estamos conforme con la decisión como no tendrían que estarlo ninguno de los ciudadanos del Chaco de tener unos jueces que lean la mitad de la biblioteca, sobre todo la que beneficia a los poderosos. Que un poderoso se sienta en situación de vulnerabilidad cautelar significa que no tiene los papeles en regla y que está haciendo las cosas en contra de lo que dictan las normas y en contra de las leyes de la naturaleza también".
Una vez notificados formalmente, el referente de Encuentro por la Vida anticipó que llevarían el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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