En medio de la polémica por la asignación de planes sociales y la participación de organizaciones intermediarias en la entrega de esas ayudas, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto para que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación informe cuántos planes se pagan en nuestra ciudad y si existen convenios con algunos movimientos que participan en la entrega de los mismos.

   La iniciativa había sido presentada por las concejales Juliana Cendra Segura y Soledad Martínez (Juntos) y busca aclarar cómo es  la entrega de esos recursos estatales.

   En los diferentes artículos, las ediles preguntan por la cantidad de planes vigentes en Bahía, el criterio que se utiliza para designar a un beneficiario y si como parte de la selección se exige alguna contraprestación laboral o educativa.

   Además preguntan por los montos de las ayudas y por qué motivos muchas de  las mismas se gestionan a través de organizaciones sociales, las cuales envían a muchos beneficiarios a realizar tareas en merenderos o en otros ámbitos. En tal sentido se preguntan si existe algún convenio que avale esos trabajos.

   También consultan si "existe autorización del Ministerio de Desarrollo Social que habilite a las organizaciones sociales a exigir de los beneficiarios un porcentaje del subsidio que reciben en virtud del plan social, para solventar gastos de administración o de funcionamiento de la organización".

   Días atrás el referente del Polo Obrero en nuestra ciudad, Néstor Conte, le reconoció a La Nueva que en ese movimiento le piden un porcentaje menor a sus beneficiarios para solventar viajes y el alquiler de un local donde se guardan bolsones de comida, entre otras pertenencias.

   En tanto desde la Corriente Clasista y Combativa, su referente, César García, negó que le pidan dinero a sus integrantes o que los obliguen a ir a marchas o actos políticos para mantener el plan, pese a que oyentes de El Mundo a las 8, que se emite por FM Ciudad, denunciaron maniobras de ese tipo dentro de ese movimiento social. 

   Por último pretenden sabe si hay un organismo, dependencia o funcionario que lleve adelante alguna auditoria sobre esos grupos, si rinden cuentas ante el ministerio y forma de evaluación del avance y resultados de la política pública, "tanto en la faz individual de cada beneficiario como de la conveniencia de la tercerización que se dispuso".

  "Son asistencias que se están perpetuando y utilizando como una herramienta para hacer política y esto no es propicio para las personas que lo reciben y para la sociedad en su conjunto", aseguró Soledad Martínez.