“Gestión Fulano 2017”. “Mengano, siempre al lado de la gente”. “Zutano cumple”. Estas remanidas leyendas se observan, de tanto en tanto y con algunas variantes, en bienes del Estado. Y en un año electoral, con cuatro bancas para diputado nacional por Tucumán en juego, la oposición de la Legislatura propuso la prohibición definitiva de ese tipo de propaganda.

En la última semana, por mesa de entradas del edificio de Muñecas 951 pasaron dos proyectos de ley con ese objetivo. “Es una costumbre ver que, tanto sea en inmuebles como en rodados, en los carteles de obras públicas y en las instalaciones municipales se exalte la figura del intendente o delegado comunal que administra (los recursos), olvidando que todos esos bienes son propiedad del Estado, ya sea provincial, municipal o comunal, por consiguiente de toda la comunidad”, plantearon Stella Maris Córdoba, Silvio Bellomío y Christian Rodríguez (bloque Peronismo del Bicentenario), José María Canelada (bloque UCR), y Eduardo Bourlé (bloque Trabajo y Dignidad) en una de las iniciativas.

Luis González (bloque Arturo Illia), por su parte, también impulsó la prohibición de esa clase de propaganda. “El uso de los recursos estatales para la difusión de imágenes partidarias y personales es sólo una de las formas que utilizan quienes están en el poder para tener una ventaja en la competencia electoral”, indicó el ex intendente de Simoca en los fundamentos de su propuesta, que firmó en soledad.

La contienda nacional -con las PASO de agosto y las generales de octubre en el horizonte- asoma en estas propuestas de la oposición, que sin embargo evitó mencionar a quienes llevan adelante esa práctica en Tucumán.

El caso más resonante a nivel nacional se produjo en el municipio bonaerense más extenso, La Matanza, donde la intendenta, Verónica Magario (PJ-FpV), mandó a estampar su nombre y apellido en las puertas de los patrulleros de la Policía Municipal.

En Tucumán esto también ocurre. Tras las últimas inundaciones, por ejemplo, se observó -en al menos una retroexcavadora- la firma del secretario de Saneamiento, Carlos Assán, referente del oficialismo en la capital.

“La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Poder Ciudadano advierten sobre este uso indebido de los fondos públicos para hacer campaña. Consideran (esas organizaciones) que esta práctica constituye un fraude a la ley electoral, ya que se emite por fuera del tiempo legal de campaña audiovisual”, indicó González. El radical consignó que, según aquellas ONG, “se trata además de una campaña desleal, porque da ventaja a unos candidatos sobre otros y utiliza subliminalmente publicidad encubierta”.

Córdoba y sus pares sostuvieron que los ciudadanos “son quienes a través de los impuestos, tasas y contribuciones, aportan para la adquisición y mantenimiento” de los bienes públicos. Y añadieron: “se hizo costumbre que quienes fueron elegidos para la administración de estos bienes, los tomaran como propios”.

Referentes del oficialismo en la Legislatura afirmaron que el tema no está aún en agenda. Sin embargo, hubo quienes se mostraron de acuerdo y no descartaron que los proyectos sean tratados pronto.