Silvia Giacoppo, senadora nacional por Jujuy de Juntos por el Cambio, presentó en la Cámara Alta un proyecto de ley de "Ficha Limpia" que pretende prohibir la precandidatura y la ocupación de cargos públicos de quienes tengan una condena por delitos vinculados al perjuicio del Estado.

Según las palabras de la senadora, el proyecto "tiene por objeto determinar la prohibición para postularse como precandidatos a ocupar cargos públicos en elecciones primarias y generales, cargos públicos electivos nacionales y a cargos partidarios, para todas aquellas personas que fueron sentenciadas por la comisión de delitos penales".

Brasil fue uno de los países en avanzar con esa ley tras los escándalos de corrupción vinculados a Odebrecht y el financiamiento ilegal de la política. En Mendoza, provincia gobernada por el radicalismo, la iniciativa tuvo media sanción de la Legislatura. 

El proyecto llevó también las firmas de los legisladores Pablo Blanco, Julio Cobos, Eduardo Costa, Mario Fiad, Julio Martínez, Stella M. Olalla y Víctor Zimmermann, todos compañeros del interbloque de Giacoppo.

De este modo, "todo aquel que tuviere sentencia firme por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, violación de sellos y documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y prevaricato; como también aquellos con sentencia por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública del Capítulo IV de Estafas y Otras Defraudaciones del Código Penal, no podrán acceder a la calidad de precandidatos en elecciones primarias, generales u ocupar cargos públicos", expresó la funcionaria, según consignó El Parlamentario.

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Y agregó: "Quien ejerce de gestor de las cuestiones políticas no debería beneficiarse bajo un sistema que no exige la rigurosidad que sus cargos merecen. El principio constitucional de igualdad ante la ley debe con mayor razón ser exigido para el ingreso a los cargos públicos, ello en conjunción con el principio general del derecho, de que, quien puede lo más puede lo menos, debe ser aplicado sin concesiones ni descuidos a la gestión del poder".

Para concluir, manifestó que "la sociedad exige no solo gestos sino acciones políticas que demuestren que los servidores públicos tenemos clara conciencia de que el pueblo es soberano y a ellos nos debemos. Las democracias más adelantadas tienen normas éticas y de transparencia hace décadas, convirtiendo la transparencia en una forma de ejercicio del poder y no en una fórmula que se utiliza de manera antojadiza, menoscabando el poder real donde reside la democracia y la República. Es tiempo no solo de adecuar nuestra normativa a los compromisos internacionales asumidos, sino de adecuar nuestra normativa a los compromisos asumidos con nuestros ciudadanos electores".