Por: Octavi Saumell.

La basura sigue sin dar tregua al Ayuntamiento de Tarragona. Dos meses después de que el pasado 16 de marzo el pleno municipal aprobara adjudicar a la empresa GBI Paprec la gestión del nuevo contrato de la limpieza hasta 2032 –por un montante global de 233 millones de euros–, ahora la segunda y la tercera clasificada del concurso público –Urbaser y FCC, respectivamente– piden, por una parte, eliminar a la ganadora y, por otra, anular el proceso administrativo que debe permitir al consistorio renovar un servicio que se adjudicó en 2002, aun con Joan Miquel Nadal (CiU) en la alcaldía de la Plaça de la Font.

Tras dos años de una tortuosa tramitación administrativa, laboral y política, a día de hoy el futuro del mayor contrato de la historia del Ayuntamiento está en vilo, en manos del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Se trata de un organismo autonómico dependiente de la Generalitat, que será el que antes del mes de julio validará o no los recursos presentados a principios de abril por parte de Urbaser y FCC contra la adjudicación a GBI Paprec.

Preguntado al respecto por el Diari, el gigante francés ha declinado la posibilidad de valorar la situación generada. Por su parte, fuentes del gobierno municipal reiteran que, por lo que se refiere a las alegaciones presentadas ante el propio consistorio, «se ha desestimado la parte técnica y administrativa de ambos recursos porque no tienen recorrido. Defendemos el trabajo del Departament de Contractació y de todo el procedimiento de licitación», afirman las mismas fuentes.

GBI: ¿12 puntos menos?

En su escrito, la segunda clasificada del concurso –Urbaser– basa su queja en el hecho de que, a su juicio, la ganadora «introduce en su oferta variantes no permitidas en los pliegos de condiciones», centrándose en dos aspectos concretos: la brigada de control de vegetación espontánea y el taller.

Por lo que se refiere al primer punto, denuncia que la propuesta de GBI «es un 50% menor a lo exigido», un hecho que debería comportar «la exclusión» de la adjudicataria del proceso de licitación porque en el pliego se indicaba que «queda explícitamente prohibida la utilización de variantes en el presente contrato». En este punto, Urbaser considera «sorprendente» que el informe de valoración municipal «intente justificar la variante de GBI».

Urbaser critica que GBI Paprec «externalice el taller» y FCC denuncia «animadversión»

Por lo que se refiere al taller, la segunda clasificada critica que la ganadora optara por «externalizar el servicio de mantenimiento preventivo a talleres oficiales», cuando en el pliego de condiciones técnicas se indicaba que «el adjudicatario pondrá a disposición un equipo técnico de taller», que «trabajará en el parque de maquinaria municipal del contrato» para realizar «el mantenimiento preventivo y correctivo», así como «el transporte de medios materiales que deban llevarse a talleres oficiales», así como «la limpieza». También se detallaba que los recambios de piezas de la maquinaria «serán de piezas oficiales del proveedor».

Por ello, Urbaser lamenta que «la proposición de GBI no solo no fue excluida por la presentación de una variante proscrita en el pliego, sino que ni siquiera fue penalizada por la vulneración de las obligaciones profesionales del personal de taller a subrogar». Este punto también fue denunciado por el comité de empresa de la basura, que ahora forma parte de FCC, que es la prestadora del servicio desde 2002.

Por todo ello, junto a la valoración de aspectos técnicos como la recogida doméstica o el control de impropios en la fracción orgánica, la empresa pide alternativamente que se resten 12 puntos a GBI Paprec, un hecho que permitiría a Urbaser ser la ganadora porque perdió por 10,07 puntos: 166,43 a 156,36.

«Omnipresencia» de una técnica

Por su parte, FCC –que quedó tercera con 152,20 puntos–, centra su recurso en la «animadversión» y la «falta de imparcialidad» de la Cap de Gestió de Serveis Públics del Ayuntamiento de Tarragona, Lidia Bartra, contra la empresa. A su juicio, la trabajadora municipal «está omnipresente» en todas las fases del concurso público pese a «tener un conflicto de intereses» por su pasado en FCC, lo que deriva en «una infracción de los principios de igualdad de trato, transparencia y libre competencia».

«La constante y reiterada participación de Bartra como jefa del órgano que propone la licitación, como redactora de los pliegos, como vocal de la mesa de contratación y como miembro de la comisión de valoración técnica de las ofertas infringe todas las garantías», indica el recurso de FCC, que también cita una sentencia del 10 de enero de este año para justificar una «enemistad manifiesta».

De hecho, la sentencia de la juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Tarragona, Eila Soteras, obligó al Ayuntamiento a devolver un total de 145.747,15 euros a FCC por una multa que el consistorio le interpuso en el año 2019 por dos supuestos incumplimientos contractuales «muy graves» y uno «grave», justificados en base a informes de la Cap de Gestió de Serveis Públics.

En su resolución, según consta en el escrito de FCC, la magistrada exponía que esta persona –Lidia Bartra– había trabajado en FCC en los dos años previos al expediente recurrido y, por eso, «debería haberse abstenido» de la firma del informe. Según la empresa, esta persona formó parte de la plantilla entre enero del año 2013 y abril del 2018, «fecha en que fue objeto de despido disciplinario, interponiendo, posteriormente, demanda contra el Ayuntamiento de Tarragona y FCC solicitando la declaración de la improcedencia del despido». La técnica, por otra parte, interpuso una demanda por cesión ilegal de trabajadores, la cual fue estimada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Tarragona en octubre de 2018.

La sentencia de este enero expuso, asimismo, que «existió una efectiva e incuestionable relación de servicios de la técnica con FCC desde enero de 2013 hasta abril de 2018». En consecuencia, según la juez, existe «una clara situación de conflicto de intereses».

En el recurso, FCC asegura ahora que, entre 2002 y 2018, la empresa no recibió «ninguna» sanción por parte del consistorio, pero recalca que desde la llegada de Bartra ya tiene «cuatro procedimientos judiciales abiertos con intervención decisiva» de la técnica, lo que demostraría «falta de imparcialidad y objetividad».

Finalmente, FCC lamenta en el recurso «graves y relevantes» infracciones durante el concurso público, como se demostraría, a su entender, tras la comisión de «errores, arbitrariedades, incongruencias y falsedades múltiples en las valoraciones, siempre en contra de FCC».