Julia Drangosch. Luego de que desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación aseguraran, en el marco de una jornada organizada por el Colegio de Ingenieros en la ciudad, que “no hace falta una prohibición de mil metros” en relación a la franja establecida para la aplicación de agroquímicos, las organizaciones que nuclean a los ambientalistas cuestionarios las declaraciones de los representantes del Estado: “Quienes hablan en representación del Estado son los que manipulan el alimento”. 

En ese sentido, Lucas Landivar -abogado y uno de los impulsores de la demanda contra el Municipio como consecuencia de la sanción y promulgación de la ordenanza 21.296, que reemplazó en la ciudad a la 18.740- consideró que las palabras de los funcionarios, van en consonancia con las políticas que se llevan adelante, dado que “ellos defienden el sistema agroindustrial porque se ha filtrado en todas las instituciones públicas de control la representación de las grandes empresas”.

“La gente que ocupa las instituciones públicas, el Estado, defiende un sistema que no genera beneficios, solo dependencia internacional”, advirtió el abogado, que reparó en el impacto de este sistema de producción, que no solo tiene consecuencias económicas para el mismo productor en época de baja, sino que además se trata “un negocio que tiene profundos efectos colaterales en el mundo”.

En cuanto a la situación en Mar del Plata, Landivar recordó que actualmente hay una medida cautelar vigente en el Partido de General Pueyrredon, que fue dictada por la Suprema Corte de Justicia, y en la que se establece específicamente la necesidad de que exista una franja de mil metros de distancia en relación a los espacios donde se aplican los agroquímicos y las viviendas, escuelas u espacios habitados. 

“Existen otras formas de producción, mejores, más saludables y que fortalecen otras cosas”, sumó el ambientalista y pidió a las autoridades que tomen en cuenta los estudios y los trabajos elaborados por los profesionales en cuanto al impacto del uso de agroquímicos, para evitar los efectos que no tienen vuelta atrás. “Sino, nos quedamos en que suceden las cosas y después se corrigen con el paso del tiempo, cuando se acredita que tal cosa era perjudicial”, entendió. 

Finalmente, el abogado dijo que, a su parecer, es “lógico” el planteo realizado por las autoridades del Ministerio de Agricultura porque allí “rige la ley empresarial hay mucha gente que está empezando a contrarrestar ese lobby”. “Lamentablemente quienes hablan en representación del Estado son los que manipulan el alimento y ocultan la información”, completó.    

LO QUE DICE LA CAUTELAR VIGENTE

En Mar del Plata desde hace seis meses está vigente una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en relación a la suspensión de los artículos de la ordenanza 21.296 -que regula la aplicación de agroquímicos en General Pueyrredon- y la prohibición, nuevamente, de la fumigación a menos de mil metros en todo el Partido de General Pueryrredon.

Puntualmente, la Corte consideró necesaria la suspensión de los artículos 19, 23, 27 y 28 de la ordenanza 21.296/2013 dictada por la Municipalidad de General Pueyrredon y dispuso que en los aspectos puntuales regidos por las disposiciones normativas cuya suspensión se ordenaba, “se aplicara el régimen anterior previsto en la ordenanza 18.740/2008 y sus modificatorias, hasta tanto se arribara a una solución definitiva acerca de la constitucionalidad de las normas implicadas”.

En cuanto a los pasos a seguir mediante la vía legal, el Municipio ya presentó varias apelaciones, hubo algunas audiencias y todavía resta que se defina la cuestión de fondo, que tiene que ver directamente con la constitucionalidad de ambas normas. De cualquier manera, los ambientalistas y vecinos denunciaron en varias  oportunidades que esta medida no se cumple en su totalidad.