Por Luciana Bertoia.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti deberá tan pronto como se reintegre de las vacaciones responder a un nuevo pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para separarla de la investigación sobre el atentado en su contra. Los abogados de CFK no quieren que Capuchetti siga al frente después de que se conociera que está designada como investigadora en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que depende del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y que funciona como un reducto del PRO en el que se cruzan exfuncionarios, funcionarios, fiscales porteños e incluso algún protagonista de la causa “Gestapo”.

El ISSP es la institución que tiene a su cargo la formación de quienes se integran a la Policía de la Ciudad. Fue creado en 2008 –meses después de que Mauricio Macri llegara a la jefatura de gobierno–. Según surge de información publicada en el Boletín Oficial (BO) porteño, Capuchetti compartiría los claustros con algunas figuras de primer nivel de la alianza Juntos por el Cambio.

De acuerdo con lo que informó el ISSP, Capuchetti se desempeña como docente allí desde 2014. Tres años después pasó a ejercer como investigadora en un observatorio que funciona dentro del ISSP y que tiene como principal función asesorar en materia de seguridad a las autoridades porteñas. Si bien desde la administración de Rodríguez Larreta hacen hincapié en el carácter autárquico del ISSP, es el propio ministro de Justicia y Seguridad quien designa al director del organismo. Por esa razón, entre otras, no sorprendió que Marcelo D’Alessandro consiguiera una designación como docente titular de Seguridad Pública Ciudadana en medio del escándalo de los chats que lo obligó a tomarse una licencia que bautizaron como temporaria.

El exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo fue nombrado en 2021 como profesor asociado de esa misma materia por el actual director del ISSP, Gabriel Unrein. Ritondo –que tiene intenciones de competir en la provincia– es una de las espadas del macrismo en cuestiones de seguridad e inteligencia. Es, de hecho, quien les cuida las espaldas a los dirigentes del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia. La duda es si Ritondo tiene título habilitante para dar clases en el ISSP.

En 2021, la extitular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso fue designada profesora adjunta “B” para dictar un taller que llevaba por título “Construyendo una cultura de integridad”. La idea de la materia era trabajar con los ingresantes a la Policía en valores como la integridad, el respeto a los derechos humanos, la transparencia, la diversidad y el buen trato. Mientras tanto, Alonso usaba sus redes sociales para despotricar contra la cuarentena en plena pandemia. En ese momento, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira denunció que se trataba de una situación de gravedad institucional que alguien que llamaba a incumplir un decreto presidencial estuviera al frente del aula para formar a los integrantes de una fuerza de seguridad. Alonso terminó renunciando a los pocos meses.

Paula Oliveto Lago, diputada de la Coalición Cívica de Elisa “Lilita” Carrió, también fue designada como profesora adjunta “G” de Derecho Penal y Procesal en la actuación de bomberos. En el mismo cargo también nombraron a Cecilia Amigo, la funcionaria que coordina el Plan de Videovigilancia de la Ciudad –que estuvo en el foco de la controversia en los primeros meses del año pasado–. Oliveto terminó salpicada cuando se conocieron los mensajes que le enviaba Marcelo Sebastián D’Alessio. Una de sus últimas intervenciones en redes fue publicar un video en el que se las veía a ella y a Mariana Zuvic abrazarse cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó a CFK en la causa Vialidad.

El ISSP tuvo como docente el año pasado a un protagonista de una de las causas de espionaje, la de la “Gestapo”: Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia de María Eugenia Vidal. Grassi fue uno de los que participó de la reunión del Banco Provincia con empresarios e integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la que se discutió cómo armar causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Cuando ya había sido procesado por su rol en la trama de la “Gestapo”, fue designado para dar la asignatura “Delitos, contravenciones y faltas y sus regímenes. Régimen procesal juvenil”.

En el ISSP, a Unrein, que es fiscal de Cámara de la Ciudad, lo secunda su superior en el Ministerio Público: Juan Bautista Mahiques, actual jefe de los fiscales porteño. Antes, Mahiques se había desempeñado como enlace del Ministerio de Justicia con los tribunales y representante de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura. Es uno de los que viajó a Lago Escondido junto con D’Alessandro.

Como secretario académico está Alan Martín Nessi, que es secretario de fiscalía de Cámara. En los registros del Ministerio Público de la Ciudad figura cuando Germán Garavano lo llevó a trabajar consigo al Ministerio de Justicia. Nessi fue protagonista del escrito de la querella de CFK: la vicepresidenta recordó que se vio envuelto en un escándalo en 2011, cuando concursó para un cargo de fiscal pero terminó entregando las respuestas de un tema que había sido desechado por el jurado. Nessi terminó renunciando al concurso pero se justificó diciendo que le habían repartido mal el tema para tratar de ahuyentar la sospecha de que había ido con el examen hecho.

Entre el staff docente del ISSP están también funcionarios como Guillermo Madero, director ejecutivo del Comité de Seguridad del Fútbol de la Ciudad, o Aníbal Falivene, subsecretario de Seguridad Comunal e Investigación Criminal. También se desempeña allí el fiscal Miguel Kessler.

Los investigadores

En 2012, se creó dentro del ISSP un observatorio en cuya presentación en sociedad participó, entre otros, Vidal. En el observatorio es donde se desempeñaría Capuchetti. Esa función –sostiene el ministro de Justicia, Martín Soria, sería incompatible con la magistratura, ya que los jueces están únicamente facultados para ejercer la docencia con autorización de la Corte–.

En la resolución que designó a Capuchetti como investigadora senior también se encuentra Romina Diago, pareja de Ritondo, y la abogada María Marta Olano, que se presenta como asesora de seguros con Walter Unrein, un concejal de Juntos en Zárate. A Olano y a Walter Unrein se los describe como los “referentes del macrismo” en esa ciudad. En las designaciones se encuentra también el contador Marcelo Rodolfo del Pozo, que es uno de los directivos de Fides Investa –una firma que, según denunció la OA, podría ser un sello usado por Gustavo Arribas, exdirector general de la AFI–.

En la misma oportunidad también fueron nombrados Gastón Pezzuchi –que se dedica al mapeo criminal– y Matías Buenaventura, que es juez al igual que Capuchetti –designado por el presidente Alberto Fernández en el Tribunal Oral Criminal (TOC) 21 de la Ciudad–. Integra la nómina también Diego Bursztyn, quien, además, es docente de la materia “Estrategias comunicacionales en Seguridad Pública” y se desempeñó como vocero de Martín Ocampo. El exfiscal general y exministro de Justicia y Seguridad porteño también es docente en el ISSP, donde dicta una de las asignaturas troncales para los ingresantes.