El martes próximo el oficialismo va a tratar en comisión el proyecto de ley que impulsa la reforma del Ministerio Público Fiscal. Cuando llegue al recinto, en la Cámara de Diputados, el Gobierno tendrá que poner en marcha un mecanismo de negociación para poder sumar voluntades. En esa tarea se embarcará Máximo Kirchner en los próximos días.

Sin el apoyo de Juntos por el Cambio, que ya anticipó que no acompañará el proyecto de ley, el oficialismo tendrá que buscar los votos en los interbloques más pequeños. En especial dos espacios legislativos. El que conduce Eduardo “Bali” Bucca y el que lidera el mendocino José Luis Ramón. El primero tiene 11 legisladores y el segundo 6. Ambos bloques suelen negociar con el oficialismo.

Los diputados José Luis Ramón, Andrés Zottos, Luis Di Giacomo, Diego Horacio Sartori, Eduardo Bali Bucca y Pablo Ansolini

El Frente de Todos primero necesita reunir 129 legisladores para lograr quórum y poder empezar la sesión. Después tendrá que encontrar las manos que logren la mayoría simple. Al día de hoy no las tienen. Para el primer paso, en el oficialismo esperan contar con el apoyo de la Izquierda. Que habiliten el debate, aunque después puedan no acompañar la aprobación.

No sería sólo el caso de la izquierda. Todavía está fresco el recuerdo de una diputada de gran peso en la Cámara y muy crítica del kirchnerismo que sin embargo habilitó la revisión de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi con su voto en el Consejo de la Magistratura. Una iniciativa que formó parte de la ofensiva kirchnerista por una reforma que busca incrementar la injerencia del Ejecutivo y del Legislativo en la Justicia.

Para lograr el segundo paso, conseguir los votos para aprobar el proyecto, hay una serie de legisladores apuntados. Muchos de ellos, hasta el momento, no definieron su postura. Otros ya dejaron trascender que acompañarán la iniciativa del Frente de Todos.

Entre los dirigentes que podrían acompañar el proyecto de ley del Gobierno están Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Andrés Zottos (PJ/ Salta), Eduardo “Bali” Bucca (PJ/ Buenos Aires), José Luis Ramón (Mendoza), Ricardo Welbach (Misiones), Flavia Morales (Misiones), Diego Horacio Sartori (Misiones), Luis Di Giacomo (Río Negro), Pablo Ansaloni (Buenos Aires), Felipe Álvarez (La Rioja) y Antonio Carambia (Santa Cruz).

Del interbloque que conduce Bucca hay legisladores que todavía no definieron su postura. Entre ellos, los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, peronista pero no kirchnerista. Se trata de Paulo Cassineiro, Alejandra Vigo, Carlos Gutiérrez y Claudia Márquez. También el socialista Luis Contigiani y los legisladores que responden a Roberto Lavagna, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini. Además, en ese grupo de indecisos también aparece la diputada tucumana Beatriz Ávila.

Los legisladores Antonio Carambia, Felipe Álvarez, Flavia Morales, Ricardo Welbach y Alma Sapag

La iniciativa propone que la designación del procurador general se realice con una mayoría absoluta del Senado (37 votos sobre los 72 del pleno) en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes (48 si se sientan todos) que rige actualmente, al tiempo que elimina el mandato vitalicio del procurador y lo acota a cinco años.

También otorga a la Comisión Bicameral del Ministerio Público del Congreso -actualmente con mayoría oficialista- la facultad de evaluar la política criminal establecida por el procurador, al tiempo que establece la obligatoriedad de contemplar en ese órgano del Estado la paridad de género y el federalismo.

El proyecto modifica además la integración del tribunal de disciplina que define la remoción de los fiscales, que estará integrado por tres representantes del Congreso, uno del Ejecutivo, otro a elección de los fiscales, uno de los abogados y uno de las universidades nacionales, entre otros puntos.

Ayer, Juntos por el Cambio rechazó apoyar el proyecto de ley y unificó una postura en el inicio de una semana en la que la oposición dará una batalla pública para intentar impedir que la iniciativa oficialista logre llegar al recinto o, en un segundo paso, no sea aprobada en la Cámara de Diputados.