El proyecto tendiente a dotar a Uspallata de un Centro Integral de Servicios para el camionero adyacente al complejo de Afip puso en pie de guerra al transporte de cargas en Mendoza, que lo considera un negocio que incrementará los costos logísticos.

Del otro lado, la Municipalidad de Las Heras, como poder concedente, defiende la adjudicación a la UTE Dorisol-Mercosur Logística Integral junto a EAG, una sociedad de Alfredo Vila, que promete invertir alrededor de $ 23,7 millones y lo administrará por 20 años a cambio del cobro de servicios y del pago de cánon. 

De acuerdo a un convenio, el municipio percibirá un cánon del 5% de los ingresos por la prestación de los servicios en el complejo. De acuerdo a una proyección preliminar, le significarán alrededor de $ 11,5 millones -según Aprocam-, en gran medida provenientes de las tasas que deberán abonar los camiones en concepto de servicios como el pesaje y desinsectación de cargas. 

El complejo empezará a tomar forma sobre ruta Nacional 7, Km 1151, en un predio lindante con el de la AFIP. Y apunta a un viejo déficit en materia de servicios sobre todo ante los cierres temporales del paso fronterizo en invierno, que impiden o retrasan el tránsito hacia y desde Chile.

Ayer, no menos de 50 camiones se ubicaron frente al edificio municipal a la espera de que directivos de Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza) fueran recibidos por el intendente Rubén Miranda o algún funcionario de rango.

La consigna: reclamar contra los servicios obligatorios que se adjudicó a la UTE, que incluyen el pesaje de los camiones, su registro, la desinsectacion que brinda habitualmente Iscamen y el estacionamiento. Y sumarán un costo de más de $ 375 por cada camión en tránsito. 

Cuestión de números

En promedio, unos 500 camiones salen de Mendoza y otro tanto ingresa diariamente, lo que aseguraría el negocio para el concesionario. Así, los cálculos arrojan que, a un flujo constante, el retorno de la inversión comprometida en el Centro Integral se lograría en poco más de 2 meses 

“Es más burocracia: el control de desinsectación ya lo ejerce el SAG chileno en frontera y el pesaje se hace cuando el camión sale. No queremos un canon obligatorio, sino para el que use el predio. Sin duda es un kiosco a favor del concesionario, disfrazado como solución para el transporte cuando no mejora el sistema”, enfatizó el vicepresidente de Aprocam, Andrés Di Césare.

Ayer, ante el ruidoso caravanazo de camiones, el propio intendente de Las Heras, Rubén Miranda se comunicó con el titular del Sindicato de Choferes de Camiones de Mendoza, Rubén Zárate, para tratar de calmar las aguas. Pero la respuesta desde la comuna al reclamo no se hizo esperar. 

Según la secretaria de Hacienda de la comuna, Patricia Di Cataldo “lo que se debe abonar son las tasas por pesada y el tratamiento de la carga. Si el camionero quiere comer y pasar la noche en el lugar es otra situación. El municipio no puede asegurar esos servicios gratis”.

El convenio entre Las Heras y la UTE Dorisol- Mercosur Logística- EAG prevé que, a cambio del cánon del 5%, podrá cobrar $ 103,06 (76 unidades tributarias) como tasa de Iscamen. Y $ 270 (200 UT) por la tasa de cada equipo.

Otro negocio de Vila

La UTE que controla la sociedad de Alfredo Luis Vila fue la única oferente en la licitación convocada, de acuerdo a las afirmaciones de Di Cataldo y Miranda. La vinculación con la familia Vila queda expuesta en el decreto 2985 que le otorga autorización de uso del predio: allí, la dirección para notificar a la firma es Manuel A. Sáez 2421, de Las Heras. La misma de la sede del grupo.

La UTE está habilitada para disponer del lugar desde noviembre de 2014, aunque aún debe obtener la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) y esperar obras de defensa aluvional  de la Dirección de Vialidad antes de iniciar la ejecución, cuyo plazo es de 18 meses.

Al respecto, otro puntal de la protesta fue que desde que empezó a gestarse el proyecto el sector transportista nunca fue consultado para pronunciarse. 

“Los convocamos después de la licitación y antes de la adjudicación para mostrarles el proyecto, que busca un mayor ordenamiento territorial en esa zona de Uspallata, que hoy está complicada. De todos modos, está previsto sobre terrenos fiscales en los que el municipio no puede hacer lo que quiera”, admitió Miranda. 

De todos modos, Aprocam no baja la guardia. Desde la comisión directiva optaron por un impasse de una semana a la espera de alguna salida que consideren propicia, antes de ir a la Justicia.

En tal sentido, Di Césare adelantó que se analizan una acción por inconstitucionalidad ante la Justicia Federal. Y que el sector seguirá en estado de alerta.