Entre las víctimas figuran 32 organizaciones sociales, 16 partidos políticos y 23 sindicatos, todas espiadas en el marco de un año electoral.

Infosur adelantó en su portal web el fin de semana los nombres de dirigentes políticos y sociales, como también las organizaciones de Florencio Varela que aparecieron en la resolución de la causa de Ramos Padilla y que es un verdadero escándalo político con ramificaciones hasta ahora desconocidos. Por eso, llama la atención el marcado mutismo de oficialismo político de Florencio Varela ante los datos difundidos.

A decir verdad, solo llegó a este medio el repudio del Nuevo Encuentro y de la Corriente Clasista y Combativa, dos de las organizaciones que aparecen mencionadas en el espionaje. Nadie más salió a cruzar a la trama ilegal que se investiga en Varela. Los que manifestaron su rechazo en forma personal fueron Darío D´Aquino, Antonio Suárez y Gualberto Ríos, quienes mantuvieron comunicación del caso con la redacción de Infosur. El resto hizo silencio.

Héctor Salatino, una de los mencionados como víctima del espionaje en la resolución judicial señaló a Infosur este jueves al mediodía, que ninguno de sus compañeros del Concejo Deliberante de Florencio Varela se comunicó con él. El dato es llamativo, pues es un verdadero escándalo que se espíe a un concejal y que ninguno de sus pares se solidarice en forma política.

En el marco de la causa del falso abogado Marcelo D’alessio y del escándalo por espionaje político llevado adelante por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, esta semana se dio a conocer que Florencio Varela fue uno de los lugares donde se realizaron estas maniobras ilícitas con el “Proyecto AMBA”, que se replicó en otros distritos del conurbano.

Como se informó, políticos, sindicalistas, referentes sociales y comunitarios, ONG’s y hasta vecinos de a pie aparecen como presuntas víctimas del espionaje durante la elección de medio término del año 2017 en una extensa resolución del Juez Alejo Ramos Padilla al que tuvo acceso Infosur.

De esta manera, en la lista aparecen dirigentes sociales, políticos y gremiales como ser los referentes del Nuevo Encuentro Héctor Salatino y Mariano Camiletti, Marcelo “Pito” Basualdo del Movimiento Evita, Gabriela Lencinas de Barrios de Pie, Faustino Ramírez de la Ctep varelense, Mabel Montenegro de la CCC, Diosnel Pérez del MST y Cristian Miño, titular de la Federación de Cooperativas de Trabajo Unidas de Florencio Varela y referente de peso a nivel nacional de las cooperativas de trabajo.

En esta resolución dictada este jueves, se detalla y expone la actividad de la “Base Quilmes”, una oficina que tenía la AFI. El juez destacó que las 6 bases AMBA instaladas en la provincia de Buenos Aires no funcionaron para aquello para lo que fueron promovidas: “Si bien para el discurso público se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, como veremos, en la práctica se utilizaron casi exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo político”.

En ese contexto aparecen presuntos espionajes sobre locales partidarios de La Cámpora de los barrios La Esmeralda, La Sirena, Centro, Presidente Sarmiento, Villa del Plata, Villa Argentina, Luján, Pico de Oro, Libertad, San Jorge y Zeballos. Incluso aparecen los números de contactos telefónicos de la organización.

En el fallo, Ramos Padilla sostuvo que “a partir del relevamiento de los dos discos rígidos caratulados “D1” y “D2”, se halló una enorme cantidad de documentos producidos por las seis Bases AMBA”.

Entre ellas, aparecen los locales partidarios como los del MST de Tùnes al 700, del Nuevo Encuentro, del Partido Obrero en la calle Progreso, del Movimiento Teresa Rodríguez en el barrio Villa Argentina y sus 14 comedores donde figuran los teléfonos de tres referentes.

En esta causa, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a declaración indagatoria a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por supuestas maniobras de espionaje político ilegal en la provincia de Buenos Aires.

En el mismo fallo, el juez les impuso a Arribas y Majdalani la prohibición de salir del país, les fijó una caución real de 20 millones de pesos a cumplimentar en los próximos tres días y les ordenó la entrega de sus respectivos pasaportes, según consta en el fallo de más de 300 páginas al que accedió Infosur.