Por Dolores Curia

La media sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal hirió de muerte al monotributo social, una posibilidad de estar incluidos en el sistema ecnómico que hasta ahora tienen más de 1,2 millones de personas del sector más desfavorecido de la sociedad. Borrar de la escala al monotributo social significaría la eliminación de una opción de acceso a la formalidad de la que disponen personas con muy bajos ingresos, que trabajan por su cuenta, que cada tanto necesitan emitir una factura pero que no podrían afrontar los costos de permanecer en la categoría A, que es la última. Si esa figura impositiva desaparece, un monotributista social pasaría a pagar un aumento de más del 700 por ciento: de unos 3200 pesos se iría a poco más de 26.000. Lo que implicaría dejarlo llanamente fuera del sistema. El costo presupuestario para las arcas estatales es poco significativo, advierten los expertos: se trata de una nueva decisión ideológica del gobierno libertario que golpea ferozmente el bolsillo de los más humildes.

“La eliminación del monotributo social que propone Milei es tocarle el bolsillo a los más pobres de toda pobreza”. La frase del diputado del Frente Patria Grande Itai Hagman en medio del debate que llevó a la media sanción en la Cámara de Diputados de la Ley Bases y el paquete fiscal, sintetizó lo que ocurrirá si se barre con la categoría de monotributo social. Tras lograr introducir la discusión por este tema esta semana en Diputados, Unión por la Patria, junto al Frente de Izquierda, una parte del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal, obtuvieron una única modificación del texto que aplaza la desaparición del monotributo social por los próximos tres meses, y abre una discusión sobre cómo reemplazarlo. Un universo de más de un millón doscientas mil personas --617.626 titulares, más 585.415 adherentes--, pasarían a estar, directamente, afuera del sistema. 

Uno de los eslabones más débiles se caería del sistema: se quedaría sin obra social (recargando, además, al ya golpeado sistema público) y sin otros apoyos como la Tarjeta Alimentar, descuentos de la tarjeta SUBE, etc.

Si la figura desaparece, un monotributista social sin adherentes pasaría de pagar 3.228,63 pesos a un nuevo monto de 26.600. Lo cual implica un aumento de más del 700%. Un monotributista social con dos adherentes pasaría de pagar 9.684 pesos a 54.200 (un aumento de 460%). “Cabe recordar que se trata de trabajadores con ingresos mensuales que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y a lo mejor no superan los $200.000”, advierte ante la consulta de Página12 Matías Wasserman, economista y miembro del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas.

Más informales

“La eliminación sigue figurando en el texto pero se agrega que la implementación se hará a partir de los 90 días. Espero que en ese tiempo, y vamos a trabajar para eso, tengamos una ley que lo reemplace. Se necesita una categoría por debajo de la A. Si al Gobierno no le gusta el monotributo social, habrá que generar otra figura que cumpla esa función. Esto no tiene un impacto presupuestario considerable. Entonces queda en evidencia que el gobierno lo hace por una cuestión ideológica”, le dijo a este diario el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo sobre la modificación que se consiguió en el debate en comisiones

Para Arroyo, perder la categoría de monotributo social tendría tres consecuencias graves. La primera: llevaría a un aumento de la informalidad. “Porque se trata del primer escalón a la formalidad para personas que facturan cada tanto. Son personas que hacen changas, un cartonero, alguien que realiza artesanías, o que elabora algún tipo de alimentos y cada tanto se los vende a un comercio. Es una persona que no está en condiciones de pasarse a la categoría A y empezar a para 26 mil pesos por mes. No se van a cambiar, se van a ir”.

La segunda: las personas que están dentro del monotributo social además de anotarse para poder facturar lo hacen para acceder a una Obra Social. Entonces, dice Arroyo “eliminarla es dejar fuera del sistema de cobertura a gente que trabaja y vive de su trabajo”.

La tercera es terminar con el efecto promocional. En general, “la persona se anota, el monotributo social le funciona por unos años, empieza a organizarse, empieza a facturar más y sube de categoría. Tiene la función de poder darle aire al que arranca. Son regímenes que existen en cualquier país del mundo con ese fin”. 

Los que no se ven

El monotributo social permite formalizar tipos de trabajo que históricamente estuvieron invisiblizados. Posibilita tener aportes, acceder a microcréditos y programas de apoyo a pequeños emprendedores a sectores que sin él jamás hubieran ni siquiera soñado con derechos económicos básicos.

Se trata se trata de mujeres y jóvenes de los sectores populares. Según informe de 2023 del ReNaTep, de las más de tres millones y medio de personas que están inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras la Economía Popular, el 38 por ciento tienen entre 25 y 35 años. 

Luna Garat Ramos (23) es una de ellas. Es estudiante y usa el monotributo social porque hace trabajos de servicio de enseñanza y cree que sería --tanto para ella como para cualquier trabajador inscripto dentro de la economía popular o en una cooperativa-- imposible acceder de otro modo a aportes jubilatorios y obra social. “El monotributo social, además de los derechos laborales que asegura, también posibilita algunos beneficios en cuanto a servicios, también descuentos en el transporte, algunas tarifas subsidiadas. La mayoría de nosotros solemos trabajar desde nuestras casas o tener otros tipos de trabajo que por diversos motivos no implican una relación de dependencia. Sería un retroceso muy grande, sobre todo en este contexto en el que los precios de todo suben abrumadoramente”, dice Garat Ramos.

Una oportunidad

Esta semana el Gobierno alcanzó dos metas en la Cámara Baja: aprobó holgadamente la ley Bases y la reforma fiscal. En ese marco, obtuvo 146 votos afirmativos, 100 negativos y 1 abstención el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, que incluía modificaciones al monotributo. "Se está por cometer una injusticia muy grande y creo que estamos a tiempo de evitarla. Si se elimina el monotributo social, como está planteado en este título, el régimen de monotributo social, más de 1.200.000 personas quedan automáticamente en la informalidad", advirtió Hagman en el debate.

Tras un cuarto intermedio, se acordó postergar por 90 días la eliminación del monotributo social para que en ese plazo el Gobierno y la oposición negocien una alternativa para incorporar una categoría inferior a la “A” en el régimen simplificado. En esos 90 días, dice Arroyo, “vamos a trabajar, y esperemos que todos lo hagan en serio y rápidamente, para que haya una categoría por debajo de la A y se entienda el problema de las personas que hacen changas y la llevan como pueden y necesitan tener obra social y su facturación".

Bet Hernández está inscripta en el monotributo social desde 2011. Es artista circense y trabaja en eventos familiares, cumpleaños, bautismos. Y a ese tipo de servicios en general los hace en negro “porque si tenés que sumar el costo de impuestos, se encarece mucho y se vuelve difícil de pagar para las personas que en general nos contratan, que son de clase media y clase media baja. Usamos el monotributo social cuando nos contratan de alguna escuela, un municipio, un sindicato, cuando podemos cobrar un poco más por el show de circo. Son realmente pocas veces al año las que necesitamos poder facturar”.

Bet tiene una hija de seis años. Y el Estado está bastante presente en la vida de ambas, o por lo menos hasta hace no tanto lo estaba: recibe la Asignación Universal por Hijo, la tarjeta Alimentar, y tiene subsidios en la factura de luz y en la SUBE. Si tuviera que trasladarse a la categoría A del monotributo, además de no poder pagarlo, también perdería todos esos apoyos indirectos y la obra social. “En el caso de que eliminen en monotributo social, perdería mucho, tendría que además pagar ingresos brutos y a un contador. Imposible para mí. No me quedaría otra opción que la de darme de baja”.

Según los cálculos del economista Matías Wasserman, de aprobarse el título VI del proyecto de “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo, “617.626 titulares serían excluidos de la exención del componente impositivo y de sus aportes previsionales y junto a los 585.415 adherentes (hijos y cónyuges) serían apartados de su obra social, que hoy abonan a un 50%”.

Se trata de uno de los sectores más vulnerables del mundo del trabajo, que ha podido alcanzar un grado mínimo de formalidad. A ellos esta reforma los expulsaría nuevamente a la intemperie absoluta.