Lo aseguró Raúl Zylberzstein, Presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Bs As (FECIBA) en representación de las pequeñas empresas de capitales argentinos. Denuncian que varios funcionarios del Gobierno Nacional violan la Ley Compre Trabajo Argentino Nº 25.551 (más conocida como “Compre Nacional”), importando indebidamente desde el exterior productos que se elaboran en el país.
Evalúan avanzar con las presentaciones judiciales y sumar apoyo legislativo para hacer cumplir la norma y suspender las licitaciones internacionales que harían perder alrededor de 100 mil puestos de trabajo más en los próximos meses.
El “Compre nacional”, establece reglas para priorizar a la industria argentina en las compras que realizan el Estado y las empresas a las que éste les delegó ciertas prestaciones. Esa obligación es algo muy razonable, desde el momento en que las mismas utilizan recursos intangibles del Estado, como las licencias y concesiones que les otorgaron con exclusividad para explotar determinados servicios. Así, el espíritu de esta ley indica que los organismos contratantes deben facilitar la compra de productos de industria argentina.
Sin embargo, el dirigente expresó que “se viola sistemáticamente esa norma, dando señales equívocas para la inversión productiva en la Argentina” y lo argumentó observando que, “por un lado, el Gobierno apoya la Ley para la integración de autopartes, pero, por el otro, no lo predica en sus propias acciones; ya que, por ejemplo, adquirió los flamantes billetes de 500 pesos en el exterior, y prevé importar medicamentos, quitado el trato preferencial a los laboratorios nacionales de cara a la licitación del plan Remediar, entre muchas otras compras”.
En el primer punto, el hombre de las pymes recordó que “la Casa de la Moneda, desde la anterior administración de Katya Daura, compraba en el exterior las tintas para la impresión de billetes, pudiéndose producir localmente con la misma calidad y a un precio mucho más bajo” pero denunció que “en la gestión actual, el Banco Central profundizó aún más el desprecio local, ya que los nuevos billetes con el flamante Jaguareté de 500 pesos no sólo no llevan tintas argentinas, sino que directamente se imprimieron en Francia, teniendo el Estado capacidad de producción en la propia Casa de la Moneda”.
En el caso de los remedios, con el mencionado programa estatal, el Gobierno distribuye medicamentos en forma gratuita a las millones de personas que no tienen cobertura médica. Hasta ahora, los productores nacionales siempre habían tenido prioridad como proveedores, pero este año, con la excusa de bajar los precios, el Ministerio de Salud llamará a una licitación ilegal de la que podrán participar en igualdad de condiciones empresas nacionales y extranjeras.
De ese modo, Zylberzstein consideró que “acusando a los laboratorios de cartelizarse y aumentar los precios, el Macrismo decide no fomentar las compras en Argentina, en lugar de asegurarse una licitación transparente, donde las pequeñas y medianas empresas tengan la posibilidad de ofertar libremente, mejorando la competitividad en el mercado interno por productividad y por inversión, con un mercado asegurado”. A su vez, el planteo de los pequeños laboratorios nacionales es que con la modificación se los coloca en un lugar de desventaja porque “habrá competencia con empresas que reciben subsidios directos e indirectos en sus países de origen".
Además, el referente de las pymes locales afirma, incluso, que “la decisión también desoye la Ley Nacional de Medicamentos (Nº 16.463) porque el Ministerio de Salud ahora podría adquirir productos sin registro sanitario en la Argentina, fabricados o importados por laboratorios no habilitados para operar en el país”. Eso es algo totalmente opuesto a lo que ocurre en el resto del mundo, donde el dirigente reconoció que ”para poder exportar medicamentos se deben sortear un sinfín de trámites, permisos y todo tipo de obstáculos burocráticos que se han diseñado para preservar sus industrias”.
El Compre Nacional supone una herramienta fundamental para impulsar la reindustrialización del país. Su vigencia se demuestra claramente en el ámbito internacional, dado que leyes similares existen y se cumplen en EE.UU, Canadá, Japón y México, por las preferencias que otorgan a sus industrias, y en otros países como Italia y Brasil, donde el privilegio a la industria nacional está contemplada directamente en sus constituciones nacionales. Sobre ese punto, Zylberzstein afirmó que “Argentina va a contramano del mundo y atrasa 20 años en materia de globalización” porque expresó que “mientras la Unión Europea y la Alianza del Pacífico cuestionan los tratados de libre comercio y avanzan sobre legislaciones proteccionistas, y mientras los candidatos presidenciales de EEUU dicen que están en contra del Tratado Transpacífico (H. Clinton) o que deberían tasar fuertemente los productos de China porque destruyen el trabajo de los americanos (D. Trump), nuestro país fomenta las importaciones a gran escala”.
Al respecto, el dirigente demostró que su reclamo no queda sólo en palabras y adelantó que buscarán ampliar los recursos judiciales para hacer cumplir las leyes y proteger la industria argentina, pero también anticipó que solicitarán a todos los bloques del Congreso Nacional, inclusive al oficialista, por ser representantes del pueblo, “que hagan efectivo un pedido de informes sobre la decisión gubernamental de varios funcionarios del Ejecutivo, de quitarle beneficios a las empresas nacionales”.
Esas objeciones no son un dato menor si se tiene en cuenta que la Federación que preside (FECIBA) incluye entre sus adherentes a los pequeños y medianos laboratorios farmacéuticos de capitales argentinos agrupados en COOPERALA, conformada por un grupo de importantes empresas, que en conjunto representan aproximadamente el 20 % del mercado de medicamentos y productos farmacéuticos de la Argentina y emplean (directa o indirectamente) alrededor de 5.000 personas. Dicha Cámara ya interpuso un reclamo judicial administrativo ante el Ministerio de Salud de la Nación solicitando que se suspenda en forma inmediata la licitación pública internacional de medicamentos, sosteniendo “una defensa de los intereses legítimos del sector representado”. Cabe destacar que la industria farmacéutica es la principal industria de la Ciudad de Buenos Aires, altamente productiva, con inversión tecnológica y lejos de contaminar, ya que purifican el aire para sus plantas.
A nivel general, Zylberzstein manifestó su malestar por las decisiones estatales, ya que considera que “achican ostensiblemente las oportunidades de los pequeños productores nacionales y van en claro detrimento de los puestos de trabajo en un contexto de crisis y recesión, llevando a muchas pymes prácticamente a cerrar sus puertas en el corto plazo”.
Para el especialista, el panorama también es oscuro en las grandes empresas y lo ejemplificó destacando que “se venden menos coches pero, a pesar de ello, las automotrices aumentaron en un 23,7 % sus importaciones”, algo que señaló que “no se puede explicar sin pensar en una rápida desindustrialización”.
A su vez, sostuvo que “la falta de vocación por cumplir con la ley tiene consecuencias importantes sobre toda la sociedad, porque el desarrollo del país no se evidencia sólo en la acumulación de capital físico, sino también en el apoyo estatal sobre el desarrollo de los conocimientos, experiencia, creatividad y capacidad de decisión de sus profesionales y técnicos”.
Finalmente, Raúl Zylberzstein dijo que espera que “el Estado de marcha atrás con las políticas de libre comercio y se abra el debate a las cámaras y gremios de todos los sectores, para comenzar a hacer cumplir la ley que lo obliga a priorizar las compras a proveedores nacionales, en lugar de amenazarlos y ponerlos en jaque, para que las inversiones sean de los propios argentinos y no sea necesario salir a buscar inversiones de afuera a cualquier precio”.
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