Por Eugenia Muzio

La suba de la tasa de interés para absorber los pesos que circulan en la economía está tensando la relación entre Sergio Massa y las pymes, que sostienen que es imposible asumir los costos de un crédito productivo. A esa dificultad se suma el vencimiento de las tasas fijas en las moratorias, que en algunos casos hasta triplicó las cuotas de los préstamos. Es una herencia de la pandemia y de Martín Guzmán. Las empresas le piden al ministro de Economía un gesto político para sacarlas de la encerrona.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la entidad que dirige Mario Grinman, envió una nota directa al titular de la cartera económica en la que pide auxilio y advierte sobre una ola de incumplimientos, por parte de las pequeñas y medianas empresas, de los planes de pago inscriptos bajo la Ley 27653 de alivio fiscal, sancionada en noviembre de 2021, durante la emergencia sanitaria, con el fin de sostener a las pymes endeudadas.

Estos planes de facilidades de pago establecieron una tasa de financiación del 1,5% mensual para los 12 primeros meses (abril 2022 a marzo 2023). A partir del 17 de abril, ese porcentaje de interés pasó a ser variable y atado a BADLAR de los bancos privados vigente hasta el día 20 del mes inmediato anterior al inicio del semestre que corresponda.

Tras los recientes ajustes del Banco Central, la tasa vigente es del 87,5% nominal anual, que implica una cifra mensual nominal del 7,3%. El tributarista Sebastián Domínguez explicó que “las cuotas de los planes de 120 cuotas aumentan un 285% aproximadamente y las de menor cantidad de cuotas también sufrirán aumentos importantes”. Además, apuntó que corresponde al Gobierno “fijar tasas más bajas para no asfixiar a las pymes” en una situación económica crítica.

En un comunicado, la CAC alertó: “El incumplimiento sobreviniente ocasionará a breve plazo la caducidad de los planes de pago y sujetará a estas empresas a la aplicación de medidas cautelares por la AFIP en cumplimiento de sus obligaciones legales, pero con grave riesgo para la continuidad empresaria y el empleo de gran cantidad de trabajadores formales, agravando el traslado al sector informal de la economía”.

“Obliga a adoptar prontamente una medida para que las firmas que sobrevivieron a la pandemia no se vean ahora forzadas a cerrar sus puertas”, pidió la entidad de empresarios del comercio.

En diálogo con Letra P, el vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alberto Kahale, acompañó el pedido y afirmó que el Gobierno “sabe que el que refinanció tiene vencimientos imposibles de cumplir". A nadie le conviene que cierre el comercio y la voluntad se ve, pero no tienen herramientas porque les faltan dólares y, para buscarlos, van siempre al mismo zoológico donde estamos nosotros”.

El presidente de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, apuntó también al problema que supone la tasa actual para tomar nuevos créditos, hoy en 74,50% para inversiones y 86,50% para financiamiento de capital de trabajo. “Están en niveles intomables incluso reconociendo el esfuerzo del Estado, sobre todo en la banca pública. Para el caso de las moratorias, está muy bien hacer el planteo, pero veo difícil que el Gobierno lo acepte”.

Fuentes de la AFIP cuestionaron la exigencia privada. “¿Los contadores de las empresas no leen que la ley traía incluida la tasa variable? ¿Las cámaras dijeron nada en aquel momento y ahora se dieron cuenta?”, se quejaron. Entre las distintas cifras, las entidades que aglutinan a las firmas aseguran que una tasa alrededor del 60% nominal para el pago de las cuotas de las deudas tendría una mayor adhesión.