Una delegación de auditores del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a Buenos Aires para investigar el multimillonario préstamo que el organismo le otorgó a Mauricio Macri en 2018. Lo hizo sin mediar anuncios y comenzó una serie de reuniones con economistas y exfuncionarios de los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández. La comitiva en cuestión busca dilucidar si la adjudicación e implementación de dicho programa cumplió con los requisitos que estipula el estatuto del FMI.

Los enviados forman parte de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI), una dependencia que al menos en los papeles funciona de manera autónoma al staff técnico del organismo. La visita estaba pautada originalmente para noviembre pasado, pero se pospuso cuando se conoció el triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial.

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La investigación forma parte de un trabajo más amplio de la OEI sobre los últimos programas de acceso excepcional otorgados por el Fondo. Se trata de los que, por su abultado monto, superan las cuotas máximas que tiene asignadas cada país. Entre ellos, la dependencia eligió abordar tres casos: el de Argentina (que resultó ser el préstamo más grande de la historia del organismo), el de Ecuador y el de Egipto (estos últimos dos suscriptos en 2020, el año de la pandemia). Según supo Ámbito, se prevé que la evaluación esté terminada para fines de este año.

De acuerdo con un documento de la OEI al que accedió este medio, la investigación se sustenta en lo siguiente: “La política de acceso excepcional fue invocada ampliamente durante 2002–2022, lo que permitió al Fondo desplegar apoyo financiero en gran escala a miembros en circunstancias difíciles. El uso del PAE fue particularmente pronunciado después de la crisis financiera mundial y durante la crisis de la zona del euro. Durante 2016-2022, el uso del PAE disminuyó y contó con solo seis acuerdos, aunque estos incluyeron acuerdos sin precedentes con Argentina”. Además, la oficina plantea que de los 38 acuerdos de acceso excepcional otorgados en esa ventana de 20 años el 55% “descarriló”.

La comitiva comenzó a reunirse con economistas y exfuncionarios. Excepto el encuentro que mantuvo con Martín Guzmán, el primer ministro de Economía de Alberto Fernández, no trascendió ninguno de los otros mitines. En el Fondo evitaron dar precisiones sobre su agenda de reuniones. Por lo pronto, la principal expectativa está puesta en que se concreten reuniones con el equipo económico de Macri, implicado en la toma de aquella deuda. El préstamo era originalmente de u$s50.000 millones, luego se amplió a u$s56.000 millones y finalmente se desembolsaron alrededor de u$s45.000 millones.

Los firmantes por el lado argentino fueron los entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Este último sigue siendo protagonista en la actualidad: es asesor de Milei y fue el principal autor tanto del DNU 70/2023 como de la ley ómnibus. También tuvo un rol preponderante el actual jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien al momento de la firma encabezaba el Ministerio de Finanzas y poco tiempo después reemplazó a Sturzenegger en el BCRA, pero terminó por abandonar la gestión justamente por los cortocircuitos que tuvo con el staff del Fondo.

Punto por punto: qué evaluará el FMI

Si hubo un programa que fue excepcional en la historia del FMI, ese fue el que consiguió Macri. El monto otorgado superó en más de 1.200% la cuota del país. Justamente se investiga si esa adjudicación estuvo justificada en base a los requisitos que establece la normativa interna del organismo. Se trata de una cuestión clave ya que existe la denuncia por parte del peronismo de que, en realidad, se trató de un préstamo político impulsado por el gobierno de Donald Trump, quien habría hecho pesar el poderío de Estados Unidos en el Directorio del Fondo. Algo que se sustenta, entre otras cuestiones, en las declaraciones al respecto que hiciera años atrás Mauricio Claver-Carone, exrepresentante de EE.UU. en el Board.

En concreto, la OEI se enfocará en evaluar cuatro criterios que deberían cumplirse para un crédito de estas características: que el país solicitante, en este caso Argentina, enfrentara una crisis de balanza de pagos; que la deuda fuera considerada sostenible a mediano plazo, es decir, que tuviera un problema de liquidez de corto plazo; que tuviera perspectivas de retorno a los mercados de capitales para hacer frente al repago del préstamo; y que el programa tuviera posibilidades de éxito, entre otras cuestiones por la existencia de un respaldo político hacia el acuerdo.

Según el documento de la OEI al que accedió este medio, el trabajo de los auditores “abarcará el contexto en el que se diseñó el acuerdo, la eficacia con la que el Fondo manejó este caso (con especial atención en la implementación del programa de acceso excepcional) y los resultados del acuerdo” entre el organismo y Argentina.

Guzmán, quien hizo público su encuentro con la comitiva a través de su cuenta de X, planteó que de los cuatro criterios en cuestión el programa incumplió tres. Uno de ellos, era la sostenibilidad de la deuda: el exministro les planteó a los auditores que el hecho de que se avalara el argumento del macrismo de que el problema era de liquidez por “el temor del mercado al kirchnerismo” implicó “prestar para favorecer las chances del gobierno de Macri”.

Según Guzmán, tampoco se cumplió los criterios de perspectiva de acceso al mercado de crédito y de presencia de apoyo político al programa. Por caso, el peronismo (principal fuerza opositora en aquel entonces) se oponía al acuerdo y el mismo no se trató en el Congreso.

Además, remarcó que el endeudamiento con el Fondo “se usó para evitar reestructurar deuda externa insostenible y financiar la salida de Argentina de los capitales que vinieron a especular en la era Macri-Caputo-Sturzenegger (2015-2018)”.

Las preguntas para los exfuncionarios

Según pudo saber Ámbito, la OEI elaboró 19 preguntas para plantear en los encuentros en el marco de la investigación. Para el caso argentino, definió que se enfocaría principalmente en 12 de ellas. ¿Cuáles son?

Las primeras tres versan sobre el diseño del programa:

¿Ha sido sistemáticamente diferente el diseño de programas en los casos de acceso excepcional del diseño de programas en los casos de acceso normal? En caso afirmativo, ¿estaban las diferencias justificadas por los objetivos del programa de acceso excepcional?¿Cómo influyeron en la coherencia y la eficacia del programa de acceso excepcional las similitudes/diferencias en el diseño del programa entre los casos? El análisis incluirá (i) la combinación de financiamiento y ajuste, (ii) el reparto de la carga de las necesidades de financiamiento entre el Fondo, otros acreedores oficiales (incluidos los acuerdos financieros regionales) y el sector privado, (iii) la medida en que el financiamiento se utilizó para apoyo presupuestario, (iv) el escalonamiento del financiamiento y el ajuste, (v) el diagnóstico del FMI (incluidos supuestos y pronósticos), recomendaciones clave y condicionalidad sobre el ajuste macro, la flexibilidad del tipo de cambio y las reformas estructurales, y (vi ) la gestión de las desviaciones de los objetivos del programa y el desarrollo ex ante de planes de contingencia.¿Qué tan bien identificó la vigilancia las vulnerabilidades en los respectivos países durante el período previo a las crisis? ¿Con qué eficacia respondió el diseño del programa a esas vulnerabilidades en el marco del PAE?

Luego, hay una consulta sobre el criterio utilizado para decidir el acceso excepcional:

¿Los criterios del acceso excepcional fueron adecuados para su propósito en la práctica, funcionaron según lo previsto y fueron evaluados con suficiente rigor e imparcialidad? ¿Las herramientas y metodologías utilizadas para evaluar los respectivos criterios (incluida la sostenibilidad de la deuda) fueron adecuadas para su propósito?

A eso agregó dos preguntas sobre el procedimiento de toma de decisión, que resultan claves para determinar si efectivamente hubo una motivación estrictamente política detrás del préstamo:

¿Fueron los procedimientos de toma de decisiones y el proceso de revisión interna adecuados para su propósito en la práctica? ¿Se siguieron los procedimientos con suficiente rigor e imparcialidad? ¿Trabajaron según lo previsto para permitir que la Junta, la Administración y el personal (departamentos de área y de revisión) desempeñaran eficazmente sus respectivas funciones?¿Cómo se integraron los análisis técnicos y las consideraciones políticas en la toma de decisiones crediticias? ¿Fueron adecuados los procesos formales e informales de creación de consenso, tanto dentro del FMI como con las autoridades de los países, para decidir la estrategia a implementar en cada caso?

Finalmente, hay seis consultas sobre la efectividad y los resultados del programa:

¿Cumplió la experiencia con el acuerdo de acceso excepcional los objetivos claves (moldear las expectativas, proporcionar un punto de referencia para el diseño y el acceso a los programas, proteger los recursos del Fondo y garantizar la uniformidad del tratamiento), tanto para los países como para el fondo? ¿Cuán eficaz fue el programa de acceso excepcional respecto de otras preocupaciones iniciales, incluidos los efectos del financiamiento excepcional sobre el riesgo moral, el papel catalizador del Fondo y su condición de acreedor preferente? ¿Cómo se compara la experiencia de 2016-2022 con la experiencia anterior de acceso excepcional, teniendo en cuenta las modificaciones a la política?¿Cuáles fueron los principales obstáculos para la implementación?¿Los países con necesidades excepcionalmente grandes en la balanza de pagos generalmente buscan acceso excepcional? ¿Qué factores influyeron en la demanda de acceso excepcional de los miembros?¿Qué tan bien se desempeñó el FMI en los casos de acceso excepcional, particularmente en términos de velocidad de reacción desde el inicio de las crisis, idoneidad de los niveles de acceso otorgados y efecto catalizador del financiamiento del Fondo?Desde una perspectiva de gestión de riesgos empresariales, ¿qué riesgos residuales revelan para el Fondo el programa de acceso excepcional y su aplicación, y cómo puede la institución mitigar (o aceptar) mejor los riesgos respectivos? ¿Cómo reflejaron las decisiones sobre acceso excepcional la tolerancia al riesgo del Fondo, explícita o implícitamente?En general, ¿qué aspectos de la implementación del programa de acceso excepcional funcionaron bien o mal, desde la perspectiva de las diversas partes interesadas, incluidas las autoridades de los países, el personal del Fondo, los miembros del Directorio y la Administración, y terceros, incluidos otros miembros, el sector privado, otras instituciones financieras internacionales, organizaciones de la sociedad civil, expertos y el mundo académico?