Por Ramiro Melucci

–Para mí no se va a hacer. No veo la forma en que se haga.

Guillermo Montenegro le había dado el último sorbo al café sin caer en la tentación de probar las medialunas que poblaban la mesa. Fue entonces cuando le preguntaron informalmente a uno de sus colaboradores más cercanos sobre el proyecto de explotación petrolera y se despachó con esa respuesta. Cuando su interlocutor quiso saber el motivo de tal presunción –que va mucho más allá de la instancia judicial contra la resolución del Ministerio de Ambiente de la Nación–, el funcionario desechó los tecnicismos:

–Porque cuando las petroleras quieran avanzar la gente va a putear. No las van a dejar.

Acaso porque advirtió algunas expresiones de sorpresa en los rostros de sus invitados, se vio en la necesidad de argumentar. Lo hizo con números: dijo que el 80% de los marplatenses está en contra de la exploración offshore. Por eso en el municipio creen íntimamente que la falta de consenso social, hija en gran parte de la pésima comunicación del Gobierno nacional, es a esta altura irremontable.

Esas percepciones fueron comentadas sin micrófonos ni grabadores a la vista el viernes 4. Una semana después, casi a la misma hora y mientras oficiaba de anfitrión en el foro de intendentes del PRO, Montenegro saboreó el plato que estaba esperando: la Justicia ordenó la suspensión del proyecto de exploración sísmica a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata. En el café de Colón y la costa en que deliberaban los alcaldes amarillos hasta se percibía cierto aroma a revancha: entre los invitados estaba el intendente de Capitán Sarmiento y ex ministro de Energía de Mauricio Macri, Javier Iguacel, que dos semanas antes lo había desafiado en público durante una conferencia de prensa junto a la titular del PRO, Patricia Bullrich.

Las tensiones perduran. Mientras el intendente celebraba el viernes la decisión del Juzgado Federal 2, Iguacel, ingeniero petrolero de profesión, insistía ante los medios en la defensa del proyecto y argumentaba que solo el desconocimiento podía explicar los miedos a que un derrame afecte las playas.

Al anunciar que la cautelar será apelada, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, ofreció por su parte otro razonamiento que el jefe comunal no comparte: que la exploración y la producción offshore genera trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere.

En el café en que deliberaban los alcaldes hasta se percibía un aroma a revancha: entre los invitados estaba Javier Iguacel, que dos semanas antes había desafiado a Montenegro. 

Montenegro disfrutó el punto judicial al término de una semana en que otros dos debates claves para Mar del Plata caldeaban el ambiente. Uno de alcance nacional: el de los subsidios al transporte. Otro de alto impacto local: el de las fotomultas.

Que los medios nacionales hablen de la discriminación que sufren las ciudades del interior en el reparto de subsidios solo puede ser una buena noticia para Mar del Plata. Para el intendente hubiera sido conveniente que esa discusión no se inscribiera en el enfrentamiento del Gobierno nacional con Horacio Rodríguez Larreta, pero de todos modos le dio la bienvenida. “Es fantástico que algo que solo se hablaba acá y en las ciudades del interior ya se hable en todos lados”, celebraron en su mesa chica.

Mientras en el distrito el boleto plano cuesta $ 59,90, en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense el mínimo se paga $ 18. La explicación es simple: el área metropolitana recibe el 84% del monto de los subsidios nacionales y el resto apenas el 16%.

Los porcentajes figuran entre los argumentos que esgrimieron a principios de mes los intendentes de las capitales de Córdoba y Santa Fe y de Rosario cuando, en una movida conjunta, reclamaron un boleto federal a $ 18.

En el gobierno local comparten los criterios, pero no el formato que adquirió la discusión. “Acá el tema no es solo CABA. Hay que hablar de todo el AMBA”, proponen. De allí la “revisión integral” de los subsidios que reclamó Montenegro, a pesar de que cuando lo hacía tenía a su lado a tres intendentes del área metropolitana beneficiados en el reparto: Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero).

Apenas se reinstaló la controversia, Acción Marplatense retomó su libreto de los últimos dos años: le pidió al intendente y a la líder del Frente de Todos local, Fernanda Raverta, que realicen gestiones para que se equiparen los subsidios.

Aunque entre los diputados que no votaron el presupuesto nacional estuvo Florencio Randazzo, aliado de Gustavo Pulti en las últimas elecciones, AM recordó que el cálculo de recursos del gobierno de Alberto Fernández prometía un principio de solución: contenía un aumento del 70% en el monto de los subsidios al transporte del interior. Pero la falta de aprobación “dejó congelada esa partida en $ 28 mil millones”, lamentó el presidente del bloque, Horacio Taccone. De todos modos, a cambio del apoyo de las provincias la Casa Rosada prometió que se ejecutarán los $ 46 millones presupuestados.

“Acá el tema no es solo CABA. Hay que hablar de todo el AMBA”, proponen en el municipio. De allí la “revisión integral” de los subsidios que reclamó Montenegro.

Lo que hagan o dejen de hacer los concejales de Pulti empieza a ser observado con cada vez mayor detenimiento en la política doméstica. La condición de bloque decisivo para la sanción de los proyectos oficiales más delicados hace que cada frase conlleve una exégesis. Ni las suspicacias que se generaron en torno a la ausencia de Nicolás Lauría al momento de votar el regreso a comisión el convenio con la Universidad de San Martín modifica esa lógica. Porque fueron solo eso: suspicacias.

A las pocas horas de la votación, que había generado inquietud hasta en la presidenta del bloque del Frente de Todos, Marina Santoro, Lauría participó a cuatro cuadras de la Municipalidad de una reunión con Pablo Obeid, el senador que diagrama la estrategia kirchnerista en Mar del Plata. Allí se confirmó que el ex basquetbolista continúa en la trinchera opositora, acaso más cerca del Frente de Todos que de su propio compañero de bloque en Crear Juntos, Alejandro Carrancio. Ergo: el interbloque de Juntos por el Cambio en el Concejo sigue contando con 11 ediles sobre 24 y el intendente mantiene su dependencia de Pulti para lograr la mayoría.

Con eso en claro, el gran interrogante que abrió la última sesión no alude a Lauría, sino a Acción Marplatense. Mientras Santoro y Carrancio adelantaron que no votarán el convenio de las fotomultas (lo que confirma la hipótesis de que en la Comisión de Educación el expediente la iba a pasar mal), Taccone ensayó una diagonal. “No nos gusta. No nos entusiasma ni un poquito”, lanzó. Y enseguida agregó: “Así como está no lo vamos a acompañar. Solo tenemos objeciones”.

Por más de que el “así como está” suene a posibilidad de revisión de la postura durante el tratamiento en comisiones, daría la sensación de que el poder de persuasión del gobierno local deberá afianzarse más que nunca si no quiere sufrir, como el año pasado con el pliego del transporte, otro clamoroso traspié legislativo.