Luego de que la Justicia haya iniciado una causa por posible incumplimiento de deberes de funcionario público contra el director de Movilidad Urbana, Guillermo Iglesias, y subsecretario de Control, Adrián Alveolite, en el marco del caso de las licencias truchas, el intendente Gustavo Pulti defendió ayer el accionar de su gobierno y dijo que le “parece bien” que se profundice la investigación. 

De todas maneras, y luego de que los investigadores criticaran la auditoría por estar incompleta, el jefe comunal buscó ahora minimizar su valor cuando fue desde el inicio de la causa la principal herramienta con la que intentó demostrar su “compromiso”.

“La investigación tiene que ir a fondo. No hay que dejar títere con cabeza ni basura bajo la alfombra, en ningún caso”, dijo Pulti en primera instancia al ser consultado por la causa que se inició formalmente el lunes pasado en el marco de la confirmación de que la licencia de Lucas Carnero, el joven que atropelló y mató al policía Fabián Mendiola, poseía una de las licencias truchas.

Luego, cuando se le preguntó por su impresión ante la investigación contra dos de sus funcionarios, respondió: “Felicitaciones, nos parece bien. No nos gustaría que alguien piense que hay algún tipo de indiferencia o de actitud permisiva. Nuestro gobierno que es un gobierno que hace cosas, honrado, con proyectos agradece la exigencia rigurosa de todos los procedimientos de control que se quieran aplicar porque nuestro objetivo es ese”.  

LA AUDITORÍA

“La auditoría realizada, su método y su seriedad ponen en dudas el resultado final de la misma”. Ese fue uno de los conceptos que los investigadores introdujeron en la formación de la causa contra los funcionarios. Así hicieron referencia a la principal estrategia adoptada por el gobierno a la hora de presentar públicamente el tema, que fue haber realizado una auditoría para colaborar a fondo con la Justicia.

A partir de ese cuestionamiento, y ante la consulta, Pulti intentó relativizar el valor de esa auditoría. “Soy graduado en Ciencias Económicas, y una de las últimas materias que se estudia es la auditoría. Y la auditoría justamente se diferencia de lo que es un censo en que se practica por muestreos. Una auditoria no se practica revisando todos los casos, se hacen muestreos, sostuvo.

Asimismo, defendió que ese procedimiento “se hizo para demostrar y ratificar que había irregularidades y eso fue nuestro aporte a la Justicia”. De esa manera, afirmó que “la revisión caso por caso es la que tiene que hacer la Justicia y si encuentran más casos todo tiene que ser dicho”.  

REVOCACIÓN DE LICENCIAS

Los investigadores que formaron la causa concluyeron prima facie en que ambos funcionarios habrían incumplido con las obligaciones y deberes impuestos a su cargo “al no haber adoptado medida positiva alguna desde la faz administrativa tendiente a revocar las 7031 habilitaciones para conducir de vehículos automotores que habrían sido otorgadas en forma irregular” y que figuraban en la auditoría.

La respuesta de Pulti a ello fue que “se actuó en una enorme cantidad de casos”, aunque no detalló cuántas, y dujo que “quizás siga llevando más tiempo también terminar de revisarlos porque eso ha estado funcionando mucho tiempo”.     

LA BANDA DE LAS LICENCIAS 

El caso de las licencias truchas se conoció el año pasado cuando la Justicia desbarató a una banda liderada por el titular del área. Se supo que se trataba de al menos 25 personas de las cuales 18 eran empleados municipales, algunos funcionarios de carrera. La investigación determinó que se trataba de una asociación ilícita que funcionaba como una dependencia del área en una estación de servicio cercana a El Gaucho donde realizaban los trámites ilegales. A través de las escuchas telefónicas se pudo establecer que no solo otorgaban licencias a conductores que tenían infracciones de tránsito pendientes sino que en algunos casos se habilitó a personas que no contaban con la aprobación psicofísica.