Un viejo sofisma, aplicado a distintos órdenes del quehacer de la especie humana, asegura que "el pez grande se come al más chico". El poder de los fuertes sobre los débiles, según teorías antropológicas en permanente revisión.

En Avellaneda, más concretamente en el puerto de Dock Sud, se replica este concepto, en el que las grandes empresas -muchas de ellas con capitales multinacionales- sacan provecho de su influencia y su capacidad de incidir sobre las decisiones de inexpertos funcionarios. Y de su billetera, claro.

Algo de esto ocurre en el convulsionado Puerto de Dock Sud, en el que un gigante de los combustibles parece hacer y deshacer a su antojo ante la pasividad de su delegado, el expolicía Alejandro Semmartin, y de las autoridades provinciales: el Subsecretario de Puertos bonaerense, Rodrigo Silvosa, y el ministro de Producción, Javier Tizado. 

Vayamos por partes. En una comunicación interna (N°. NO-2018-26082250-GDEBA-DPAPMPGP), con fecha 2 de noviembre de 2018, el Delegado en el Puerto, Alejandro Semmartin, se dirige al titular de la Subsecretaría portuaria, Rodrigo Silvosa y a su lugarteniente -algunos aseguran que es el auténtico mandamás-, Nelson Azconegui, para trasladar "presentaciones actuadas por la firma SHELL, en el marco de Dragado de Muelles A-A y B, para su correspondiente análisis". 

La nota hace referencia a un curioso sistema que parece repetirse en la terminal, a pesar del cambio de signo político, en cuanto a la manera en que compañías de la envergadura de SHELL, YPF, EXOLGAN y otras, hacen y deshacen a su antojo. Claro que, en este juego, están de por medio millones de pesos de las arcas provinciales. 

La mecánica, que ya tuvo un antecedente inconcluso durante la gestión de Miguel Lico en el puerto (gobierno de Scioli), se repite, con similares caraterísticas: obras sin control a cambio de condonación de deudas, un formato cuestionado y que está reñido con las sanas prácticas administrativas.

Tiempo atrás, la multinacional de combustibles pidió autorización para realizar el dragado de su propia dársena, argumentando que tenía dificultades para el ingreso y egreso de petroleros, recibiendo el OK de la administración, y comenzaron las tareas a cargo de la UTE Servimagnus S.A.-SDA do Brasil Servicios Maritimos Rowing S.A.-Servidraga S.A.

Cumplimentada la tarea, SHELL solicitó a la administración portuaria el reconocimiento de una millonaria suma de dinero por hacerse cargo de una tarea que es responsabilidad de la autoridad portuaria. “SHELL contrataba la obra de dragado y luego compensaba con tasas/servicios; y el Ministerio se obligaba al mantenimiento, mejora de las obras y servicios esenciales, tales como profundidades y señalización de los accesos y espejos de agua”, expresa el informe que se le envió a Silvosa para su consentimiento.

Al respecto, desde el SUTAP (Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias), aseguraron a La Tecla que "SHELL presenta una nota diciendo que hizo el dragado, a tantos pies, y presenta la factura. La obra no es para el Puerto, sino que la realiza en su propia dársena". 

Sin embargo, el punto más álgido y controvertido es que el dragado que realizó la empresa no contó con el control que debe tener de parte de la administración del Puerto, "ni antes, ni durante, ni después", aseguran, en referencia a mediciones como los relevamientos batimétricos (miden la profundidad). 

Al respecto, el secretario Adjunto del gremio y miembro del área de infraestructura, Facundo Monticelli, dijo que “nunca se dio participación a los profesionales y técnicos, y mucho menos al área de dragado y balizamiento de la Dirección hoy conducida por Silvosa”. Y aclaró: “Aunque el sindicato realizó pedidos para que den intervención a los técnicos, tanto Silvosa como el Tizado nunca aceptaron la participación de los profesionales de planta del área”.  

El monto reclamado por la compañía, y que el delegado Semmartin reclama de manera ampulosa, es por algo más de 70 millones de pesos, más IVA. “No es un tema menor lo del IVA, ya que la empresa después lo descarga y si se lo cobra al puerto son muchos millones que gana”, confió un empresario Pyme de la terminal provincial.

Conocedor de las prácticas comerciales portuarias, el emprendedor aseveró que “la Provincia no es una verdulería, en la que te cambio papas por tomates. Los recursos de la Provincia no se pueden cambiar por condonaciones o por cualquier cosa. Es un disparate”, sosteniendo que es violatorio de la Ley de Contabilidad bonaerense.

Sin embargo, SHELL no está sola en esto. También apuntaron, tanto desde los gremios como desde el sector empresarial, hacia otras compañías a las que compensaron sin hacer obras. 

La firma del ministro "con firma"

La mecánica de "hago obra sin control y me lo descontás de la deuda" no es nueva. En 2013, en el mismo puerto, Shell y el entonces Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la gestión Scioli, firmaron un acuerdo para el dragado de un espacio limitado y de uso exclusivo de la empresa, tal como sucede en la actualidad. Con ese trabajo, realizado sin controles (como ahora) ni fiscalización (como ahora), la multinacional cancelaría el 85% de su deuda, contraída entre 1994 y 2011. Eran unos 80 millones de pesos. La falta de claridad de las cuentas hizo imposible conocer el costo de la obra realizada por SHELL, ni la dimensión de la misma, que careció, además, de notificación a la Fiscalía y demás órganos de contralor.

Presentado con bombos y platillos, el acuerdo fue firmado por el entonces ministro de la Producción bonaerense, Cristian Breitenstein, por parte del Estado, y por el presidente de SHELL en aquellos tiempos, Juan José Aranguren. Sin embargo, el convenio tenía una cláusula insalvable: necesitaba la expresa autorización del gobernador, Daniel Scioli. La convalidación nunca fue firmada. 

Con el cambio de gobierno en la Provincia, aquel acuerdo recobró vida. Así, luego de la salida de Joaquín De la Torre (pasó a la cartera de Gobierno), Producción quedó sin titular, por lo que se concedió poder de firma al responsable de Agroindustria, Leonardo Sarquís. Este aprobó el mencionado acuerdo, con un detalle nada irrelevante: el ministro de Energía de la Nación en tiempos de esa rúbrica era el mismísimo Aranguren, propiciador del acuerdo original por parte de la compañía petrolera. No falta quien asegura que el exministro "sugirió" a las autoridades de la Provincia su firma. Presión, en castellano. 

Pedido de certificación que pone en evidencia la jugada

El titular del Puerto asegura que "la controlante del dragado fue la Dirección de Actividades Portuarias, sin que existan informes técnicos. De hecho, el área técnica del Ministerio de Producción parece querer cubrirse al señalar que "en la nota citada en último término no se informa la efectiva realización de la obra de dragado que origina la compensación solicitada por Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A", asegurando que “se estima pertinente certificar la realización de la obra”.

Gravísimas fallas en seguridad: no hay una red de incendios 

"El Puerto de Dock Sud es un desastre, no tiene red de incendios. Y estamos hablando de un puerto petrolero". La frase, que lanzó un empresario con sede en la terminal bonaerense, puede sonar como una cachetada para quienes desconocen el funcionamiento de este tipo de localizaciones, pero habla de una situación inusualmente peligrosa. 

Conocedor del negocio, analizó que "si ocurre un accidente como el del Perito Moreno en 1984, la Gobernadora podría ir presa, el ministro Tizado debería ir preso, el delegado portuario (Semmartin) y el subsecretario Silvosa también. Incluso el jefe de la Prefectura de Dock Sud, porque es de locos que en el muelle de inflamables no haya red de incendio". Cabe recordar que en noviembre de 2018, un incendio producido en la refinería de SHELL dejó un muerto (Sergio Esquivel, de 20 años) y varios heridos, tras lo cual los trabajdores denunciaron un “aflojamiento” de la seguridad en la zona. 

Por otra parte, desde el sindicato refirieron que el Puerto no está habilitado porque no cuenta con las habilitaciones marítimas, al no hacer las convalidaciones que se realizan cada dos años.

Sombras para un aspirante polémico

Policía de profesión, el mandamás del puerto de Dock Sud, Alejandro Semmartin, concurre a su puesto de trabajo a bordo de un vehículo de La Bonaerense. ¿Todo un mensaje? Además de esta particularidad, fue denunciado por el gremio SUTAP por "coacción agravada", "falso testimonio" y "encubrimiento de actos de corrupción" ante la UFIJ N°1 de Avellaneda. Aseguran que amedrenta a trabajadores, arrogándose facultades punitivas. 

Sin embargo, el pasado del representante estatal tiene más puntos oscuros, que podrían bloquear sus aspiraciones de tomar el control del recientemente creado Consorcio de Gestión, una decisión considerada como una privatización encubierta. Es que Semmartin fue condenado por una causa cuando ejercía funciones como comisario de la Policía provincial, lo que debió haberlo inhabilitado para ocupar su cargo actual.

El titular del gremio portuario, Adolfo Barja, aseguró que  el funcionario no podría integrar el directorio -ni presidir, claro- el futuro consorcio. "Lo dice claramente la ley, en función de todas las causas que tiene", indicó. Se refiere a la condena aplicada por el Juzgado Criminal N° 2 de San Martín por lesiones graves, luego de haber disparado por la espalda a un hombre de 37 años en Loma Hermosa (Tres de Febrero) al que dejó con un 48% de incapacidad física por daños neurológicos y secuelas psicológicas. 

El artículo 20°, inciso b, del Estatuto de Gestión del Puerto de Dock Sud, que dispuso el Gobierno de Vidal a comienzos de este mes, dispone que para ser Director se requiere "no haber sido condenado por delito doloso a pena privativa de libertad o de inhabilitación, ni ser fallido o concursado civil o comercialmente", lo que, para el sindicato, dejaría out a Semmartin en sus aspiraciones de integrar la plana mayor del nuevo Consorcio.

Piedra libre a la privatización: se esconde detrás del Consorcio

A través del decreto 2019-13, con fecha 11 de enero de 2019, la Provincia dispuso la creación de un Consorcio de Gestión en Dock Sud, que se mantenía como de propiedad estatal, junto con los de San Nicolás y Coronel Rosales. La medida fue calificada como una “privatización” por parte de Facundo Monticelli, del SUTAP, siendo motivo de pedidos de informes y rechazos por parte de la oposición en la Legislatura provincial.

En su articulado, establece que "los permisos de uso y las concesiones en vigor en Jurisdicción Portuaria continuarán bajo el régimen vigente", transfiriéndose luego "el personal que opera en la Delegación Portuaria Dock Sud, y el personal de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias que se individualizará en el Acta de Transferencia a suscribirse con el ente, dejándose establecido que se respetará la categoría, antigüedad, remuneración, leyes y convenios aplicables ". Será dirigido y administrado por un directorio integrado por nueve (9) miembros, que durarán 3 años en sus cargos y con reelección indefinida.

Tendrá un Presidente, en representación de la Provincia; un representante del municipio de Avellaneda; uno de los distritos de la región; uno por los permisionarios y/o concesionarios de contenedores; uno de los comercializadores de hidrocarburos; uno por asociaciones de permisionarios de instalaciones de lógística de carga; dos por las asociaciones sindicales y uno que alternará entre los privados de arenas y líquidos a granel y de terminales.

“Ninguno tiene ni p... idea de puertos”, aseguran

La situación en el Puerto de Dock Sud es atribuible, en parte, a la falta de conocimiento del tema de los funcionarios del área. “Ninguno tiene ni p... idea de puertos. Semmartin era un desempleado, es policía; el delegado anterior (Lico) tampoco sabía nada, Silvosa estaba en Espacios Públicos de CABA”, aseguró un empresario petrolero.