A poco del cambio de Gobierno, las autoridades de la Administración General de Puertos avanzan curiosamente con un pie en el acelerador con obras y contrataciones que para el sector portuario y marítimo resultan en extremo llamativas: el llamado a licitación de un nuevo ERP - Planificación de Recursos Empresariales por sus siglas en inglés -, pese a advertencias sobre un posible conflicto de interés; la contratación para obras en la nueva sede central de la AGP y la compra de arena para el armado de una isla sobre el Río de la Plata para trasladar parte del Puerto de Buenos Aires.

Como contó El Destape, en plena retirada, el macrismo busca llevar adelante un meganegociado al concentrar en una sola empresa la gestión del único puerto federal del país, lo que pondría en riesgo el control sobre el comercio nacional. Tal proyecto partió de un diseño, encomendado a la empresa española INDRA, para "lograr el objetivo de desarrollo de los nuevos pliegos" de concesión por un total de US$772.483 y una ampliación de US$ 168.025.-, ambos aprobados por Gonzalo Mórtola, interventor de la Administración General de Puertos S.E.

El diseño se dividió en dos etapas. En una primera instancia se aconsejó que, de los actuales tres operadores, se pasara a dos. Pero, meses más tarde, la cantidad de empresas se acotó a una, según denunciaron a este medio, bajo presión de Nicolás Caputo, el hermano del alma de Mauricio Macri.

Con esa concentración se habilitaría el traslado del puerto a una isla construida en el Río de la Plata, con el objetivo de liberar las terminales actualmente ocupadas y destinarlas al negocio turístico e inmobiliario. Pero como Macri está en retirada, comenzó a sonar con fuerza el posible traspaso de las tierras del Puerto de Buenos Aires – hoy nacionales – a la Ciudad, que el macrismo confía en mantener después del 10 de diciembre para ganar más tiempo.

En ese contexto, fuentes de las terminales a las que tuvo acceso El Destape advirtieron que Mórtola avanza en una reestructuración del organismo, en especial del personal, para luego de las elecciones. Según sostuvieron, el fin es nombrar personal político en la planta permanente y personal de la empresa, que le guarden lealtad, en cargos gerenciales, subgerenciales y superiores, para poder mantener su influencia después del cambio de Gobierno en el proceso licitatorio en curso y evitar posibles denuncias futuras al tener el control, desde fuera, del organismo.

Licitación millonaria

Con fecha de vencimiento en los altos cargos del poder, desde las terminales advirtieron que Gonzalo Mórtola, no se amilana y continúa avanzando a paso firme con contrataciones millonarias. Este medio pudo reconstruir que el personal técnico de la AGP, advirtió sobre un posible conflicto de interés en el proceso licitatorio de un nuevo ERP para la empresa estatal, estimado en unos US$ 4.500.000, aunque aún no se presentaron las ofertas.

Desde la Gerencia Coordinadora de Gestión Administrativa y Legal, Matías Peri Brusa respondió que no habría tal conflicto porque “se trata de un asesoramiento técnico, siendo el personal de AGP quien ha tomado las decisiones” del proceso.

Al personal de AGP, se les solicitó que revise la documentación presentada por la empresa Tecnología en Producción de Sistemas S.A. (TPS) para ser adjudicataria de la confección del ERP,  y especificaron que se contrató a Markona SA, una empresa privada de consultores, para que brinde asesoramiento en el proceso licitatorio con el objetivo de realizar mejoras a la redacción del Pliego; pedido de cotizaciones para el presupuesto oficial; asesorar al comité que ejecutó y controló el proyecto y el análisis y evaluación de las ofertas, por encargo de las máximas autoridades.

Según advirtieron estos técnicos, el pedido de cotizaciones para confeccionar un presupuesto oficial no fue conveniente porque la encargada de esa función "es exclusivamente el área solicitante de la compra", que debió ser la Gerencia de Sistemas, Tecnología y Organización. Al hacer este cambio y derivar los pedidos de cotizaciones a un privado, se "pierde trazabilidad", además de que un tercero, ajeno a la AGP, estuvo en contacto con potenciales oferentes y con toda la información del pliego licitatorio. Lo cual se agrava aún más por el hecho de que no hay "un informe oficial de Markona" sino sólo "mails informales" donde se comunicaron las ofertas recibidas por lo que la Gerencia de Sistemas "no podrá ofrecer certezas sobre el origen de las cotizaciones" que presentó la firma privada.

Lo que generaría más suspicacias es que Markona quedo a cargo de la delegación del análisis y evaluación de ofertas, proceso para el que también se agregó la firma Concilia. Al respecto, advirtió que Markona no sólo tomó contacto con posibles oferentes, sino que también los evaluó y, sobre este punto, destacó que TPS fue contactada por esa consultora antes del inicio del proceso. Lo que podría generar la presunción de un direccionamiento de la licitación.

Incluso, se alertó que la evaluación de las ofertas no fue satisfactoria y que, entre otros puntos, para el proceso se tomaron ciertas garantías que pudieron "haber generado que alguna empresa interesada en ofertar haya desestimado en forma temprana su participación" porque no podía cumplirlas (se bajó el 70% de las empresas interesadas). En ese punto, se criticó la evaluación técnica realizada, a lo que Peri Brusa aclaró que fue a pedido de la AGP.

Porque no se “pudo garantizar un trato igualitario para todos los oferentes e interesados”, exigido en el contrato, del análisis interno se desprende la sugerencia de “dejar sin efecto el actual proceso de contratación (…) e iniciar en la mayor brevedad posible un nuevo proceso de contratación que mediante procedimientos que se ajusten estrictamente con el Reglamento de Compras” de la Administración General de Puertos para garantizar la igualdad. Sin embargo, pese a las objeciones, el expediente fue enviado a la Sindicatura General de la Nación sin los mails adjuntados, y nada indica que, a pesar de la suma de “desprolijidades”, no se procure adjudicar antes del fin del mandato presidencial.

Nueva sede

El martes, desde las puertas de la AGP, Leonardo Salom, Secretario Adjunto Ferroportuario de APDFA, le dijo a El Destape que el edificio “fue declarado por Macri un bien ocioso, a pesar de que hay 500 trabajadores de carrera en este edificio". Dada la zona en la que está ubicado el inmueble – Huergo y Belgrano -, el valor inmobiliario es inmenso, por esto, el afán irrefrenable por proyectos inmobiliarios del AABE, poso su interés en él.

Por la mudanza, llamativamente, después del resultado electoral de las PASO de Agosto, y sin atender a este, el 9 de septiembre, Gonzalo Mórtola resolvió aprobar lo actuado en la licitación pública 10/2019 para la contratación de la obra de la nueva sede central. La misma fue adjudicada a la empresa Coarco S.A. por un total de $124.976.823,06 más IVA, tal como reza el documento oficial al que tuvo acceso este medio.

En este llamativo marco de acelerar procesos de contratación, llamados a licitación y adjudicación de grandes obras y servicios, también a posterior del resultado de las PASO, y como contó El Destape hace semanas, ni lento ni perezoso, el Gobierno lanzó una licitación pública para la compra de arena para el relleno de una terminal portuaria exterior sobre el Río de la Plata. En terrenos construirán una isla para trasladar el Puerto de Buenos Aires y habilitar una gran caja para la especulación inmobiliaria, lo que apuraría los pasos para que el proyecto tan cuestionado de la licitación del Puerto de Buenos Aires con una sola terminal que se dirigiera a “amigos del poder”, sea  cada vez más difícil de frenarse.

La licitación pública se lanzó el pasado 4 de septiembre con la firma de Gonzalo Mórtola, interventor de la Administración General de Puertos y militante de Cambiemos. Pese a que en las últimas semanas, a raíz de las notas de El Destape, los directivos de la AGP definieron no ir a trabajar a las oficinas por miedo a filtraciones de información, solicitó iniciar el procedimiento para la provisión de 1.300.000 metros cúbicos de arena para el relleno de la terminal exterior, que se realizará en 300 días de corrido.

Por los trabajos de la contratación, se estimó un presupuesto oficial de $33.300.000 más IVA, o sea US$ 16.980.000 más IVA que serán computados como "mejoras sobre los terrenos" dentro del presupuesto del ejercicio que comenzará el 1 de enero de 2020. O sea, herencia para la próxima gestión que se intentará influenciar con leales desde fuera del poder.