El Gobierno impulsa un proyecto de decreto que le pone fin a la intervención de 30 años de la AGP, crea un nuevo estatuto y un directorio facultado a decidir sobre cambios en el capital social de la empresa estatal. La Administración General de Puertos (AGP), como organismo descentralizado que depende del Ministerio de Transporte, controla a los privados que operan desde Puerto Buenos Aires (Puerto Nuevo) hasta Puerto Sur e Isla Demarchi.

Las tres concesiones más importantes bajo su órbita vencen en mayo de 2020. La AGP licitó la nueva gestión operativa y fijó para el 2 de diciembre la apertura de los sobres.

Pero la coyuntura política abrazó el tema con tanta vehemencia que silenció toda voz sobre la viabilidad del proyecto y sobre una eventual audiencia para consensuar con la comunidad portuaria, marítima y del comercio exterior sus aspectos claves.

Se habla poco de que se licita el monopolio de un único concesionario por 35 años (con opción a 15 más), de la creación de una dársena artificial ganada al río (cuyo relleno comenzó sin estudio de impacto ambiental previo) y de inversiones por casi u$s2.000 millones en una economía estancada y sin visos de crecimiento.

Se habla más, en cambio, del contexto de la mentada modernización del Puerto, con conceptos como “cesión de tierras portuarias al AABE”, “meganegocio inmobiliario” y “traspaso del Puerto a la ciudad de Buenos Aires”.

Y este trasfondo político ya camina por la cornisa judicial.

El lunes pasado, una serie de documentos firmados digitalmente por autoridades de la AGP para su giro al Ministerio de Transporte, fundamentan que hay gestiones de último momento de la actual Administración nacional sobre el futuro del Puerto Buenos Aires.

Calificados como “borradores” por funcionarios de la AGP, estos documentos son proyectos de decreto que establecen el fin de la Intervención de la AGP, su nueva denominación (Puerto Buenos Aires Sociedad del Estado) y la creación de un estatuto y directorio.

“Terminar con la intervención es un mega hito de esta gestión”, señaló a Ámbito Financiero el actual interventor, Gonzalo Mórtola, sorprendido de que “a alguien le parezca normal tener una intervención durante 30 años”.

Consultado sobre por qué no se procedió antes con el cese de la intervención, argumentó que “ahora hay una empresa sana que ordenó balances, tiene superávit y no le pide plata al Tesoro”. Y declinó hacer mayores comentarios sobre el oportunismo político de la decisión. “Gobernamos hasta el 9 de diciembre”, subrayó.

Asistido por la lógica administrativa, eludió comentar sobre uno de los alcances que contempla el flamante proyecto de estatuto: la cesión de las acciones de la empresa a “los entes enumerados por el artículo 1° de la Ley 20.705”, entre los que se encuentra, precisamente, la Ciudad de Buenos Aires.

El secretario general adjunto ferroportuario de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA), Leonardo Salom, señaló a este diario: “Si ese decreto sale, tienen tiempo para hacer un montón de cosas. Por eso ampliamos nuestra denuncia sobre las maniobras para ceder las tierras y traspasar el puerto a la Ciudad”.

“No creo que haya intenciones nobles detrás de esto, más que perpetuarse en el poder”, indicó Salom sobre la normalización esgrimida tras 30 años de intervención, tras agregar: “Todo se hizo nuestras espaldas. Nos enteramos de casualidad de este proyecto, y eso les molestó”.

La hipótesis gremial es que nombrar un presidente y un directorio, a meses de un cambio de Gobierno -que dará marcha atrás con esos nombramientos- sólo tiene sentido si viene de la mano del cambio de órbita administrativa.

“Finalizar la intervención es una condición necesaria para el traspaso. El proyecto no es nuevo. No lo elevaron antes para no perder influencia, y ahora queda muy desprolijo sobre la fecha de las elecciones”, expresó a Ámbito un especialista en temas portuarios que trabajó en la AGP.

Salom realizó pedidos de acceso a la información pública al AABE, a la AGP, al Ministerio de Transporte y a Presidencia para saber si había planes de cesión de terrenos portuarios para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y sobre el traspaso del puerto a la Ciudad.

Ante la falta de respuestas, radicó una denuncia en el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1. Ayer la ratificó y amplió para que se investigue el cese de la intervención, la creación de un nuevo estatuto y de un nuevo directorio.

En tanto, continúa en marcha una licitación polémica pero definitoria para el futuro del comercio exterior argentino: lanzada por el único “puerto federal” que queda, y podría pasar a llamarse “puerto de la Ciudad”.