“Con los años 70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación.” Las declaraciones del jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, provocaron la rápida reacción de referentes de organismos de derechos humanos, que advirtieron que el término “reconciliación” es usado desde siempre por las Fuerzas Armadas y sus simpatizantes como sinónimo de impunidad para los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. Pero las críticas se escucharon también desde dirigentes políticos, inclusive de algunos que están dentro de la alianza Cambiemos. El ex diputado Ricardo Alfonsín afirmó ayer que las palabras de Massot eran “un despropósito” y el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Canton, señaló, ante una consulta de PáginaI12, que “es únicamente a través de la justicia que, eventualmente, se puede abrir el camino para que cada víctima, de manera individual, acepte o no reconciliarse”. También dijo que la Argentina es “un ejemplo mundial de justicia transicional” y que “desde el Estado tenemos la obligación de asegurarnos que continúe siendo así, impulsando los juicios de lesa humanidad”.  

LEER MÁSRazones insuficientes

Massot hizo las declaraciones en una entrevista publicada en el diario Clarín. Sostuvo que “lo más importante es poder cerrar los capítulos para poder avanzar como sociedad” y que no puede pasar que “generaciones que ni siquiera vivimos esa época tengamos que seguir dedicándole (a la década del 70) el tiempo que tendríamos que dedicar a los combates de la actualidad”.   Y agregó que “superar ese capítulo” implica “no sólo memoria, justicia y verdad. Es también perdón”. El dirigente de Cambiemos propuso como modelo a seguir el proceso que se llevó adelante en Sudáfrica, donde se creó una comisión por la Verdad y la Reconciliación que, a grandes rasgos, implicó que, a cambio de la confesión de los crímenes, los perpetradores de delitos de lesa humanidad no fueran juzgados. 

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Canton expresó una mirada distinta: “La experiencia de todos los procesos de justicia transicional que conocí, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo, es que cada proceso es muy distinto. Pero desde los estados siempre se ha buscado imponer la reconciliación, ignorando que la reconciliación es una decisión individual de cada víctima. Imponer la reconciliación es como pretender imponer el amor por ley, como una vez me dijo el poeta Juan Gelman en relación a las leyes de amnistía. Es a través de la Justicia, que, eventualmente, se puede abrir el camino para que cada víctima, de manera individual, acepte o no reconciliarse”. El funcionario de María Eugenia Vidal, que fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agregó que “la Argentina es un ejemplo mundial de justicia transicional y desde el Estado tenemos la obligación de asegurarnos que continúe siendo así, impulsando los juicios de lesa humanidad. No es la primera vez que Canton se diferencia del discurso oficial del PRO en materia de derechos humanos: lo mismo sucedió cuando afirmó que en el caso de Milagro Sala debían cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales. 

  Por su parte, Alfonsín afirmó que las declaraciones de Massot eran “un despropósito tan grande que dudo de que hubiera querido decir eso”. El ex diputado nacional destacó que “el terrorismo de Estado debe ser siempre un tema de actualidad” y que el jefe de bloque PRO “parece ignorar que en Sudáfrica para eximirse de la justicia se debían confesar los crímenes y manifestar públicamente su arrepentimiento. En Argentina nada de eso ha ocurrido. Acá los responsables directos de los hechos o bien los niegan o bien los justifican. Además, aún la Justicia busca información que todavía siguen ocultando”.

  La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, celebró el rechazo general de las declaraciones de Massot y descartó que el gobierno esté por implementar alguna medida que frene el proceso de Memoria, Verdad y Justicia: “No hay que asustarse, estas son alarmas que van tirando para domesticar a un pueblo que piensa y se defiende y para probar la respuesta de la sociedad. No creo que se atrevan”, afirmó. De todas formas, Carlotto sí resaltó hechos recientes que marcan “un atraso enorme”: el aumento de los beneficios de prisión domiciliaria para represores, las muertes por represión estatal y las persecuciones a funcionarios y dirigentes sindicales. “Hoy hay más represores con cárcel domiciliaria que en cárcel común. ¿Cómo le explicamos a los jóvenes y a los niños que un criminal que no se ha arrepentido, que no ha confesado y que ha hecho desaparecer a alguien porque lo denunció está caminando junto a nosotros?”, se preguntó en referencia a Miguel Etchecolatz, y agregó: “ya tenemos dos muertos en el sur y esperemos que el ex canciller Timerman salve su vida, sino sería también una víctima de este proceso”. Además, resaltó que “si a Baradel lo amenazan con desaparecerlo quiere decir que esa palabra está tomando cuerpo”, y añadió: “no lo vamos a permitir”. 

El presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Luis Fondebrider, destacó que “el acceso a la justicia de las personas afectadas por la violencia de Estado durante el Apartheid ha sido casi nulo y eso es algo que aún reclaman amplios sectores de la sociedad sudafricana”. El EAAF trabaja hace 22 años en Sudáfrica, en la investigación de los crímenes cometidos durante el Apartheid. “Es innumerable la cantidad de veces que nos preguntan sobre el proceso argentino, especialmente los familiares de afectados y víctimas, que tratan de tomar algunos ejemplos de Argentina. Aquí se ha logrado algo que es único en el mundo y que sirve como modelo en los cuatro pilares fundamentales a considerar cuando se habla sobre el tratamiento del pasado reciente en países que han pasado por procesos de violencia: la búsqueda de la Verdad, la posibilidad de hacer Justicia, las leyes y mecanismos reparatorios y los procesos de Memoria”, explicó Fondebrider en diálogo con PáginaI12. Además, subrayó que “el camino que eligió el Estado sudafricano no necesariamente es compartido por las miles de víctimas del apartheid”. 

La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Unidad Ciudadana Victoria Montenegro afirmó que “la búsqueda por la verdad no es parte del pasado, sino del presente y el futuro. Tenemos los argentinos centenares de hombres y mujeres que viven con una identidad falsa impuesta por el terrorismo de estado” y agregó: “a los negacionistas les decimos que nos reconciliamos con la verdad en cada encuentro con los nietos, nos reconciliamos con la memoria en esa plaza del 2x1 y nos reconciliamos con la justicia en cada sentencia que condena a los miserables que nos hicieron tanto daño.”

La diputada del Frente Renovador Cecilia Moreau manifestó que la idea de “plantear una reconciliación con lo sucedido en los 70’ es un intento más de este Gobierno de mandar al olvido lo que nos pasó como sociedad”. Además, sostuvo que las declaraciones de Massot buscan “que nos olvidemos de que muchos de los nombres que hoy están en el gobierno se repiten si miramos los actores de aquella época”. “Que el perdón lo busquen con Dios”, concluyó Moreau.