La ley de partidos políticas, sacada de apuro por el Gobierno nacional tras la derrota de Néstor Kirchner en las legislativas de 2009, prevé, entre otras cosas, la prohibición de la publicidad electoral privada en radio y TV durante la campaña. Como además estableció cupos gratuitos para esos espacios vacantes, a repartir entre los que participan del comicio, la norma suponía poner en pie de igualdad a todas las fuerzas. Ricos y pobres. Suponía ... porque al no haber una regulación firme y paralela de la publicidad estatal, los oficialismos quedaron en una posición de privilegio. Los números de la Casa Rosada, a días de las PASO, asustan.

Según datos oficiales, detallados en un informe que elaboró el dirigente de la Coalición Cívica (CC) Hernán Reyes, candidato a diputado nacional en la Ciudad, “hasta el 19 de julio, último dato disponible del Ministerio de Economía, el rubro Prensa y Difusiónejecutó 1.308,99 millones de pesos, cuando el crédito sancionado (los gastos que se preveían en el presupuesto originalmente) era de 1.201,2 millones”. La Secretaría de Comunicación está a cargo de Alfredo Scoccimarro y depende de la Jefatura de Gabinete, que conduce Aníbal Fernández.

El exceso no es nuevo. Desde 2003, el Gobierno, a través de la cuestionada herramienta de los superpoderes, viene reasignando partidas y siempre el presupuesto para publicidad termina ampliándose. Con el ritmo que venían este año, clave por las elecciones locales y sobre todo las nacionales, el manotazo surgió relativamente rápido. A fines de junio, cuando ni siquiera había transcurrido la mitad del año, se estableció una partida de 611 millones extra para Prensa y Difusión, lo que llevó el total arriba de los 1.800 millones.

Aun así, es probable que antes de fin de año se requiera de un nuevo retoque. Ocurre que desde mayo, cuando se oficializaron las candidaturas, la Casa Rosada aceleró los desembolsos para difundir sus buenas noticias. Hasta principios de ese mes, el gasto promedio era de 6 millones de pesos por día. Desde entonces, se pasó a más de 7,5 millones (cerca de un 25% más). Si se suman otros de propaganda oficial, como el Fútbol para Todos o la ANSeS, se superan los 12 millones diarios.

Específicamente en Prensa y Difusión, en lo que va de 2015, el Gobierno ya usó un 72,15% del crédito ampliado, un porcentaje que está muy por encima del promedio de todo el presupuesto nacional: según detalla el informe de Reyes, en ese caso se llegó al 55,67%.

“Es vergonzoso que hayan gastado más del dinero, ya excesivo, presupuestado para publicidad oficial a dos semanas de las elecciones”, le dijo a Clarín el dirigente que competirá con la CC dentro de la interna de Cambiemos (contra la UCR y el PRO). Y agregó: “Esto exhibe el descaro del kirchnerismo en el manejo del dinero público para utilizarlo en su provecho para hacer campaña.Tenemos un paquete de leyes para regular el uso de la publicidad oficial, para limitar el gasto y para alcanzar una distribución justa de pauta para medios”.

El mes pasado, la Cámara Nacional Electoral sacó un fallo emblemático aunque sin efectos inmediatos, cuando le pidió al Congreso que fije un límite a los abusos de la publicidad oficial, en particular durante las campañas electorales.

El abuso del aparato estatal, cuando se acercan los comicios, no concierne sólo a la publicidad. También los actos y los anuncios (con el plus de la Cadena Nacional) quedan en medio de la polémica. Si bien la veda de 15 días previos es clara respecto al impedimento de realizar “actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo”, hay un gris que el Gobierno suele aprovechar. Por ejemplo, apela a anuncios con fecha fija como los aumentos para jubilados. Como adelantó Clarín ayer, Cristina difundiría la segunda suba del año en los próximos días.

También otros gobiernos locales importantes, como los que conducenDaniel Scioli (Buenos Aires), Mauricio Macri (Ciudad) y José de la Sota (Córdoba), fueron señalados por sus opositores por abusos propagandísticos con millonarios recursos del Estado.