Por: María García Beberide.

 Los europarlamentarios socialistas han presentado una pregunta escrita al ejecutivo comunitario para interesarse por esta iniciativa que, según explican en su texto, está basada “en un informe ambiguo sin rigor” que no sigue el criterio histórico seguido hasta ahora. De hecho, resaltan que el proyecto presentado por Bezoya se ampara en la Ley de Aguas de 1973, la cual considera el agua como un recurso minero y “no contempla el cambio climático, ni el deterioro de los acuíferos, ni el negocio del agua”

Por ello, los eurodiputados del PSOE instan a la Comisión Europea a pronunciarse sobre la necesidad de emitir un “nuevo informe actualizado” e “impedir su explotación comercial”.

Además, Iratxe García y César Luena piden a la Comisión que emprenda reformas legislativas que obliguen “a hacer mediciones durante un periodo de tiempo sobre la evolución de las masas de agua y a establecer condicionantes para suspender la extracción de agua con fines comerciales, en base a los datos recogidos, hasta que el acuífero recupere su nivel freático”.

Oposición ecologista

El proyecto de Bezoya cuenta con 650 alegaciones contrarias que fueron presentadas pro Ecologistas en Acción, organización que advierte sobre las "terribles consecuencias" que puede suponer este proyecto para la zona. Recuerdan que la iniciativa prevé extraer un millón de metros cúbicos de agua y levantar una planta de 50.000 metros cuadrados, con 35 muelles de carga y capacidad para embotellar 162.000 litros a la hora. Creen que no es viable en un contexto de sequía como el que sufre la zona. De hecho, destacan que la propia CHD alerta en su propia concesión de autorización que debe someterse a controles periódicos porque reconocen que puede comprometer el suministro en los pueblos del entorno.

100 puestos de trabajo

En el lado opuesto, los defensores del proyecto resaltan que Bezoya contempla la posibilidad de crear hasta un centenar de puestos de trabajo en la zona ligados a la embotelladora. De nuevo Ecologistas pone en duda estas cifras y considera, además, que traerá consecuencias negativas para la economía tradicional del entorno ya que Bezoya pide bloquear cualquier actividad en un perímetro de 2.000 hectáreas lo que supondría limitar numerosas actividades agrarias y ganaderas.