Con la instalación de una carpa frente al Centro de Atención Integral Juvenil, ubicado en Yunká 260, exigen la inmediata reincorporación a la institución. La medida comenzó en horas de la mañana del lunes y se mantendrá hasta tanto tengan una respuesta favorable. Ayer pidieron a la Secretaria de Trabajo de la Nación la intervención para garantizar la protección de los derechos laborales que fueron violentados con los despidos.

“Se desconocen los motivos reales por los que se decidió la rescisión de nuestros contratos”, explicó a El Comercial la Licenciada en Psicología María José Fernández, a la que además de haberla dejado cesante en su puesto de trabajo se le adeudan 8 meses de trabajo.

“Vamos a ir a la Secretaria de Trabajo de Nación, porque hasta el 2013 muchos de los estamos hoy acá formábamos parte de un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, queremos una instancia de diálogo, los trabajadores estamos abiertos al diálogo porque somos los principales interesados en recuperar nuestras fuentes laborales”, destacaron desde la carpa.

Durante los dos días que llevan de protesta recibieron la solidaridad de organizaciones sociales, gremios, partidos políticos con quienes discutieron sobre la difícil situación que enfrentan en la provincia los miles de trabajadores precarizados que dependen del Estado, el que a través de diversas modalidades de vinculación laboral, monotributos, locación de servicios, cooperativas, encubre un verdadero fraude laboral. En la carpa tomaron conocimiento además de que otros despidos se estaban realizando ese mismo lunes en el Ministerio de la Comunidad, y en áreas del sector salud, por lo que la problemática afecta a cientos de familias en este comienzo del 2015.

“Quisimos hablar con la Dra. Graciela Parola –subsecretaria de Niñez y Adolescencia- pero nos fue imposible, pero lo que nos resultó irónico fue que esta persona nos llamó semanas antes de que nos comunicara la rescisión de nuestros contratos que iban a contar con nosotros porque se realizarían muchas jornadas, muchos debates, sin embargo nos hicieron esto que no logramos entender”, se quejó la Licenciada Fernández.

Según esta mujer, que integra el grupo de los 8 despedidos de manera arbitraria del CAIJU, los contratos que se les hacían eran de 6 meses y cada año se iban renovando. Pero siempre estaba esa situación de precarización laboral, de no saber qué les iba a suceder al finalizar el contrato. “Por eso mismo es que solicitamos una reunión para aclarar ese inconveniente y nos hicieron esto, no sabemos cómo regresar a nuestra casa y comunicarle a nuestras familias esta triste noticia, a la Dra. Parola no la pudimos ubicar más, no hay forma de comunicarnos con ella”.

Le deben 8 meses

y se encadenó

La Licenciada Fernández nos comentó que “en mi situación particular, me contrataron hace unos 8 meses y desde entonces que no he sido remunerada por lo que decidí encadenarme frente a la institución”.

El CAIJU sigue funcionando en su área administrativa de manera normal y según dijo la Licenciada Fernández, “por el momento hay un solo chico alojado ahí, pero la situación puede variar de un momento a otro, nosotros formábamos parte del trabajo de área, íbamos a buscar a los chicos a las comisarías, íbamos a los barrios, hacíamos un trabajo que no sé ahora cómo van a resolver porque echaron a todo un equipo de trabajo”, se lamentó la profesional.

Las medidas de fuerza

Tanto el lunes, como ayer y también hoy hay programadas medidas de fuerza. Hubo cortes de calle por espacio de 2 horas tanto a la mañana como por la tarde, y está programado también para hoy un acto simbólico frente a la institución.