Alejandra Gils Carbó no está pasando su mejor momento. Ni personal ni institucional. A la posibilidad de ser citada a indagatoria por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la Procuración, que conduce desde hace 5 años, se suman las críticas que arrecian por su desempeño durante el gobierno anterior. En el medio, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Publico de la Nación evalúa su gestión y está latente la posibilidad de que desemboque en un juicio político, tal como lo pidió el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

   Quienes acusan a la jefa de los fiscales consideran que fue escandalosa su manipulación en las designaciones de funcionarios adictos al kirchnerismo, para formar una coraza contra las denuncias por corrupción. Dicen que pasó en casi todo el país, aunque Bahía Blanca se convirtió en un punto clave.

   Y aseguran que existió un agravante en el entramado local: no solo hubo nombramientos digitados en el Ministerio Público sino que creen que se registró "intromisión e interferencia" en el Poder Judicial, por la influencia para nombrar a un juez subrogante que "pisó" una causa que compromete a Lázaro Báez y la irrupción de personal "dependiente" que intimidó a los empleados no contaminados.

   Una gruesa carpeta con documentación partió hace algunos días desde nuestra ciudad y ya está en manos de algunos legisladores de la Bicameral.

   “La Nueva.” accedió a los informes y con esa base pudo reconstruir el tejido elaborado en el fuero federal de nuestra ciudad, que puede ser determinante para el desplazamiento de Gils Carbó.

   Los legisladores que conforman la comisión de evaluación ya escucharon los testimonios de distintos fiscales -de un lado y del otro de "la grieta"-, funcionarios y representantes gremiales. Se espera el comparendo, todavía sin fecha, de Gils Carbó. Había sido citada para el 18 de mayo pasado, pero esa audiencia se postergó y todavía no se reprogramó. Puede ser uno de los últimos pasos para alcanzar el dictamen respectivo, que no es vinculante pero sí referencia para lo sucesivo.

El inicio de una historia que aún no tiene final

   El 19 de octubre de 2014, el diario "La Nación" publicó que Lázaro Báez usó facturas truchas para evadir millones de pesos en impuestos y que actuó a través de una red integrada por empresas de Bahía Blanca. Al día siguiente se inició, en Buenos Aires, la causa N° CFP 10.451/14 (conocida luego como “Ficcadenti”), aunque en noviembre se declaró la incompetencia y el expediente pasó a Bahía Blanca.

   Los acusadores de Gils Carbó creen que, ya el caso en la ciudad, el fiscal Antonio Castaño solo pidió, como única medida de prueba, un informe genérico a la AFIP sobre las firmas Calvento S.A., Grupo Penta y Cía. S.A., Constructora Patagónica Argentina S.A. e Iberoamericana de Servicios S.A., todas bajo sospecha.

   El organismo, que conducía Ricardo Echegaray, ya había decidido para entonces bajar de categoría la dirección regional Bahía Blanca y dejarla con dependencia de Mar del Plata, con personal "afín".

   El 11 de febrero de 2015, el juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez aceptó la competencia del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía para entender en la causa remitida desde Capital y al mes siguiente se conocieron los nexos entre Báez, Leonardo Fariña y Juan Ignacio Suris.

   Martínez buscó impulsarla, pero dicen que no tuvo respuesta desde la fiscalía.

   El 8 de abril le corrió vista de la causa al fiscal Castaño y recién el 18 de mayo recibió respuesta, aunque sin requerimiento de instrucción. Como solo se solicitó algunas medidas de prueba, el juez corrió nueva vista y el fiscal general Alejandro Cantaro, al día siguiente, presentó la requisitoria, de manera escueta, como para salvar las formas.

   Casi al mismo tiempo, la procuradora nombró a los fiscales ad hoc Miguel Palazzani y José Nebbia (resolución MP Nº 407) que, pese a estar vinculados a los delitos de lesa humanidad, habrían buscado frenar el avance de la causa Ficcadenti.

   Con ese cometido presentaron numerosos "pronto despacho" y quejas por retardo de justicia ante la Secretaría de Derechos Humanos, sobre causas virtualmente "olvidadas", así como múltiples denuncias ante el Consejo de la Magistratura (entonces con mayoría kirchnerista) contra Martínez, una de las cuales, sin el proceso correspondiente y con resolución en tiempo récord, derivó en su desplazamiento del cargo, el 18 de junio de 2015, casualmente dos días después de una batería de allanamientos que había ordenado en la ciudad por la asociación ilícita fiscal.

   Veinticuatro horas después del apartamiento del juez bahiense, la procuradora nombró a Nebbia (resolución MP Nº 1839 del 19 de junio de 2015) como subrogante de la Fiscalía Nº 2, pese a que Castaño (titular de la Nº 1) podía cubrir esa función.

Un subrogante por otro subrogante, pero de Dolores

   El Consejo de la Magistratura -se cree que con la influencia de Gils Carbó- no solo corrió del camino a Martínez sino que nombró en su lugar a otro subrogante, pero procedente de Dolores (resolución CM Nº 131, del 20 de junio de 2015).

   Técnicamente, debería haber tomado ese lugar la doctora María Gabriela Marrón -hoy de licencia-, quien para entonces era titular del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía (había asumido el 18 de febrero de 2015). Sin embargo, se prefirió el traslado de Alejo Ramos Padilla, también exponente de la Asociación Civil Justicia Legítima que integra la procuradora.

   La documentación refleja que, como se suponía, Ramos Padilla puso el pie sobre la causa Ficcadenti y comenzó a hostigar a quienes fueron señalados por Palazzani y Nebbia, con el silencio de Castaño y de Alejandro Cantaro, fiscal federal general y también vinculado ideológicamente a Gils Carbó.

   "Lo primero que hizo fue pedir las causas Ficcadenti y Coleffi (en alusión a Álvaro Coleffi, procesado por revelar escuchas de la causa Suris) y luego se reunió con el abogado defensor de 2 de los imputados de la primera causa. Y después con los fiscales, en especial con Palazzani y Nebbia, con quienes se encontraba, por la tarde, en la secretaría de Derechos Humanos, en la calle Lamadrid", señala la documentación emitida, en base a testimonios.

   Luego -agrega el informe- "contra toda lógica investigativa", autorizó a los imputados a extraer copias de la documentación secuestrada; le remitió a la perito contadora de la Corte solo copia de algunas partes de la causa (pese a que la había pedido íntegramente para hacer su informe) y citó a indagatoria a solo 2 imputados (José Antonio Ferreyra y Denis Ariel Ferreyra), pero por evasión simple y no por asociación ilícita fiscal. Sin embargo, después dejó esos actos sin efecto. Luego concedió la eximición de prisión a esos imputados. Y los fiscales (acusadores por naturaleza) no apelaron.

Un auto oficial que fue chocado y abandonado

   Ramos Padilla salió públicamente a cuestionar la tarea de su antecesor y dijo que encontró un juzgado absolutamente desorganizado. Se mostró inflexible, de conducta intachable.

   Sin embargo, después de su renuncia -el 31 de diciembre de 2015, luego de que la Corte declarara inconstitucional la ley de subrogancias- se pudo acreditar que hacia fines de agosto de ese año había prestado uno de los autos oficiales (Renault Megane, patente HRL 350) a dos personas que para entonces eran ajenas a la planta del Juzgado Federal Nº 1. El auto fue chocado y abandonado en Tres Arroyos y no hubo comunicación oficial ni extraoficial a la Cámara Federal de Apelaciones, el órgano jerárquico superior.

   Luego se estableció que los ocupantes del coche eran Gustavo Puppo (secretario de Ramos Padilla en Dolores) y Leandro Massari, quien fuera pedido expresamente como empleado por parte de Ramos Padilla a Gils Carbó (pese a que no debería tener injerencia en el Poder Judicial), concretándose esa medida 5 días después, junto con Victoria Fraga, también de Justicia Legítima.

Los cargos contra Santiago Martínez fueron rechazados

   Con la salida de Ramos Padilla, y superada la notable tensión que se había generado en el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, el 6 de marzo de 2016, el Consejo de la Magistratura de la Nación -ya con otra composición que no contaba con mayoría kirchnerista- rechazó cada una de las 6 denuncias que habían motivado el desplazamiento de Santiago Martínez del juzgado, por supuesto entorpercimiento o demora en la investigación de delitos de lesa humanidad.

   Se tuvieron en cuenta los argumentos del exmagistrado, acerca de que, por el contrario a la denuncia, él manifestaba que las causas por hechos cometidos durante el gobierno militar no avanzaron por culpa de los fiscales.

   Según probó, eran ellos quienes no impulsaban acciones en relación a "una infinidad" de víctimas, que aparecían claramente mencionadas en hechos de lesa humanidad o que habían declarado solo como testigos.

   Entre las causas "Ejército" y "Armada", se pasaron de 179 víctimas que habían reunido los fiscales, a 1.040 que logró identificar el juzgado de Martínez, a partir de una profunda investigación y entrecruzamiento de datos que duró más de un año.

   De esa manera, y luego de un fuerte debate entre kirchneristas y no kirchneristas, se desestimaron las acusaciones contra Martínez.

Fiscales ad-hoc, una figura sin sustento legal

   Quienes acusan a Gils Carbó también atacan la designación de fiscales ad-hoc, como Palazzani y Nebbia, porque aseguran que esa figura no tiene encuadre legal.

   "Está completamente al margen de toda regulación normativa, desde que los fiscales ad hoc no deben cubrir ninguna fiscalía creada por ley, cosa que sí hacen los subrogantes, y tampoco son designados de acuerdo con el procedimiento legal (concurso, elección por parte del Poder Ejecutivo, acuerdo del Senado y juramento)", dijo un operador judicial.

   Por otro lado, se cuestiona que fiscales ad hoc, como Palazzani y Nebbia, cubran distintos cargos, no solo en nuestra ciudad sino en otros lugares (Palazzani es titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, con sede en la Capital).

   De hecho, al ingresar en el sitio web oficial del Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gob.ar), a través del buscador figura como una fiscalía autónoma la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, con asiento en Sarmiento 173 de nuestra ciudad y a cargo de Palazzani y Nebbia, ambos ad-hoc.

   En el medio de todo el controvertido panorama, que hoy parece disiparse, la causa Ficcadenti se mantiene con poco impulso, a más de 2 años de iniciada su instrucción formal en Bahía Blanca.

   El titular del Juzgado Federal Nº 1, Walter López Da Silva (asumió a fines del año pasado) se declaró incompetente y le giró las actuaciones a su par capitalino Sebastián Casanello, quien ya tenía a cargo la causa conexa, conocida como "La Rosadita", y otra por encubrimiento contra el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Sin embargo, Casanello también se inhibió de intervenir y ahora la resolución quedó en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

   Algunos especialistas judiciales opinaron que sería conveniente reunir todos los expedientes conexos, para retroalimentar la prueba y conformar un eventual cuadro de cargo más contundente, aunque uno de los que fijó postura en contra de la intervención de Casanello es el fiscal general Cantaro.

   En definitiva, La Cámara Federal bahiense tendrá la última palabra.

Julio Piumato: “Una agencia del gobierno anterior”

   En su declaración ante la Comisión Bicameral, la semana pasada, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, consideró "escandalosa" la actuación de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación y reclamó un mecanismo más transparente para la designación de fiscales.

Piumato estuvo más de una hora y media ante diputados y senadores y, en ese marco, consideró que Gils Carbó transformó "la Procuración en una agencia del gobierno anterior", en alusión a la gestión kirchnerista y a partir de los concursos de fiscales.

   El sindicalista reclamó el debate de una reforma a la Ley de Ministerio Público que contemple la aplicación de "un sistema de selección de fiscales similar al que existe en el Consejo de la Magistratura" dado que ahora -indicó- la designación de nuevos representantes del Ministerio Público, "como es unipersonal", depende "del decoro"

Alejandro Cantaro: Se trataron de remedios excepcionales

   El mismo día que prestó declaración Piumato, la comisión también escuchó algunas voces a favor de Gils Carbó. Entre ellas, la del fiscal federal de Bahía, Alejandro Cantaro, quien comulga con Justicia Legítima, integrada por la procuradora.

   Cantaro argumentó que las designaciones cuestionadas, en particular la de fiscales ad-hoc, fueron situaciones excepcionales que obligaron a Gils Carbó a adoptar remedios extraordinarios.

   Desde que se puso en marcha el cuerpo de legisladores, presidido por Graciela Camaño (Frente Renovador), ya asistieron los fiscales Carlos Rívolo, Guillermo Marijuán, José Campagnoli, Carlos Donoso Castex, Ricardo Sáenz, Germán Moldes y el exsubprocurador Luis González Warcalde, entre otros.

El fiscal general ante la Cámara del Crimen de la Capital, Ricardo Sáenz, confirmó que el dictamen de la comisión bicameral no es vinculante, aunque sí "un antecedente" y reconoció que es difícil el desplazamiento de la procuradora de su cargo, aunque no descartó su dimisión.

   "La única comisión del Congreso que puede iniciar un proceso de destitución es la de Juicio Político de Diputados, donde no estarían los votos de quienes quieren alejar a Gils Carbó, porque hay muchos legisladores del Frente para la Victoria. De todas maneras, como siempre digo, los funcionarios públicos terminan sus mandatos por destitución y también por renuncia, por jubilación o una serie de causales. Me parece que no se puede descartar el escenario de la renuncia, como muchas veces le han señalado desde el gobierno actual que debe dar un paso al costado", explicó Sáenz, consultado por La Nueva.

   El fiscal, que también es vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, es quien adquirió fuerte notoriedad hace poco más de un año, cuando dictaminó que a su colega Alberto Nisman lo asesinaron, en función de su rol como fiscal del caso AMIA.

   "Gils Carbó tiene una legitimidad de origen muy clara, fue elegida como manda la ley, con dos tercios de acuerdo del Senado, con la decisión de Cristina Kirchner como presidenta, pero creo que perdió legitimidad en el ejercicio, porque es la cabeza de un poder independiente y que se ha embanderado claramente con el gobierno que dejó el poder en 2015. Creo que sigue operando en la misma forma", sostuvo.

   Sáenz, así como otros de sus colegas, declaró ante la Bicameral.

   "Hemos expuesto las irregularidades en designaciones, en nombramientos, en traslados, en subrogancias que se prolongan en lugares clave, en violaciones de los acuerdos del Senado, porque el Senado daba acuerdo para determinado lugar y se trasladaba al funcionario a otro", dijo.

   En la misma línea, citó como ejemplos los casos de "(Carlos) Gonella, (Miguel) Palazzani, que es de allí y (Abel) Córdoba. También los fiscales de Goya, Corrientes; Victoria, Entre Ríos y Tartagal, Salta, que fueron designados para esos lugares, pero cambiados a otros lugares, a dedo".