El martes, el Ecofin (es decir, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea) aprobó los primeros 9.000 millones de euros de los 69.500 millones de ayudas que España tiene previsto recibir dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A final de año, si se cumplen una serie de requisitos obligados, recibirá otros 10.000. Y así, año tras año, hasta completar los 69.500 antes de 2023 de subvenciones directas y que pueden completarse, si así se solicita desde el Gobierno, con créditos por valor de otros 70.000 millones a los que tiene derecho España.

La recepción de fondos, en todo caso, implica la ejecución de las inversiones con los objetivos perseguidos de modernizar la industria y desarrollar la cadena de valor y abordar reformas, como la laboral y la de pensiones. Es decir, se necesita aprobar un examen semestral para recibir los fondos asignados en cada periodo. Si no, se congelarán o se reducirán en alguna medida, y los halcones del norte ya han avisado que estarán ojo avizor. Ello supone que las negociaciones del Gobierno con los agentes sociales en materia laboral (salario mínimo interprofesional, incluido) pintan como fundamentales para cumplir los hitos trazados.

Al mismo tiempo que se anunciaba esa primera partida, el Consejo de Ministros español aprobaba el primer PERTE (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) para impulsar la movilidad eléctrica en el sector del automóvil. Un total de 4.295 millones con los que piensa movilizar otros 19.700 millones de inversión privada y para lo que están llamados todos los fabricantes presentes en España. En ese sentido, el grupo Volkswagen se sumó en seguida para anunciar que implantará en España una fábrica de baterías, previsiblemente en Martorell (Barcelona), donde tiene la fábrica de Seat. La firma alemana cuenta con un acuerdo con Iberdrola para impulsar la movilidad eléctrica en sus fábricas españolas.

Un hito “histórico”, según la ministra de Industria, Reyes Maroto, que pasó de estar en las quinielas de salida del Gobierno en la reciente crisis a ser una de sus componentes estrella. Este domingo Maroto viaja a Estados Unidos para buscar la participación de empresas españolas en el denominado Jobs Plan para desarrollar las infraestructuras de dicho país. La también titular de Comercio y Turismo, que también venderá España como destino turístico y abrirá una delegación comercial en Nueva York, se entrevistará con cuatro secretarios de Estado y con representantes de compañías españolas interesadas, como Iberdrola, FCC y Repsol, así como con la Cámara de Comercio.

Con el citado PERTE se abre la espita. El Ejecutivo ha querido ser selectivo en esta primera decisión con uno de los sectores considerados clave para la recuperación y la transformación, la movilidad eléctrica. Además de la automoción verde, se centrará en desarrollar la generación energética mediante el despliegue del hidrógeno verde, la industria aeroespacial, la agricultura sostenible y eficiente, el uso del español en la inteligencia artificial y el desarrollo de un sistema nacional de salud puntero.

En este primer caso, y de ahí que se haya elegido para ser el pionero, se cumplen los pasos deseados: urgencia de encauzar la transformación tecnológica, alianza público-privada con participación de todos los operadores presentes en España, efecto tractor en industrias de componentes, telecomunicaciones, energéticas o empresas de logística y presencia de pymes.

A la espera existen hasta 750 manifestaciones de interés presentadas en Industria. Es decir, que muchos se van a quedar fuera aun a riesgo de que no se cumplan los objetivos de impulsar el tejido industrial y, sobre todo, las pymes. Pero la evidencia muestra que no hay para todos. Se trata, como recordó Maroto cuando se cerró la ventanilla de solicitudes, de “movilizar proyectos tractores en sectores estratégicos y sus cadenas de valor con amplio impacto sobre su competitividad, productividad y generadores de empleo, que contribuyan a la doble transición verde y digital y a la cohesión territorial”.

El número de solicitudes demuestra el gran interés de las empresas españolas en mejorar y crecer con las ayudas europeas y la colaboración público-privada, que se considera esencial para atacar cualquiera de estos proyectos de desarrollar la actividad en el ámbito industrial, la transición verde y la digitalización, de reto demográfico y lucha contra la despoblación. Según las previsiones, se pueden movilizar hasta 500.000 millones en grandes proyectos de modernización de la industria española. Además del sector automovilístico destacan agroalimentario, aeronáutico, espacio, turismo, economía circular, industria electrointensiva, papel, naval, fabricación de equipos electrónicos, espacio y retail.