El primer día de septiembre, la Corte ratificó el "no" a la audiencia pública por la ley que prohíbe el uso de ciertos químicos en la actividad minera, lo que generó ciertas expectativas en los empresarios del rubro para reflotar proyectos que, aseguran, están paralizados por la normativa. ¿Si la ley dejara de regir, qué se esperaría para Mendoza?

El presidente de la Cámara de Servicios Mineros, Carlos Ferrer, consideró que "la 7722 es una ley que traba a la minería de manera absoluta y sólo deja a las canteras. Si fuera declarada inconstitucional por la Justicia en forma inmediata se podría avanzar en el proyecto San Jorge que se podría hacer completamente en la provincia sin intervención de San Juan".

Otros de los proyectos que el empresario destacó fueron Hierro Indio, Cerro Amarillo (ambos en Malargüe), Paramillos (Uspallata), Sierra Pintada (San Rafael) y "no solo el tema del uranio, sino toda la minería metalífera sin trabas".

Mientras tanto, este miércoles se realizarán manifestaciones en toda la provincia a favor de la ley redactada en 2007 por el ex senador radical Walter Sáenz.

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Según Ferrer, quien desertó de su precandidatura a gobernador después del escándalo generado por una denuncia pública de su hija, la exploración sería inmediata. Como en 2004 y 2005 eran cerca de 25 las empresas interesadas en la actividad, el empresario consideró que esta repuntaría rápidamente y "generaría un shock de confianza para el resto de las inversiones en la provincia y no sólo en minería".

"Hay gente que opina en contra porque no tiene la información suficiente. Hoy con la tecnología que hay hay que exigirles a las empresas mineras una sustentabilidad real y se les puede exigir que utilicen la maquinaria adecuada para reutilizar y eficientizar el uso del agua, porque tienen el dinero para hacerlo", agregó.

"Se puede implementar un control ciudadano, ha llegado el momento de abrirle las puertas a la industria para que ella demuestre lo que reclama y lo que dice y dejar los tips especulativos", consideró el minero.