El diputado provincial del GEN, Jorge Santiago, pretende que las comunas bonaerenses emitan ordenanzas obligando a portar esas credenciales a taxistas, remiseros y colectiveros, por seguridad y para hacer una legislación que englobe “al Sistema de Transporte Público Provincial de Pasajeros”.
Al efecto, el diputado rojense presentó un Proyecto de Declaración, dirigido a la gobernadora María Eugenia Vidal, para que “a través del organismo que corresponda, convoque a los Municipios a que por medio de las ordenanzas pertinentes sienten legislación que procure mecanismos de identificación obligatorio de los conductores de taxis y remises, visiblemente colocados dentro de los vehículos”.
El actual vicepresidente II de la Cámara baja provincial considera que esas credenciales deben contener: Foto del conductor; Nombre y Apellido completo; Tipo y N° de Documento Nacional de Identidad; Inscripción en el Registro Público Provincial de Pasajeros, N° de Habilitación Municipal, Datos del titular dominial y/o Empresa, si correspondiera.
Santiago, quien representa en la Legislatura a los habitantes de la Segunda Sección bonaerense, fundamenta que el objetivo de esta iniciativa es “propender a la homogeneización de la normativa aplicable tanto a los conductores de taxis, remises, colectivos, etcétera; y teniendo en cuenta que para sentar legislación que englobe a todo el Sistema de Transporte Público Provincial de Pasajeros es menester, dada la jurisprudencia de competencia municipal y provincial, que los Municipios sean convocados a adherir al espíritu del presente Proyecto de Declaración”.
En la iniciativa se resalta que otro de los alcances es “asegurar a los usuarios”, todo lo cual redundará “en una mejora en la prestación del Servicio Público de Transporte, aportando protección al pasajero que tendrá a la vista dicha información identificatoria ante cualquier inconveniente que pudiere surgir”.
Santiago también recuerda que “el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, Ley 13.133, dentro de sus políticas de protección plantea entre sus objetivos el control de servicios públicos, la solución de conflictos y sanción de abusos, así como garantizar la eficacia de los mecanismos de recepción de quejas y atención al usuario”.
El proyecto finaliza haciendo hincapié en que el espíritu del presente proyecto “se sustenta en la importancia que tiene para los usuarios contar con dicha información, y en caso necesario denunciar irregularidades en la prestación del Servicio Público de Transporte ante la empresa o los organismos competentes, y así tomar conocimiento y actuar en consecuencia”.
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