Termina la segunda semana de julio y el proyecto de ley para crear un impuesto extraordinario a la riqueza no aparece. Una fuente con conocimiento del tema, consultada por este diario, dio a entender que los actuales no serían tiempos adecuados para su presentación en sociedad. "Seguimos esperando el momento", fue la respuesta, a la que agregó: "Cada vez falta menos".

Tampoco debe ser el momento en otros lugares del mundo ya que en ninguno se pudo aplicar una tasa especial, específica, por única vez, excepcional o de emergencia sobre la riqueza acumulada, sea personal o corporativa, para paliar el impacto de la pandemia de coronavirus en las cuentas fiscales.

En todas partes se sienten las presiones del establishment económico y político, que no acepta la posibilidad de que se establezca un tributo así ya que, además de implicar la entrega de una parte de su patrimonio al Estado, significa aceptar que el Estado imponga tributos a la riqueza antes de probar con la suba del IVA y de impuestos específicos a los servicios digitales que terminan siendo trasladados a los bolsillos de los consumidores. O que el Estado se endeude o que los gobiernos impulsen ajustes en la estructura pública. Esa misma presión existe en la Argentina, donde la oposición a este tributo atraviesa un extenso arco que va de los economistas ortodoxos de consulta habitual en las empresas a las entidades gremiales patronales y la oposición política.

Cándidos millonarios

Pocos días atrás 83 supermillonarios dieron a conocer un documento en el que clamaban "Por favor, grávennos. ¡Grávennos!" para sostener el gasto público en medio de la pandemia. Aunque los millonarios pidieron que el impuesto se aplicara "de inmediato", los receptores del documento, los ministros de Economía y Finanzas y los jefes de los bancos centrales de los países del G20, grupo del que es miembro la Argentina, no parecieron conmoverse mientras sostuvieron su encuentro virtual ayer. Su declaración final habla de seguir "coordinando los esfuerzos" para sacar al mundo de la parálisis económica, pero no menciona el tema.

El pedido de los "Millonarios por la humanidad" pone de relieve que no se ha podido aplicar el tributo que muchos planearon. Es el caso de Perú, donde su presidente, Martín Vizcarra, asegura que "no hay tiempo que perder" aunque pasaron tres meses desde la primera vez que planteó la posibilidad de aplicar el tributo. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno archivó dos semanas atrás un proyecto más amplio –el tributo también llegaba a las empresas– porque los parlamentarios le aseguraron que no lo votarían.

En los países más desarrollados, la situación es similar: las autoridades de Francia y Reino Unido siguen debatiendo si impulsarán su aprobación. En Estados Unidos ni siquiera forma parte de los debates de cara a las elecciones. Joe Biden, el opositor candidato demócrata, asegura que quiere elevar el impuesto a la riqueza pero como parte de un plan de recuperación económica cuyo horizonte todavía es lejano. La Unión Europea, que discute por estos días el destino de un fondo de 1,8 billones de euros, no tiene a este tributo entre las fuentes de ingreso ni ahora, para superar la pandemia, ni más adelante, para estabilizar las cuentas fiscales. Y más acá en el mundo, la Cepal, en su reciente informe "Salir del túnel pandémico", ni lo menciona.

En algunos círculos políticos del centroizquierda se observó que el pedido de los millonarios se aproximaba mucho a las moralejas del gatopardismo: cambiar algo para que nadie cambie. Es una crítica posible. Y hay otra, más recalcitrante, que apunta contra el hecho mismo de que se pretendan más impuestos. Fue lo que escribió Sergio Berensztein en el matutino La Nación anteayer al describir el planteo como propio del reino del revés o del realismo mágico, motivado por oscuros sentimientos: "Tal vez no puedan o les dé culpa disfrutar de sus fortunas", indicó.

Lógicamente, Berensztein rodea esta precisión con los conceptos económicos que suelen emplear los economistas muy vinculados al establishment: "Los inversores huyen en manada hacia destinos con reglas de juego claras y estables", "los países sensatos (y los no tanto) compiten por captar los flujos que migran de los destinos más turbulentos", "los seducen con bajos impuestos, seguridad jurídica e incentivos de toda índole". Se trata de una mirada global. En diálogo con la agencia Bloomberg, Jennifer Roeleveld, investigadora de impuestos en la Universidad de Ciudad del Cabo, dijo días atrás que se oponía a los llamados para que Sudáfrica imponga un impuesto a la riqueza porque "alejaría" a las personas. "Son muy portátiles", dijo sobre los ricos. "Simplemente sacarán todo del país".

Locos, pero no tanto

El mismo discurso se escucha en la Argentina. El G6, grupo que incluye a las cámaras empresarias de los banqueros y las finanzas, los comerciantes, los industriales, los constructores y los agronegocios, fue directo: "Los proyectos de crear nuevos impuestos al patrimonio y a las ganancias de las empresas (son) un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión". Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, fue enfático: la medida "es una locura que no va a servir para nada".

En la Argentina, el proyecto cuenta con el respaldo de las centrales sindicales y de los sindicatos. Héctor Daer, Hugo Yasky y Ricardo Peidró, titulares de la CGT, la CTA-T y la CTA-A, respectivamente, se han manifestado en diversas oportunidades a favor de la medida. El Fondo Monetario también es favorable a una medida así: a fines de marzo publicó un informe en el que proponía alternativas para mejorar los ingresos fiscales, entre ellas, un impuesto a la riqueza.

Pero a pesar de estos respaldos, el proyecto impulsado por los diputados oficialistas Máximo Kirchner y Carlos Heller, y que cuenta con el aval de presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, no aparece.

La izquierda parlamentaria, que presentó su propio proyecto (ver aparte), tiene una caracterización de la situación. Para la diputada Romina del Plá, del FIT-PO, la situación del planteo oficial "está directamente relacionada con la renegociación de la deuda y con la política del gobierno hacia los grandes sectores patronales y bancarios". La foto de las honras del 9 de Julio, con el G6 sentado al lado del presidente, podría darle sentido a esta visión. Del Plá observó, además, que la no aparición del texto oficial coincide con el inicio de una amplia moratoria impositiva y la promesa de un cambio tributario profundo. "Esto es muy contradictorio con un impuesto a la riqueza", dijo.

Una aplicación del tributo según lo que trascendió que propondría el oficialismo alcanzaría a 12 mil personas y recaudaría unos 3000 millones de dólares.

En todas partes se habla de la necesidad de que las sociedades salgan de la pandemia más equitativas que como entraron. Faltan medidas concretas para que los buenos deseos se hagan realidad.

En el Congreso ya hay una alternativa

El Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley propio. El impuesto alcanzaría a las fortunas personales de más de $ 100 millones, las ganancias extraordinarias de bancos y empresas, las grandes propiedades terratenientes y la tenencia de viviendas ociosas. Según sus autores, recaudaría 15 mil millones de dólares que se destinarían a reforzar el sistema de salud; a otorgar $30 mil por mes a los que no tienen ingresos; y construir 100 mil viviendas en un año. La diputada Romina del Plá detalló: "Son medidas que están planteadas por única vez porque tienen relación con la pandemia".