Suceden cosas tan inesperadas que superan la ficción probable. Varios senadores deslizaron que operadores experimentados de la SIDE comenzaron a trabajar con ellos y con algunos gobernadores; tratan de convencerlos de que deben dar el acuerdo de la Cámara alta para que el juez federal Ariel Lijo pueda acceder a la Corte Suprema de Justicia. Los servicios de inteligencia mezclados con la política y las instituciones han sido siempre un remedio que mató al enfermo. Pero resulta que Santiago Caputo, el hombre fuerte del Gobierno (ya hace rato que dejó de ser un simple asesor todoterreno), es ahora quien controla esos servicios que significan la perversión de las prácticas políticas. Caputo el joven lo resucitó políticamente, además, a Antonio “Jaime” Stiuso, la persona que durante más tiempo tuvo poder en la SIDE, hasta que se peleó con Cristina Kirchner por el pacto con Irán. Stiuso debió optar por un virtual exilio durante los últimos años de Cristina Kirchner, a quien había servido hasta haciendo operaciones mediáticas para desprestigiar a políticos opositores, a empresarios y a periodistas independientes. El poder de Stiuso regresó ahora, aunque él no tenga ningún cargo oficial en los servicios de inteligencia; su gente está ahí llevada de la mano de Santiago Caputo y de su vicario en la SIDE, Sergio Neiffert. Un reciente acto en la Escuela Nacional de Inteligencia, que depende de la SIDE, contó con la asistencia de varios conocidos youtubers que tienen una clara simpatía por el gobierno de Milei. YouTube y las redes sociales son la especialidad de la casa en la geografía del más poderoso de los Caputo.

Según preocupados funcionarios del Gobierno, un amigo con cargo oficial de este asesor serial les pidió a los dos candidatos a jueces de la Corte Suprema, Manuel García-Mansilla y el propio Lijo, que firmaran un acordada sin fecha. García-Mansilla no firmó y la firma de Lijo que exhibieron parecía falsa. Pero ¿cómo podrían firmar una acordada como jueces de la Corte quienes no son todavía jueces de la Corte? Ese funcionario oficial que sirvió de intermediario, y que sabía que estaba cometiendo una insolencia institucional, les explicó que la acordada en cuestión fue un pedido del juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, padrino político de Lijo. La acordada disponía que la presidencia de la Corte la ocuparía de inmediato el juez más antiguo del tribunal y luego rotaría entre los otros jueces supremos, según la antigüedad de cada uno. Eso significaba que el propio Lorenzetti se haría cargo en el acto de la presidencia de la Corte. El juez más antiguo en funciones es Juan Carlos Maqueda, pero este no podría aceptar el cargo porque en diciembre cumplirá 75 años y se jubilará. Después de Maqueda, el juez con más tiempo en el tribunal es Lorenzetti. El mandato de la actual conducción de la Corte (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como presidente y vicepresidente primero, respectivamente) vencerá el 30 de septiembre. La Corte estará en condiciones de elegir –o de reelegir– sus autoridades a partir de fines de este mes.

La idea de una presidencia rotativa es un viejo proyecto que prohijó Lorenzetti en la política. Hace tres años, cuando el tribunal estaba a punto de elegir a sus actuales autoridades, los diputados Emiliano Yacobitti y Cristian Ritondo presentaron un proyecto de ley para que el juez más antiguo se hiciera cargo de la presidencia del tribunal. En ese momento le hubiera tocado a Maqueda porque todavía su jubilación estaba lejos. Pero tanto los políticos como algunos jueces descontaban que Maqueda no aceptaría el cargo porque muchos veces había deslizado que no quería esas funciones. Sin embargo, Maqueda, que intuyó que se incubaba una maniobra con malas intenciones, anunció en el acto que si el proyecto se aprobaba aceptaría la presidencia de la Corte. Lorenzetti debería esperar. Un escándalo político explotó cuando se conoció ese proyecto. Ritondo retiró de inmediato su firma. El radical Yacobitti no retiró nunca la suya; este tiene buenos lazos de amistad con Enrique “Coti” Nosiglia, que conserva, a su vez, una relación política con Lorenzetti. Con tales antecedentes es fácil deducir que la actual propuesta nonata de acordada procuraba lo mismo que aquel proyecto, pero por otros caminos: la presidencia de Lorenzetti.

El texto de la acordada disponía también la supresión definitiva del cargo de vicepresidente de la Corte Suprema, supuesta decisión que se entendió como un tiro por elevación al juez Rosenkrantz, quien ocupa actualmente ese cargo. Rosenkrantz fue el primer juez que despojó a Lorenzetti de la presidencia del tribunal. La acordada disponía igualmente el relevo de los secretarios letrados de la Corte. Como entendió un reconocido jurista, esa acordada significaba en los hechos un golpe de Estado contra uno de los poderes constitucionales del país. Es muy probable que Milei ni siquiera haya estado en conocimiento de esa resolución que terminó por no existir. Y también es probable que los poderosos funcionarios que la vehiculizaron no hayan sido conscientes de la magnitud del desquicio institucional que estaban provocando. A Milei lo atraen muy pocas cosas además de la economía. “Puede quedarse hablando cuatro horas con el ministro de Economía, pero empieza a bostezar a los cinco minutos de una conversación política”, describen a su alrededor. Tanto es así que el juez Lorenzetti, el único miembro de la Corte que frecuenta al Presidente, leyó y estudio con absoluta devoción los libros sobre la escuela austríaca de economía para poder tener largas y amenas charlas con el jefe del Estado. Milei no cambió la actitud del Ejecutivo con la Corte; de hecho, todavía no cumplió, de acuerdo con lo anunciado por Caputo el tío, con la resolución de la Corte que le devolvió a la Capital la coparticipación que le había sacado Alberto Fernández. Ni el presidente peronista ni el presidente libertario acataron, hasta ahora, la decisión del máximo tribunal. ¿Cuándo entenderá el poder político que las resoluciones de la Corte Suprema no son de cumplimiento optativo? Deben ser acatadas. Sin discusión.

Caputo el joven se presentó súbitamente el jueves último en la reunión de gobernadores “amigos” (que fueron elegidos por lo que fue Juntos por el Cambio) con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Estaba vestido como si fuera a un recital de rock –todos los otros llevaban saco y corbata–, y les planteó que “está el problema de la Corte”, pero no abundó. El problema de la Corte, ya sabemos, es el acuerdo senatorial para Lijo. A los gobernadores los puede atraer un mensaje sobre los riesgos de la gobernabilidad (porque estaría en juego la de ellos) o uno sobre las ventajas económicas para todos de un proyecto determinado. Les importa poco y nada, en cambio, quién será un nuevo juez de la Corte. Si Milei se aburre con los temas políticos, los gobernadores se aburren con las cuestiones judiciales. Muchos de ellos no están dispuestos a jugar parte de su capital político por el acuerdo a un candidato como Lijo, tan cuestionado, tan lejos de los estándares intelectuales y morales de un magistrado de la Corte Suprema. El hombre fuerte del Gobierno les reclamó al mismo tiempo que lo ayudaran para que el decreto de necesidad y urgencia que dispone 100.000 millones de pesos más para la SIDE fuera aprobado por el Congreso. Ese enorme volumen de dinero tiene dos objeciones muy serias: son recursos del Estado que se pueden gastar sin rendir cuentas. Y el favor se lo pedía a gobernadores que no reciben desde hace meses el dinero que les corresponde a sus provincias. “¿Y la nuestra para cuándo?”, le respondieron al joven Caputo varios mandatarios.

Mauricio Macri también habló de ese Caputo delante de Milei durante las cuatro horas de reunión. Y habló con franqueza y sin elipsis. El omnipresente asesor presidencial es sobrino de un íntimo amigo de Macri, Nicolás “Nicky” Caputo, pero eso no lo calló. Macri describió, según trascendió, la expansión de poder de Santiago Caputo por todos los rincones y covachas del Estado. Luego, el expresidente aludió al joven Caputo, entre otros aunque sin nombrar a ninguno, en sus declaraciones públicas, cuando dijo que Pro, su partido, había ayudado al Gobierno “a pesar del entorno”. Es el mismo Caputo enfrentado duramente con la influyente ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien no admite recibir órdenes de alguien que no tiene un cargo oficial en el Estado; solo es un contratado en condiciones de monotributista. “Las decisiones las tomamos los que tenemos firma y somos política y administrativamente responsables de nuestras decisiones”, la escucharon decir a la ministra Pettovello. Pettovello y el joven Caputo libran una batalla entre iguales; los dos tienen una influencia parecida ante el Presidente.

Macri le propuso a Milei un acuerdo para que converjan la experiencia con la microeconomía de sus exfuncionarios (le habló de cómo funcionaron los aeropuertos, las autopistas o los organismos del Estado durante su gestión) y la exitosa experiencia del actual gobierno con la macroeconomía, sobre todo con las cuentas públicas y la inflación. “Te podes enojar con esta reunión”, le anticipó Macri al principio del encuentro. “Nunca me enojaré con vos, Presi, porque te aprecio mucho”, le contestó Milei. Pero Macri le dijo (o le deslizó entrelíneas) que la microeconomía de Milei no está funcionando en los hechos y que eso podría alejarlo de la simpatía social. Entre ellos siempre hay acuerdos. El problema es que esos acuerdos se traban cuando llegan a los funcionarios que están debajo de Milei. “El delivery no funciona después de que ellos se ponen de acuerdo”, resumió un funcionario que los conoce a los dos. Los responsables del delivery son la hermanísima Karina Milei y el poderoso Santiago Caputo. ¿El problema es el delivery? Lo es solo en parte. La novedad más importante se esconde detrás de la espectacular reaparición de los servicios de inteligencia. Nunca es el fin de nada.