A dos años de la polémica que enfrentó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) con la Legislatura, por el intento del alto tribunal de aplicar un plan piloto que modificaba la investigación penal preparatoria, la labor de la comisión de reforma del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) está llegando a su fin.

Mañana a las 18, el equipo de trabajo integrado por representantes de los tres poderes y de los abogados colegiados se reunirá en la Legislatura. El legislador alperovichista Ramiro González Navarro, presidente de la comisión, señaló que es una de las últimas etapas en la previa al tratamiento parlamentario del anteproyecto para el nuevo CPPT.

La labor conjunta comenzó el 4 de julio de 2013, algunos meses después de que se frustrara el inicio del plan piloto para el proceso penal que impulsaba la Corte Suprema. Tras la polémica -el oficialismo de la Cámara aducía que el alto tribunal se estaba atribuyendo potestades legislativas-, se conformó un equipo que entonces encabezaba el oficialista Marcelo Caponio (dejó la comisión tras asumir como funcionario del PE, y fue reemplazado por González Navarro). Completan el equipo de trabajo titular: por la Legislatura, los oficialistas Guillermo Gassenbauer, Regino Racedo, el radical Ariel García y el massista Gerónimo Vargas Aignasse; por el Poder Ejecutivo, el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, y el secretario de Seguridad, Paul Hofer; por la Justicia, el camarista penal Santiago Caramuti, la ex vocal Ana Lía Castillo de Ayusa, y el fiscal de Instrucción Edgardo Sánchez; y por los abogados, Francisco García Posse (Capital) y Ángel Fara (Concepción).

Ellos estarán convocados para la revisión del anteproyecto de ley, con la intención de que pase a ser tratado por las comisiones permanentes de la Legislatura. Según fuentes del cuerpo colegiado, la reforma podría ser tratada y aprobada antes de que finalice la gestión del gobernador José Alperovich. Sin embargo, agregó el informante, la posible aplicación del nuevo CPPT, semejante a la aprobada por el Congreso de la Nación, podría tardar varios meses, pues se apunta a una modificación normativa, funcional (incluye cambios en el aspecto institucional) y administrativa (replanteo de funciones).

González Navarro explicó que uno de los criterios consensuados en la comisión consiste en la selectividad de la actuación del fuero penal en la investigación. “La operatividad real del sistema exige establecer cuáles son las conductas delictivas que habrán de perseguirse hasta ser llevadas al juicio. Sin una ponderación selectiva de esas conductas, teniendo en cuenta la limitación de recursos, el sistema se tornaría decididamente atentatorio contra una política criminal creíble, con miras a desalentar la impunidad de los poderosos y la mirada positiva de la ciudadanía”, detalló. Y agregó: “la organización que propone el proyecto en unidades especializadas, la lucha contra el crimen organizado o no, a cargo del fiscal con la colaboración de la Policía Judicial con su cuerpo de investigadores altamente capacitados y entrenados para ese fin, se podría obtener resultados más rápidos. Sin duda que este es el gran desafío”.

El CPPT vigente fue redactado en 1991. En esa normativa se diferencian la etapa de investigación del hecho (instrucción), y el posterior debate oral y público del expediente escrito (juicio). El proyecto, según González Navarro, se asienta en la oralidad -con expedientes desformalizados-, en la selectividad -para que los delitos de penas menores tengan resolución rápida en audiencias de mediación o conciliación, entre otras formas de tratamiento de conflictos-, y en la atención a la víctima, entre otras novedades. También será relevante la etapa intermedia. “Esta va a permitir el el control del requerimiento fiscal. Permitirá la posibilidad de ejercer la defensa y la decisión del juez de Garantías en una sola audiencia, que no demandará más de cinco días desde que el fiscal ponga en conocimiento de la defensa su requerimiento, pudiendo las partes ofrecer y producir prueba de descargo en la misma audiencia. En ese acto, el juez decidirá sobre la validez o no de la acusación fiscal, disponiendo en caso positivo la apertura del juicio”, indicó González Navarro.

Con todo esto, la comisión pretende lograr algo que reza el actual CPPT, pero que en los hechos no se consigue en la mayoría de los casos: que ni las pesquisas en causas complejas superen los tres años sin una sentencia.