El proyecto que declara de interés nacional el desarrollo de la industria satelital y de interés público el Plan Satelital 2015-2035 ingresó ayer a la Cámara de Senadores. La iniciativa establece que la mayoría accionaria de la empresa Arsat no podrá venderse salvo por una autorización del Congreso, aprobada con una mayoría especial de dos tercios. A su vez, todos los recursos establecidos en la ley Argentina Digital que involucren a Arsat también deberán contar con una mayoría agravada para ser modificados. La norma indica que la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicación (Aftic) gestionará ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones otras posiciones geoestacionarias, ya que el objetivo del plan es construir ocho satélites más en los próximos 20 años. La inversión estimada es de 1200 millones de dólares con una tasa de retorno interna de 11,0 por ciento, según especifica en el plan de negocios presentado como anexo al proyecto de ley.

La empresa Arsat fue creada por ley en abril de 2006. Resultó la antesala de la carrera satelital que comenzó un año después cuando el Estado expropió los activos de la empresa privada Nahuelsat, por los incumplimientos en sus inversiones que pusieron en peligro las posiciones orbitales asignadas a la Argentina por la UIT. Actualmente, Arsat articula la puesta en órbita de los satélites geoestacionales, lleva adelante el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre y gestiona la Red Federal de Fibra Optica, además de funcionar como Data Center.

El plan de fabricación de ocho nuevos satélites hasta 2035 contempla una migración en los sistemas de propulsión –de químicos a eléctricos– y un mayor proceso de integración local y regional. Dos satélites más se construirán con la plataforma Arsat-3K (la actual), cuatro satélites Arsat-3H de plataforma híbrida (igual peso y doble de potencia) y dos satélites Arsat-3E de plataforma full-electric. Estos últimos reemplazarán los dos equipos ya puestos en órbita.

En cuanto al mercado de contenidos, “se prevé la comercialización de nuevos servicios tales como redes corporativas y de gobierno a través de VSAT, banda ancha satelital, distribución de TV directa al hogar”, entre otras prestaciones.

“Resulta apropiado declarar el desarrollo de la industria satelital como política de estado y de prioridad nacional, en lo que respecta a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones... El Plan 2015-2035 resulta consecuencia ineludible de los logros obtenidos en estos últimos años”, puede leerse en los fundamentos del proyecto.

En 2005, la creación de Arsat también había ingresado por la Cámara alta, sancionada definitivamente en abril del año siguiente por Diputados. La media sanción en el Senado ocurrió el 28 de septiembre, con el rechazo de todo el bloque radical. En aquel momento, Ernesto Sanz reclamaba que el Estado llamase a licitación pública para que fueran capitales privados los que pudieran hacerse cargo de la ocupación de las posiciones geoestacionarias asignadas por la UIT.

Otro eje importante del proyecto de ley es la transferencia de las frecuencias de 4G. En 2012, luego de que fuera declarado desierto un concurso para distribuir espectro de 3G, el Gobierno había decidido destinar esas bandas desiertas a la empresa Arsat, pero la idea no prosperó ya que era mucha la inversión en infraestructura necesaria. Pero el escenario volvió a cambiar tras quedar nuevamente desierto un concurso ganado por la empresa Arlink, del Grupo Vila-Manzano, que pretendía ofrecer 3G y 4G. Como no pagó el canon establecido, el Poder Ejecutivo dio de baja el concurso.

El Grupo Clarín aprovechó la situación y casi al mismo tiempo anunció la adquisición de Nextel, con la pretensión de poder concursar por el espectro que estaba destinado a Arlink. Tras el anuncio de la Presidenta, Arsat gestionará esas bandas de 4G, por lo que se vuelve al proyecto original de que la empresa estatal sea una proveedora directa de telecomunicaciones, al mismo tiempo en que se obturaron las pretensiones de Clarín de ingresar en ese mercado.

La nueva iniciativa establece que los servicios que se ofrezcan sobre las frecuencias de 4G deberán ser efectuados junto a municipios, cooperativas y sociedades nacionales y provinciales con participación estatal mayoritaria. “Se deberán priorizar las aplicaciones de protección pública atendiendo las zonas de mayor vulnerabilidad, entre las que se contemplan cámaras de seguridad. También podrá desplegarse banda ancha en última milla, extendiéndose el alcance de la Red Federal de Fibra Optica, ampliándose el acceso a Internet de banda ancha para fortalecer la inclusión digital”, sostiene la iniciativa.