Por la complicada situación fiscal en general, las provincias no aportarán dinero fresco para justificar su ingreso en la mayor petrolera del país. En cambio, utilizarán como moneda de cambio su potestad para fijar los plazos que duran las concesiones petroleras. En diálogo con el medio nacional La Nación, el salteño Juan Manuel Urtubey reconoció: “No hablé de plata con nadie”, de manera que también tiene previsto hacer otro tipo de concesiones a la empresa estatal. Fue durante la inauguración, el jueves pasado, de la ampliación de la refinería de YPF en Ensenada, donde acompañó junto con el resto de los mandatarios provinciales a la presidenta Cristina Kirchner. Allí firmaron el acuerdo macro que tienen previsto implementar en no más de tres semanas.

Formosa no será la excepción a esta actitud ya que en el lenguaje petrolero, el valor de una empresa lo constituye mucho más su capacidad de producción de hidrocarburos, los plazos de sus concesiones y su capacidad para extenderlas antes que sus edificios, vehículos o maquinarias.

Por eso la extensión de licencias para explotar los yacimientos es un movimiento estratégico para ambos lados del escritorio: si bien los gobernadores se ahorrarán cualquier tipo de erogación, YPF consolidará su mayor activo, a tal punto que podría mejorar su perfil económico y financiero.

Instrumentos

La instrumentación será a través de acuerdos bilaterales entre cada una de las provincias y la Nación. Los gobernadores dueños del petróleo se pusieron de acuerdo en los criterios que utilizarán para repartirse cerca del 25% de la empresa.

En primer término, se tomarán en cuenta las reservas, y en segundo lugar, la producción. Eso arroja, según los borradores que manejan sus equipos, que Neuquén se quedará con la mayor porción de las acciones, seguida por Chubut, Santa Cruz y Mendoza.

La ley de nacionalización de YPF establece que un 51% de la empresa quedará en manos del Estado. De esa porción, un 49% deberá pasar a manos de las provincias productoras de hidrocarburos. Es un 25% de la empresa.

Se trata de una iniciativa que interesa por igual tanto al presidente y CEO de la compañía, Miguel Galuccio, como a los gobernadores, si bien por motivos diversos. El primero considera que la normalización societaria de la empresa es un paso impostergable para comenzar a recomponer su imagen en el mundo de los negocios y, en especial, de las finanzas, mientras que los segundos comenzarán a notar cómo se materializa el esfuerzo político que realizaron con el apoyo a la nacionalización.

El final del camino arrojará una composición heterogénea para el capital de YPF: el gobierno nacional y las provincias se quedarán con el 51%, la española Repsol mantendrá el 11,8%, el magnate mexicano Carlos Slim retendrá el 8,4%, un 3,6% se lo quedará el banco brasileño Itaú y el resto quedará en manos de inversores atomizados.