El Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo vivió una jornada que tuvo cierto tufillo épico, casi fundacional. Fue la noche en la que el Gobierno de San Luis pudo comprobar que la cruzada que inició contra Ecogas, la distribuidora de gas que tiene la concesión para la región de Cuyo y que viene rechazando sistemáticamente abrir el juego y sumar nuevos usuarios, tiene amplio respaldo político, empresarial y popular.

El Gobierno sintió que la cruzada contra Ecogas tiene amplio respaldo político, empresarial y popular.

Una multitud colmó el principal recinto de actos de la casa de gobierno, al punto que también quedó chico el amplio pasillo de entrada. En primera fila estuvieron ministros y funcionarios, a un costado los 28 oradores que se habían anotado para contar peripecias propias y ajenas referidas a la falta de conexiones a la red y más atrás, parados y sentados, gente común con sus pancartas e inquietudes. Un simple paneo permitió observar banderas de La Florida, Concarán, El Durazno, Merlo, Estancia Grande, Riocito, Juana Koslay, El Trapiche, Quines, el barrio 500 viviendas de San Luis, Los Molles, Beazley y Naschel, entre otras. Muchos llegaron movilizados por las intendencias, pero otros lo hicieron por decisión propia, preocupados porque tienen la cañería de gas en la puerta de la casa y el fluído se hace desear.

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Eduardo D'Onofrio, ministro de Gobierno y encargado de abrir la asamblea, dijo que son más de 20 los municipios que tienen red pero no servicio, "casi 10 mil familias, 40 mil vecinos y comercios", estimó. A su lado estaba Darío Crivello, el jefe del Subprograma Defensa del Consumidor, encargado de canalizar los reclamos. Porque el Gobierno ya inició una avanzada legal contra la distribuidora, pero ahora va a redoblar el reclamo con el apoyo de la gente. Por eso habilitó una mesa en la entrada y recolectó firmas a través de un formulario que había que llenar por triplicado, en el cual los interesados debían poner sus datos y los de la denunciada, además de una descripción de los hechos que motivan el reclamo. Por la cola que se formó, fueron muchos los que adhirieron a la acción del Gobierno.

El próximo paso, según aclaró D'Onofrio, será llevar un reclamo al Ente Regulador del Gas, que debe controlar el desempeño de la distribuidora, al que se sumará una copia para Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal. Por vía paralela Gobierno y vecinos irán por la vía judicial, un trámite que seguramente correrá por cuenta de la Fiscalía de Estado.

Cada expositor tenía tres minutos, que eran controlados por el propio Crivello, quien avisaba cuando se estaba por vencer el tiempo. Hubo excepciones al principio y al final, ya que María Celia Molina, jefa del Programa Infraestructura Energética; y Luis Lusquiños, titular de San Luis Energía, excedieron largamente esa limitación por tratarse de funcionarios directamente involucrados en la distribución del gas.

Molina aseguró que "el 80% de la provincia está en condiciones de acceder al gas natural por obras que hizo el Gobierno, pero se necesita factibilidad para ejecutarlas y es lo que no está brindando Ecogas". Las críticas a la distribuidora fueron una constante, y en el caso de la funcionaria avalada por números y documentos. "Hace 20 años existe un acuerdo por el cual San Luis costea obras de expansión y Ecogas las inspecciones, así hicimos gasoductos en el Valle del Conlara, Potrero, La Punta, Merlo, Villa Mercedes y los últimos en la costa del Comechingones y El Volcán. Pero esta empresa últimamente desaprueba las obras, pide modificaciones a su conveniencia o directamente no contesta", apuntó la funcionaria.

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En el mismo tono se escucharon quejas de gasistas matriculados, intendentes (hablaron Jorge Melano de Justo Daract y Sandra Altamirano, de Los Molles), legisladores, empresarios, sindicalistas y vecinos de a pie. El objetivo es uno solo: que Ecogas cumpla o se vaya.