La Fiscalía de Estado otorgó un poder especial para que un abogado particular represente al Gobierno en la causa penal que se inició contra tres sindicalistas.
La Fiscalía de Estado le otorgó un poder especial al abogado particular José Ignacio Gerez, para que se constituya como querellante. La presentación se realizó el 28 de julio y dos días después el juez hizo lugar al planteo.
La causa penal que tiene como imputados a Juan Alberto Calfín, Gerardo del Río y Alberto Carrasco se inició por la intervención de oficio del fiscal adjunto Adrián De Lillo, quien denunció a los sindicalistas por el delito de entorpecimiento de los medios de transporte.
La denuncia la promovió el fiscal adjunto a partir del corte que protagonizó el 15 de julio un grupo de entre 20 y 25 personas, que responden a la AEC de Bariloche. De hecho, la amplia mayoría de los manifestantes eran oriundos de la vecina ciudad.
El corte se prolongó hasta el 16 de julio y provocó enormes trastornos a los turistas y a los residentes que tienen paradores en el Cerro Bayo y que pugnaban por ascender al centro de esquí.
El titular de la AEC, Walter Cortés, quien estuvo en las dos jornadas de protesta, no está imputado. Los sindicalistas reclamaban una equiparación de los salarios de los trabajadores de Cerro Bayo con los de Catedral Alta Patagonia, en Bariloche, y una serie de planteos laborales. También el aporte del 5 por ciento para la mutual del gremio.
El juez ordenó el desalojo el 16 de julio y el procedimiento lo realizó la Policía sin inconvenientes, porque los gremialistas se marcharon pacíficamente.
La Provincia advirtió en la presentación que el corte de ruta es un “delito que atenta o pone en riesgo la seguridad pública”. Afirmó que afecta intereses del Estado “como el turismo”
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