El gobierno provincial anunció que, tal como ocurrirá con Epec, tiene previsto salir al mercado durante 2014 para tratar de refinanciar bonos de deuda por casi 600 millones de dólares que tienen vencimiento en 2017. Así, el Ministerio de Finanzas que conduce Angel Mario Elettore buscará estirar los plazos de pago pero, fundamentalmente, reducir las tasas de interés, que fueron acordadas en un elevadísimo 12,5 por ciento anual en dólares y que hoy se ubican entre el 3 y el 5 por ciento. Si se suman las cifras de la administración central a las de Epec, la Provincia intentará canjear deuda por unos 7.800 millones de pesos.

El dato surgió ayer en la Unicameral, durante la reunión que la comisión de Economía mantuvo con los secretarios de Administración Financiera, Silvina Rivero, y de Ingresos Públicos, Luis Domínguez.

Como el tema a tratar era el proyecto de presupuesto para 2014, que ingresó formalmente el viernes pasado, se esperaba la presencia del propio Elettore. Sin embargo, el hombre que conduce la economía cordobesa desde hace 12 años no apareció por la sala Regino Maders. Envió, en cambio, a dos de sus funcionarios de confianza.

Los secretarios comenzaron describiendo qué pasó con las cuentas de la Provincia en los últimos diez años y después desglosaron el presupuesto de ingresos y gastos y el incremento de impuestos definidos para el próximo año. Rivero señaló que en la última década los ingresos totales siempre superaron a los gastos, con lo cual fue reforzándose la situación financiera de la Provincia. Detalló que en 2012 el superávit financiero fue de 1.200 millones de pesos, mientras que trepará a 1.400 millones este año. Para el 2014 está calculado que el superávit sea algo menor, $ 943 millones, a pesar del fuerte incremento de impuestos que definió el gobierno.

Uno de los distintivos del año próximo, indicó la funcionaria de Finanzas, es que habrá un notorio crecimiento de las inversiones en obras públicas, que pasarán de casi $ 3.400 millones a 6 mil millones. La prioridad, en ese sentido, será la construcción de las autovías.

En contra de lo que venía planteando la oposición, los funcionarios de Finanzas aseguraron que la deuda cordobesa se viene reduciendo en los últimos años, tanto la consolidada como la de corto plazo, y agregaron que será más manejable aún con la refinanciación.

El radicalismo, más precisamente el legislador Rodrigo De Loredo, inquirió con respecto al perfil de deuda del estado cordobés, que fue acentuando en los últimos años la toma de pasivo en dólares. De Loredo preguntó si no es una estrategia riesgosa ante la devaluación incluso oficial del peso y si la Provincia no terminó avalando tasas demasiado elevadas al aceptar un 12,5% anual en moneda extranjera. Rivero detalló que cuando se tomó ese pasivo, eran las condiciones del mercado que existían. Y detalló que ahora el gobierno saldrá a hacer un canje de deuda para conseguir condiciones más ventajosas. La funcionaria indicó que no habrá cambios significativos en los plazos –el Boncor vence en 2017 pero con pagos mensuales o semestrales de intereses- sino que habrá un alivio significativo en la tasa de interés, que se reducirá casi en dos tercios. De los 596 millones de dólares que se canjearán, 100 pertenecen a la administración central del gobierno, y el resto a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, un discutido organismo que tiene la misión de captar fondos externos pero que, en realidad, se ha convertido en una especie de ministerio paralelo que contrata obras públicas sin los controles del resto de las dependencias.

- ¿No sería mejor buscar un financiamiento en pesos en este contexto?, preguntó De Loredo.

- Sí, sería mejor. El problema es que no existe en el mercado nadie que acepte prestar pesos a mediano o largo plazo -dijo la secretaria de Administración Financiera.

Más allá del análisis de los datos y del presupuesto, hubo algunos encontronazos entre

oficialistas y opositores. Uno de los principales fue motivado por la tasa vial, el impuesto a los combustibles que la Provincia cobra desde el 2012 y que aumentará hasta un 35% el año próximo. El radicalismo cuestionó que el gobierno supere la pauta inflacionaria al elevar la tasa. Los funcionarios replicaron que lo único que hizo el gobierno fue equiparar el impuesto a las naftas con el poder de compra que tenía en septiembre de 2012, cuando fue creado. Señalaron que el 32% promedio que aumentará abarca 16 meses y no 12, con lo cual la porcentualidad prevista no supera el 25% de inflación calculado en el presupuesto provincial.

Aurelio García Elorrio, legislador de Encuentro Vecinal, cuestionó duramente la política impositiva del delasotismo con respecto al campo. “¿Cuánto hace que no se actualiza el valor de la tierra?”, preguntó. Domínguez admitió que el valor fiscal de los campos sigue siendo el mismo desde 1993 pero los legisladores Ricardo Sosa y Carlos Gutiérrez agregaron que se subvalúan los campos para evitar que la Nación recaude más fondos entre los productores cordobeses. “¿Por qué no protegen a todos los ciudadanos de los disparates que pueda generar la Nación? Por qué concentran ese argumento en el campo. A mí me parece que lo hacen para cuidar sus votos”, dijo García Elorrio y levantó las protestas del justicialismo.

El jefe del radicalismo, Eduardo Yuni, cuestionó al gobierno por cambiar la ley que define la forma en que se controla el gasto. Apuntó, principalmente, a las agencias y organismos descentralizados, que ahora no deben pasar por el Tribunal de Cuentas a pesar de que concentran la mitad del presupuesto oficial. La secretaria de Administración Financiera planteó que, en realidad, las agencias tienen más controles que los demás organismos. La respuesta no convenció a los opositores.

Por su parte, el legislador del Frente Cívico, Ricardo Fonseca, acusó al gobierno de desviar el destino de los fondos que deberían ser dispuestos exclusivamente por entes descentralizados como, por ejemplo, el Apross. Según Fonseca, el gobierno puede pagar los sueldos en tiempo y forma porque usa temporariamente recursos que corresponden a otras dependencias. “Ese tipo de maniobras no está permitido por la ley. Tengo datos del Bancor de que se usaron fondos de otras dependencias por más de $4.300 millones”; indicó. La funcionaria aseguró que los fondos se usan con el destino que tienen; para Fonseca esa respuesta significó la confirmación de sus sospechas.

Luis Domínguez, de Ingresos Públicos, detalló los aumentos impositivos previstos para el año próximo –los ya anunciados por Elettore y que son del 28% promedio para el Inmobiliario Rural y el Urbano y de hasta el 35% en la tasa vial- pero agregó que, en Ingresos Brutos, donde no se aplicarán variaciones en la alícuota, habrá una serie de acciones para atacar la evasión. La principal estará basada en “presunciones”. La Policía Tributaria actuará, por ejemplo, cuando se cierre una operación inmobiliaria que está ostensiblemente por debajo de los valores de mercado, o cuando se detecte un depósito bancario que no pueda justificarse con las ventas declaradas de un comercio. Además, para controlar los alquileres de los negocios, hará un mapeo con los valores promedio. Así detectarán posibles subfacturaciones.

Después del debate de ayer, la intención del oficialismo es emitir rápidamente un dictamen favorable para que el presupuesto 2014, que contempla gastos por $44.600 millones y que implica un crecimiento de casi el 36%, sea aprobado sin demoras.