Desde diciembre mismo del año 2015, la gobernadora María Eugenia Vidal ha sostenido una política similar a la de quien fuera su referente nacional, Mauricio Macri, respecto al achicamiento del Estado. En este sentido, el gobierno bonaerense se lanzó de lleno a un programa que incluyó el congelamiento de vacantes y de expedientes que versaban sobre aumentos, ascensos y promociones, y practicó con más pena que gloria el programa de retiros voluntarios.

A contramano de todo el paquete de medidas que promocionó, aplicó y administró durante los últimos cuatro años, Vidal habría ordenado a último momento la designación masiva de cientos de agentes de la administración pública bonaerense. Según la denuncia de numerosos trabajadores de diferentes dependencias estatales, la orden habría sido la de “despachar” los expedientes en forma exprés, de manera que estén listos para el 10 de diciembre, el día en el que asumirá el nuevo gobernador, Axel Kicillof.

A modo de ejemplo, sólo en la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, dependiente del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación cuyo titular es Jorge Elustondo, se designarán 29 nuevos agentes en planta permanente. Según supo REALPOLITIK, la mayoría son asesores de presidencia, secretaría privada del presidente del organismo Alberto Torres o incluso gente que no trabaja en el organismo ni finalizó el secundario.

Lo inquietante es que la CIC es un organismo pequeño, que actualmente cuenta con 120 empleados de la ley 10.430, por lo que la movida aumentaría la planta en un 20 por ciento, diametralmente opuesto a la estrategia de Cambiemos de achicar al Estado.

La medida causó estupor puertas adentro de la administración pública, dado que aún existe una considerable cantidad de empleados precarizados y contratados, que en algunos casos se mantienen en este estado desde hace ocho años. Ninguno de ellos entraría en esta movida oficialista.