El oficialismo del Poder Legislativo impuso su mayoría para modificar una normativa clave para la relación financiera entre la Casa de Gobierno y las 93 comunas rurales de Tucumán.

Según los legisladores del bloque Tucumán Crece-PJ, la reforma era necesaria para asegurar el envío de recursos a las administraciones locales. La oposición rechazó los cambios, bajo el argumento de que no existen datos oficiales sobre los presupuestos de las comunas ni sobre la ejecución de esos fondos.

El jueves, en la tercera sesión ordinaria del año, la Legislatura modificó el artículo 3° de la ley 8.773, vigente desde 2015. Esa norma, en términos generales, regula un sistema de convenios de asistencia financiera (préstamos) entre el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, y los municipios y comunas rurales de Tucumán. A través de este instrumento, se habilita a la Casa de Gobierno a girar esos créditos a las administraciones locales para el pago de planillas salariales y de los servicios para el normal funcionamiento de esos distritos. A cambio, los municipios y comunas ceden al PE todos los fondos que les corresponden por coparticipación, así como cualquier recurso de libre disponibilidad (a excepción de la recaudación propia).

En la sesión del jueves, se modificó sólo lo referido a las comunas, ya que el artículo 3° preveía un tope de $ 80 millones para los créditos que puede otorgar la Casa de Gobierno. “Es una actualización de los préstamos, ya que los montos quedaron obsoletos en pos de la inflación y de las paritarias salariales de cada año”, explicó Julio Silman (PJ), autor del proyecto y titular subrogante de la Legislatura.

José Canelada, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, señaló que, como desde hace varios años se desconoce el presupuesto de las comunas rurales, existe “una dificultad para avanzar en cualquier decisión” respecto de esas finanzas. Y advirtió que en el registro de sanciones a funcionarios públicos del Tribunal de Cuentas, “el 50% del listado está conformado por delegados comunales”. “Desde 2010 hasta hoy hay muchísimos apercibimientos por la falta de entrega de documentación respaldatoria”, advirtió el radical.

Silvio Bellomío, a cargo de los temas financieros en el bloque Peronismo del Bicentenario, cuestionó que la propuesta no pasara por la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, de la que es integrante. “Estamos hablando de los préstamos que puede dar la Provincia a las comunas, pero no se establecen topes de montos ni precisiones. Esto debe ser abordado con datos suficientes”, señaló. Y afirmó que la falta de información sobre los números de las administraciones locales “es un tema delicado” y es una situación que persiste “hace 21 años”. “Nadie sabe qué ocurre con las comunas”, remarcó el ex secretario de Hacienda de la Capital durante la intendencia de Domingo Amaya (2003-2015). A la vez, le pidió “coherencia” al bloque afín a la Casa de Gobierno. “Por un lado, se puede hacer montos sin tope a las comunas; por otro, la Provincia dice que no tiene fondos suficientes para atender las urgencias (de las inundaciones)”, marcó.

El oficialista Enrique Orellana, presidente de la comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Legislatura, defendió la propuesta de su “compañero” Silman. “Las comunas tienen la urgencia de contar con sus propias maquinarias. Algunas ni tractor tienen”, indicó el ex intendente de Famaillá. Aseguró que la sanción de la ley bajo debate “permitirá a los delegados rurales que puedan dar una respuesta concreta” en los poblados que administran. “Si los delegados de La Madrid y de Monteagudo hubiesen contado con al menos una retroexcavadora o la maquinaria necesaria (para abrir la ruta 157), quizás no se hubiera mojado ni un colchón a la gente humilde”, planteó “El Mellizo”.

El radical Eudoro Aráoz, a continuación, cuestionó que el proyecto de ley no indicara “a qué obras, a qué equipamientos o a qué servicios” se financiará con esos recursos. “No tenemos idea de qué es lo que cada comuna necesita y no hay un monto o autorización para que las comunas obtengan préstamos; ni si quiera se estableció un porcentaje de lo que reciben o de su recaudación propia”, aseveró.

Silman volvió a hacer uso de la palabra luego y remarcó que se buscaba sólo la eliminación del tope por la inflación y otras variables económicas que hicieron obsoleto el tope de $ 80 millones. “Pido que se vote”, indicó luego el titular subrogante del cuerpo al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, quien presidía el debate. La mayoría oficialista, entonces, hizo pesar su número. Y a la oposición sólo le quedó pedir que se dejara constancia en actas de los votos negativos.