El ministro de Obras Públicas, Fabián Soria, confirmó que el gobernador Jaldo firmó el DNU que tiene fuerza de ley para reparar las fallas de la Presa N°3.
El ministro de Obras Públicas, Fabián Soria, afirmó a Los Primeros TV que en la noche de este miércoles el gobernador Osvaldo Jaldo firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que tiene fuerza de ley, para iniciar los trámites administrativos en busca de contratar la empresa mediante un cotejo de precios, que a mediados del mes de febrero comenzaría con la reparación de la Presa N°3 en el dique El Cadillal.
"La Provincia ya cuenta con todos los permisos de parte de la Nación para encarar la reparación del dique", señaló Soria, quien explicó que este miércoles obtuvieron el último permiso que requerían de la Nación. Indicó que la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, firmó el documento que habilita al gobierno provincial a tomar la responsabilidad de ejecutar las obras requeridas ante las filtraciones y hundimientos que presenta el dique y que fue informado por el experto Roger Bremen.
Soria recordó que es responsabilidad de la Nación la administración del dique Celestino Gelsi, que a su vez lo entregó en concesión a una empresa privada, Hidroeléctrica Tucumán SA.
El ministro afirmó además que "inmediatamente el gobernador Jaldo firmó el DNU para tramitar la contratación de la empresa privada que tendrá a su cargo los trabajos definitivos que requiere el dique y que servirán para garantizar la provisión de agua potable para todos los tucumanos y para el sector productivo"..
Soria también aclaró que de acuerdo al informe de Bremen, la obra debe hacer en forma urgente, pero negó que las fallas detectadas representen algún peligro de colapso que pudiera poner en riesgo la vida de las personas.
Por último, el ministro precisó que la Provincia tomó conocimiento de la situación del dique a fines del año pasado y se abocó al estudio de la solución definitiva. Sin embargo, reconoció que la Nación y la empresa concesionaria estaban al tanto del problema desde el año 2000, pero durante todo este tiempo no pudieron ponerse de acuerdo en ejecutar los trabajos que son responsabilidad y obligación de la empresa Hidroeléctrica Tucumán SA, la que adujo no contar con los fondos necesarios para la obra.
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