Funcionarios de la Provincia y del municipio de Córdoba aseguraron que no recibieron ningún ofrecimiento de ayuda de la Nación para afrontar las consecuencias materiales de la explosión en Alta Córdoba del pasado 6 de noviembre.

Así lo manifestaron anoche en conferencia de prensa Daniel Passerini, ministro de Desarrollo Social de la provincia, y Javier Bee Sellares, secretario de Gobierno municipal.

Los dichos de los funcionarios desmienten a Jorge Capitanich, jefe de Gabinete de la Nación, quien ayer negó demoras en brindar ayuda al Gobierno provincial ante la explosión en Alta Córdoba y aseguró que la ministra de Seguridad de la Nación, Cecilia Rodríguez, mantuvo contacto telefónico con su par cordobés. “Hubo una clara y férrea voluntad de establecer comunicación con el propósito de ponernos a disposición de las autoridades de Córdoba”, había dicho Capitanich.

Además, Passerini y Bee Sellares dieron detalles del operativo de ayuda a los afectados. Entre otras cosas, dijeron:

Tasa de justicia. Los vecinos que no puedan pagar la tasa de justicia para realizar las demandas judiciales correspondientes, no la pagarán (como sucede con todos los ciudadanos que no pueden hacerlo).

Subsidios y créditos. Passerini aseguró que quienes no pueden pagar los créditos que ofrece la Provincia, obtendrán ayudas no reintegrables. Los créditos son de 20 mil pesos sin intereses a pagar en 36 cuotas. Los comercios también recibirán créditos. Sobre los subsidios, se otorgaron por ahora ocho, de un promedio de cinco mil pesos.

Vidrios. Ya se cambiaron los vidrios de 203 viviendas y hoy se repondrían los de otras 60.

Alquileres y demolición. Se le pagará el alquiler a 13 familias que deben abandonar su hogar por los destrozos. Unas 15 hogares deben ser reconstruidos totalmente. Hoy comenzarían las demoliciones.

Habilitación

Consultado por periodistas, Bee Sellares admitió que el Municipio no lleva adelante ninguna investigación administrativa por la eventual responsabilidad de inspectores y empleados encargados de habilitar y de controlar el depósito que explotó. Pero resaltó que colabora permanentemente con la Justicia, en la causa que investiga la fiscal Eve Flores.

Otro dato que comprobó este diario ayer es que la habilitación municipal no comprendía la parcela donde se originó la explosión.

Raponi industrial Química SRL estaba habilitada para funcionar en las parcelas 6, 8 y 9 de la manzana 57 (Distrito 3, zona 7), que corresponde a ese sector de Alta Córdoba. Pero, según el mapa catastral, la explosión se produjo en la parcela 10, en la esquina del Pasaje Cordeiro y las vías del antiguo ferrocarril. Es decir, en una parcela que no estaba habilitada por el municipio, según la resolución C-029/09 (CPC Centro América).

Las fotos satelitales anteriores a la explosión permiten ver el terreno de esa parcela 10, con un techo tapando la mitad, y repleto de bidones azules en la parte al aire libre.

Allí está ubicado, también, el cráter que dejó el potente estallido que se sintió en toda la ciudad, que provocó dos heridos graves, una decena de viviendas destruidas y un centenar de otras afectadas.

Estos nuevos documentos confirman la versión extraoficial que había sido difundida el martes por Cadena 3, y deja varias dudas: ¿ningún inspector reconoció que había un sector de la planta que no estaba habilitado con el último control del 6 de octubre pasado? ¿Estaba oculto? ¿Existe alguna resolución respecto de la parcela 10 que no conoce el municipio?

Dioxitek

Asegura que no hay retorno. El intendente Ramón Mestre ratificó ayer por medio de las redes sociales que mantendrá el cierre de la empresa Dioxitek, la que fue “clausurada definitivamente”. Mestre señaló que vencieron “todos los plazos lógicos y las prórrogas para que dejara de funcionar en el corazón de Alta Córdoba” la planta que producía combustible de uranio para las centrales nucleares del país. El acumulado que tendría la empresa alcanzaría para dos meses de funcionamiento de las generadoras de energía. Sobre ese tema, Mestre negó a La Voz del Interior que haya recibido algún reclamo del Gobierno nacional, como ocurrió anteriormente.

Futuro. “Ahora resta que se traslade a su nuevo emplazamiento en otra provincia (será en Formosa). Seguiremos de cerca ese proceso, como también seguiremos intensificando los controles en Industrias y Comercios en toda la ciudad. Ayer (por el martes) se clausuraron tres establecimientos que manipulaban sustancias prohibidas en barrios San Martín, General Bustos y Rogelio Martínez. Funcionaban sin habilitación y las habilitaciones y reglamentaciones están para cumplirlas”, señaló el jefe comunal.

Incumplimiento. Según el intendente, la Nación cumplió sólo en parte con los tratados que se hicieron en su momento para la continuidad de Dioxitek, hasta que puediera tener nuevo emplazamiento.