El complejo industrial proyectado para convertir el agua de mar en agua potable se encuentra a unos dos kilómetros al norte del radio urbano de Caleta Olivia, por la ruta Nacional 3 y de acuerdo a diferentes evaluaciones, para ponerlo en marcha solo restan entre un 10 y un 15 por ciento de obras civiles ya que el equipamiento de alta tecnología (purificadores, filtros, tanques internos, entre otros) ya están instalados.

En los primeros meses de este año la provincia, a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) expresó públicamente su intención de terminarlo y para ello elevó nota al organismo comitente, el Ente Nacional de Obras Hídrícas y de Saneamiento (ENOHSA) pero no recibió ningún aval.

Luego, hace pocas semanas, el complejo industrial previsto para aportar más de 400 metros cúbicos/hora, fue visitado por el juez Javier Cosentino y, según el intendente Facundo Prades, el magistrado del foro económico federal respondió a una invitación que se le formulara luego que el propio municipio pidiera hacerse cargo de las obras.

A partir de ese momento, la comunidad comenzó a percibir una disputa institucional y política por un mismo fin, aunque entre ambos sectores hay una coincidencia, cual es la de desestimar las insistentes promesas no concretadas del senador nacional de Cambiemos, Eduardo Costa.

CONSTA EN ACTAS

En la última semana ambos organismos interesados en finalizar la Planta volvieron a emitir informes de prensa para exhibir sus “avales” en una suerte de extraña “licitación” de obras.

La Municipalidad informó que el intendente mantuvo una reciente audiencia en Buenos Aires con el juez del foro comercial, no solo para avanzar en la solución a la problemática del agua de Caleta Olivia sino también a la de los extrabajadores de CPC Ingeniería e Infraestructura,

“El encuentro fue más que positivo ya que desde el ENOHSA (que también estuvo representado) indicaron que destinará la finalización de la obra a la Municipalidad si se demuestra que cuenta con fondos para terminarla”, expresa el comunicado.

Se indicó además que todo quedó plasmado en un acta que incluso fue firmada por un representante de CPC “y ahora solo resta la decisión para que la obra se pueda concluir”.

A la vez, se asegura “el magistrado se mostró de acuerdo en que la obra debía ser finalizada y destacó que de todas las partes involucradas, el único referente que hizo una presentación buscando soluciones para los vecinos y para los trabajadores fue el intendente de Caleta Olivia, Facundo Prades”.

“TENEMOS TECNOLOGIA”

Por separado, el presidente de SPSE, Lucio Tamburo, expresó que esta obra ya fue auditada “y se requiere finalizarla pero el Estado Nacional no envía los fondos necesarios” y por ello “desde la Provincia se realizaron reuniones para analizar la manera de terminar la misma aportando una solución para zona norte”.

“No se entiende por qué pretenden castigar a la gente con un tema tan sensible como el agua”, indicó, responsabilizando a Nación por la demora ya que fue poniendo trabas, por lo cual quedaba claro que “hay un modus operandi” del macrismo que llevó a que la obra no avanzara a fin de “judicializarla”.

“Ahora la excusa es que está judicializada” reiteró. Y añadió que se pretende atribuir “culpas al empresario Cristóbal López, pero lo cierto es que pasaron dos años sin que avanzaran los trabajos y lo mismo hicieron en Yacimientos Carboníferos Río Turbio”.

Tamburo no hizo ningún comentario expreso sobre las gestiones paralelas que lleva adelante Prades, pero a modo de tiro por elevación, aseguró: “nosotros tenemos una empresa con la tecnología para hacer todo y ellos (Nación) decidieron no terminarla y no darle agua a la gente a pesar de que Caleta Olivia es gobernada por alguien de su partido”, en clara alusión al intendente.