La privatización de los puertos de la provincia de Buenos Aires, maquillado bajo la figura de Consorcios de Gestión, registra por estas horas una nueva avanzada. Y parece ser a fondo.

A través del decreto N°13 de 2019, con fecha viernes 11 de enero, el Gobierno dio el paso para crear un órgano para la administración y gestión del Puerto de Dock Sud.

La terminal, ubicada en el partido de Avellaneda, se mantenía como de propiedad estatal, junto con las de San Nicolás y Coronel Rosales. Aunque, según rumores, en los próximos días la administración de María Eugenia Vidal coronaría un pleno con la privatización de los otros dos puertos aún bajo la órbita gubernamental.

La norma cita la Ley N°11.535, que "dispuso transferir a la Provincia de Buenos Aires la administración, explotación y dominio del citado Puerto", especificando que la Provincia determinará su sistema de administración, como manera de justificar el recurso del decreto y el no envío de una ley específica a la Legislatura.

En su articulado, establece que "los permisos de uso y las concesiones en vigor en Jurisdicción Portuaria continuarán bajo el régimen vigente", transfiriéndose luego "el personal que opera en la Delegación Portuaria Dock Sud, y el personal de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias que se individualizará en el Acta de Transferencia a suscribirse con el ente, dejándose establecido que se respetará la categoría, antigüedad, remuneración, leyes y convenios colectivos de trabajo aplicables y demás derechos laborales vigentes a la totalidad del personal transferido al Consorcio".

Rodrigo Silvosa, Subsecretario de Puertos provincial.

En un anexo, el Ejecutivo determina que el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud será "dirigido y administrado por un Directorio integrado por nueve (9) miembros, que durarán tres (3) años en sus funciones, pudiendo ser nuevamente designados al vencimiento de sus mandatos, sin límite de períodos. Asimismo, los representantes del sector privado y sindical podrán ser removidos de sus cargos antes del vencimiento de su mandato, a pedido fundado de las entidades que los propusieron, por las causales que determine el Reglamento Interno de Funcionamiento del Directorio, en cuyo caso la respectiva entidad deberá designar, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles administrativos de efectivizada la remoción, un reemplazante que completará el período de mandato del representante removido.

En su artículo 7, especifica que el Directorio se integrará de la siguiente forma:

a) Un (1) miembro que ejercerá la presidencia, en representación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, designado por el Poder Ejecutivo Provincial.

b) Un (1) miembro en representación de la Municipalidad de Avellaneda, designado por su respectivo Departamento Ejecutivo, cuya función exclusiva será la de propender al equilibrio urbano y medioambiental de la relación ciudad-puerto, promoviendo la participación en el comercio exterior de sus parques industriales.

c) Un (1) miembro en representación de las Municipalidades de la región, designado por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta en terna por las Municipalidades.

d) Un (1) miembro en representación de las asociaciones u organismos privados que nuclean a los concesionarios y/o permisionarios de las terminales e instalaciones de parques de contenedores que operan en el ámbito de actuación del CONSORCIO.

e) Un (1) miembro en representación de las asociaciones u organismos privados que nuclean a los concesionarios y/o permisionarios de las terminales e instalaciones comercializadoras de hidrocarburos o refinerías dentro del ejido portuario comprendidas en el ámbito de actuación del CONSORCIO.

f) Un (1) miembro en representación de las asociaciones u organismos privados que nuclean a los concesionarios y/o permisionarios de las terminales e instalaciones de logística de carga general, cargas de proyecto o bultos dentro del ejido portuario comprendidos en el ámbito de actuación del CONSORCIO.

g) Dos (2) miembros en representación de las asociaciones sindicales con personería gremial, signatarias de convenio y representativas de los trabajadores del quehacer portuario y/o vinculado a la actividad. Uno de ellos representará al personal jerárquico administrativo, y el otro miembro representará al personal escalafonado u operativo de muelle, en el ámbito de actuación del CONSORCIO.

h) Un (1) miembro que alternará, por períodos iguales y consecutivos de dieciocho (18) meses, entre el representante de las asociaciones u organismos privados que nuclean a los concesionarios y/o permisionarios de las terminales e instalaciones de arenas y áridos, y su similar de las terminales e instalaciones de almacenaje de líquidos a granel, que operan en el ámbito de actuación del CONSORCIO.

Reacción sindical

La difusión del decreto de creación del Consorcio de Dock Sud motivó una dura oposición por parte del Sindicato Unificado de Trabajadores de Actividades Portuarias (SUTAP), que llamó a movilizarse en contra de la política de privatizaciones portuarias, apuntando al ministro de la Producción, Javier Tizado, y al Subsecretario de Puertos bonaerense, Rodrigo Silvosa.

Adolfo Barja, titular del gremio, aseguró a La Tecla que en las próximas horas realizarán una presentación ante los representantes del pueblo en la Legislatura bonaerense, además de una denuncia ante la Fiscalía para detener el proceso privatizador.

Tras calificar de acuerdo "entre gallos y medianoches" a la medida, y apuntando a la complicidad del sindicato APDFA Ferroviarios, el SUTAP se declaró en estado de alerta y movilización, asegurando que "se trata de manotazos de ahogados para cubrir las innumerables denuncias penales, en otros consorcios y demás estaciones portuarias provinciales, en el manejo de las contrataciones de dragados no realizados, subsidios, contrataciones dirigidas, etc, lo cual profundizaría la incertidumbre de los trabajadores respecto de su estabilidad laboral".

Días atrás, legisladores del FPV-PJ rechazaron la intención del Gobierno provincial de conformar Consorcios de Gestión privada en puertos estatales, señalando las denuncias por supuestos actos de corrupción, de tráfico de sustancias prohibidas, de abuso de autoridad y de una deliberada desinversión en las terminales portuarias".