Estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias para que se reactive la inversión petrolera en la provincia”, dijo a este diario el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner. Con esa frase pareció anticipar la caída de concesiones de áreas petroleras. 

“Ahora vamos a comenzar a cobrar más regalías”, había dicho el gobernador Alfredo Cornejo en julio durante una visita a la refinería de Luján de Cuyo tras ratificar la permanencia de la Provincia en el directorio de YPF. 

Entre junio y julio, Cornejo se reunió dos veces en 14 días con el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez. Serían cuatro las áreas revertidas a la mayor petrolera argentina.

El Gobierno provincial ha revisado las concesiones de 2008. Fueron otorgadas durante el gobierno de Celso Jaque (PJ) y el ministerio de Francisco Pérez (luego gobernador) sobre la base modificada de una licitación anterior de Julio Cobos (UCR) y la ministra (hoy vicegobernadora) Laura Montero. 

La lupa está sobre siete áreas paralizadas o con bajo nivel de actividad. 

Ellas son San Rafael, Ñacuñán, Río Diamante, Pampa del Cebo, Coirones, Puesto Pozo Cercado y Atuel Norte. Sobre ellas existen multas por incumplimientos por 100 millones de pesos.

En la Casa de Gobierno se prepara una nueva licitación de doce áreas petroleras para setiembre, que incluye a las recuperadas. Hay instrucciones para ser “especialmente estrictos en la calificación de los inversores para evitar especulaciones” y endurecer los controles de inversión.

Es que la concesión de 2008 permitió el ingreso de empresas especulativas a las que no les interesó invertir en la actividad sino obtener una renta de intermediación mediante el asocio a una petrolera que hiciera el trabajo (y la inversión) por ellas. Esa petrolera -generalmente- terminó siendo YPF.

Voceros oficiales confirmaron que la nueva licitación “definirá objetivos geológicos específicos como Vaca Muerta en Malargüe y Cacheuta en Luján”. El Poder Ejecutivo tiene expectativas de “agregar a los planes de exploración 100 millones de dólares en tres años”.

En tanto, la empresa provincial Emesa comenzará a operar en la exploración de 17 áreas, de acuerdo con lo acordado en 2013. En pocos días más, y en un consorcio con Pluspetrol y Geopark, Emesa direccionará 50 millones de dólares a siete perforaciones en las áreas de Puelén y Sierra del Nevado en Malargüe. Con la compañía Roch en Agua Botada y con Medanito (Chañares Herrados) en Lindero de Piedra, perforará otros ocho pozos a comienzos del año entrante. 

Al parecer, las medidas que se adoptarán esta semana no involucrarán sólo a YPF sino también a Chañares Herrados (comprada por Medanito), a OIL (de Cristóbal López), a Tecpetrol y a Ketzal (de Vila-Manzano)

Las áreas San Rafael y Ñacuñán (Santa Rosa) fueron recuperadas por el Estado (revertidas) tomando en cuenta el acuerdo con YPF que firmó Pérez y avaló la Legislatura bajo el gobierno de Cornejo. Allí, la mayor petrolera se concentró en el desarrollo de la productiva Chachahuén en Malargüe.

 Las tres áreas forman parte de las siete concesionadas en 2008 a Ketsal-Kilwer del Grupo Vila-Manzano, que cerró posteriores acuerdos con YPF por los que entregó el manejo y la mayoría accionaria.