Este sistema aplicado en contextos de encierro, apunta a la promoción de la salud y prevención de patologías, como el chagas, tuberculosis, cáncer uterino, VIH y salud mental.
Fanny Sarobe, subsecretaria de Gestión de Salud de la provincia, explicó que el sistema de atención sanitaria en los servicios penitenciarios funciona en forma independiente al Ministerio de Salud. Pese a eso, se trabajaba a través de ciertos programas de esta cartera pero no en forma sistemática. Ahora, la tarea se desarrollará de modo sostenido con el objetivo no sólo de tratar la enfermedad sino, sobre todo, apuntar a la promoción de la salud y la prevención de patologías.
Ayer, autoridades del Ministerio de Salud de la Nación suscribieron el acuerdo con los ministros de Salud, Carlos Díaz Russo; de Trabajo, Justicia y Gobierno, Félix Rodolfo González; y el de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Guillermo Pablo Elizalde. La propuesta es que el abordaje sea integral y se desarrollen pautas de diagnóstico, atención y tratamiento en los servicios penitenciarios desde las tres carteras.
La directora de Medicina Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Silvia Báez Rocha, explicó que en 2009 la presidenta Cristina Fernández firmó un convenio con diversos ministros nacionales para asegurar el acceso igualitario a la salud a las personas privadas de libertad. Entonces manifestaron su compromiso de sumarse varias provincias, entre ellas Mendoza.
En julio de este año se creó el Programa de Salud en Contextos de Encierro, que funciona bajo la órbita de la Dirección de Medicina Comunitaria. El programa incluye estrategias de otros, como los de embarazo y niñez, VIH, tuberculosis, Chagas, inmunizaciones, salud mental, cáncer cérvico uterino y salud sexual.
Uno de los objetivos de la adopción de este programa es unificar el criterio de los controles a realizar cuando una persona ingresa al sistema penitenciario. También, que se realicen controles de patologías transmisibles y no transmisibles -entre ellos, fomentar el testeo voluntario de VIH- ya que se estima que existe un sub registro de algunas enfermedades por falta de diagnóstico. Asimismo, lograr que quienes están en tratamiento por una afección crónica no lo abandonen y que adquieran hábitos saludables.
Otra de las metas es contar con información sobre las patologías prevalentes en el sistema penitenciario y tener una línea de base para poder medir el impacto de las diversas acciones que se realicen. También, poder determinar cuáles son las consultas más frecuentes y generar políticas de acuerdo a estos datos. En un tiempo, se espera llegar a una historia clínica única, que el interno se pueda llevar cuando recupere su libertad.
Silvia Báez Rocha resaltó que Mendoza, una de las provincias con un alto porcentaje de personas recluidas con respecto a la población total, ha sido la primera en adherir al programa. También destacó que se acordó que profesionales de centros de salud y hospitales irán a controlar a las mujeres que están bajo el régimen de prisión domiciliaria. Esto es, las que son madres de niños menores de cuatro años. Para evitar que esos chicos crezcan en la cárcel se les permite permanecer en sus hogares, pero era difícil asegurar su atención sanitaria porque no pueden salir.
El director del Servicio Penitenciario de la provincia, Sebastián Sarmiento, destacó que con la adhesión se asegurará a las personas detenidas una atención médica similar a la del resto de la población.
En cuanto a su implementación, el funcionario indicó que sólo es necesario hacer más eficiente el funcionamiento de los programas existentes, pero que espera que el año que viene aumente el financiamiento de la Nación -Remediar no les cubre psicotrópicos- para poder destinar esa inversión a nuevo equipamiento.
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