Durante la tarde de hoy, el Gobierno Provincial emitió un comunicado de prensa, donde se diferenció con el Gobierno Nacional de Mauricio Macri sobre la visión que tienen ambos sobre la Minería. Allí, el Ejecutivo de Santa Cruz recordó que Macri “fue beneficiando a los sectores históricamente acaudalados al eliminar los impuestos a las ventas externas de trigo y maíz, al reducir los de la soja y al quitar los tributos que pagaban exportaciones industriales del país”.

Ante las distintas medidas adoptadas por los gobiernos nacional y provincial, el secretario de Minería de Santa Cruz, Guillermo Bilardo, señaló que “está muy claro que desde el Estado Nacional buscan favorecer la importación indiscriminada que atenta contra la formación de puestos de trabajo” e indicó que al mismo tiempo “dejan sin efecto las medidas que obligaban a las mineras a dar información anticipada de sus requerimientos para dar posibilidad a las pymes regionales que no acceden a stocks de economías de escala por dificultades logísticas y financieras”.

“Ya lo habíamos planteado en el primer borrador del Acuerdo Federal Minero que logramos modificar”, recordó el funcionario y aseguró que “seguiremos trabajando en ese sentido a través de políticas públicas activas como el proyecto de ley de compre local presentado en la última semana en la Legislatura provincial por Diputados del Frente para la Victoria”.

Finalmente, Bilardo mencionó que espera una reacción de las Cámaras que nuclean a los proveedores provinciales en contra de esta medida. “Ojalá que Capromisa (Cámara de proveedores mineros de Santa Cruz), que tiene fluido contacto con el Subsecretario (de Desarrollo Minero, Osvaldo) Capello, le haga saber cuánto nos perjudica esta decisión del estado Nacional en contra del compre local”.

Según el Gobierno de Santa Cruz las políticas locales en términos de PyMEs y compre local creó la “Mesa de sustitución de compras y contrataciones” que incluye al Estado a través de las Secretarias de Minería y Comercio, las empresas mineras y las pymes locales agrupadas en Capromisa y otras Cámaras de Comercio y con la que se logró conocer las bases de datos de requerimiento de insumos y servicios, la información de los diferentes licitaciones y el resultado de las mismas amparados en el secreto estadístico siempre con la idea de beneficiar a la captación de renta y formación de empleo por parte de los comerciantes provinciales.

En el mismo sentido y con la intención de profundizar la idea, el diputado Jorge Arabel introdujo recientemente un proyecto de Ley en la Legislatura por el que se crea “en el ámbito del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria el Registro Único de    Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE), el que tendrá carácter obligatorio y público”.