La huelga en las refinerías y las trabas a la distribución de combustible obligó al Estado a utilizar sus reservas estratégicas al tiempo que, de forma inesperada, la CGT lanzó un amplio movimiento de huelga en las centrales nucleares.
Por Eduardo Febbro
Página/12 En Francia
Desde París
Las protestas contra la reforma de la ley laboral desembocaron en Francia en una crisis mayor que supera en mucho las manifestaciones que se vienen llevando a cabo desde el pasado 31 de marzo e, incluso, el nacimiento del movimiento de ocupación de las plazas NuitDebout. La huelga en las refinerías y las trabas a la distribución de combustible obligó al Estado a utilizar sus reservas estratégicas al tiempo que, de manera inesperada, la CGT lanzó un amplio movimiento de huelga en las centrales nucleares. Según Alain Vidalies, Secretario de Estado para los transportes, poco más de 20% de las estaciones de servicio de Francia tienen dificultades para abastecerse. Además de la distribución de carburante y la energía nuclear, los ferrocarriles, la aviación civil, el personal portuario y los conductores de camiones se sumarán en los próximos días a esta ola de huelgas convocada principalmente por la CGT y a la cual se han asociado otros sindicatos potentes.
La trama de la impugnación de la reforma de una ley que modifica algunos puntos hasta ahora intocables del mundo laboral se complicó cuando la misma CGT anunció que al menos 16 centrales nucleares de las 19 que hay en Francia habían votado a favor de una huelga que comenzará hoy 26 de mayo. La central sindical llamó a un movimiento de acción “lo más fuerte posible”.
Desde el pasado martes ya se advirtieron focos de paro en varias centrales que dejaron sin luz a tres zonas del país. El primer ministro francés, Manuel Valls, denunció en la Asamblea Nacional estos llamados a la huelga como “chantajes” y dijo que no era la CGT quien “establece las leyes en Francia”. Gobierno y sindicatos juegan en este conflicto su propia partida. Con la reforma de la ley laboral, el Ejecutivo zanja el antagonismo entre las dos izquierdas que acompañó todo el mandato del socialista François Hollande. Entre la llamada izquierda social y la izquierda reformista liberal, el jefe del Estado y su primer ministro optaron por la segunda. A su vez, los sindicatos, en plena crisis de representatividad y con un pasivo de militantes cada vez más elocuente, se meten en la pelea para demostrar que siguen vivos y con un fuerte poder de movilización.
Como lo resalta en un editorial el semanario de centro izquierda Le Nouvel Observateur, “la tasa de adhesión sindical en Francia es una de las más débiles de Europa y el patronato local sigue siendo sin dudas uno de los más arcaicos”. El Ejecutivo navega entre la debilidad de ambos y inserta su reforma en ese contexto. El mundo sindical percibe sin embargo una oportunidad de llevar la bandera opositora detrás de la cual buena parte de la sociedad cierra filas. Un sondeo realizado por la consultora Elabe indica que 69 por ciento de los franceses se pronuncia por un retiro de la reforma laboral para evitar así “un bloqueo de todo el país”. La misma encuesta aporta además un dato que los sindicatos han leído con mucha atención:59% de los franceses designan a François Hollande y a Manuel Valls como “los principales responsables de las tensiones” debido a que “rehúsan introducir nueva modificaciones al proyecto de ley”. Esta, sin embargo, ya fue aprobada de forma expeditiva por el jefe del Ejecutivo. Valls recurrió al artículo 49.3 que le permite hacer pasar una ley por decreto, es decir, sin debate parlamentario. La división en el seno de los Diputados socialistas es tal que era muy probable que la reforma de la ley no obtuviera la mayoría. De ser haber sido así, el gobierno hubiese quedado en minoría. Valls evitó la caída pero no acalló las discordias que, cuando falta un año para las elecciones presidenciales de 2017, han desfigurado a la izquierda francesa. Entre reformistas que se autocalifican de modernos y socialistas tratados por los primeros de vivir en un museo del pasado, las relaciones se han empañado.
Ahora, el conflicto ha pasado a mayores. La CGT y el otro sindicato importante que respalda las huelgas, Fuerza Obrera, afirman al unísono que no tienen la más mínima intención de “detener” el movimiento. En cuanto a Philippe Martinez, el secretario general de la CGT, éste promete que “irán hasta el final, y sin límites”, es decir, hasta que el Ejecutivo retire o modifique substancialmente la reforma laboral.
Lo cierto es que la nueva batalla entre el gobierno y los sindicatos empieza a amenazar a los sectores claves de la economía. Dos terceras partes de las poco más de 12.000 estaciones de servicio con que cuenta el país atraviesa serios problemas de suministro. El hecho de que la CGT haya logrado implicar en las protestas al personal de las centrales nucleares es tanto más decisivo cuanto que la energía nuclear cubre el 75% de las necesidades eléctricas de Francia. De las 12.000 estaciones de servicio, 4.000 han visto su aprovisionamiento perturbado y han decidido limitar la venta de combustible a 20 litros por vehículo. Hay que remontar a la reforma del sistema de jubilaciones de Francia decidida por el entonces presidente Nicolas Sarkozy (2207-2012) para encontrar una crisis semejante y, sobre todo, el hecho de que se hayan tenido que tocar las reservas estratégicas del país para cubrir las necesidades vitales. Tal y como lo hubiese hecho la derecha, Valls calificó de “ilegales” las trabas a la distribución de combustible y los paros en las refinerías. El primer ministro advirtió que el Estado actuaría con “firmeza” para estabilizar la situación. El anuncio y las medidas de fuerzas decididas para levantar las barreras en cerca de 19 refinerías y depósitos han tenido el efecto contrario. La respuesta sindical fue una insurrección aún mayor, con más problemas en la distribución. El cuadro llegó a tal extremo que las distintas patronales de Francia se dirigieron al gobierno advirtiéndole que se está llegando a un extremo inadmisible y que ya hay varias fábricas que, por falta de combustible, están “viendo su existencia amenazada”. La confrontación social ingresó en una zona muy densa. Ante un gobierno que repite que no cambiará la ley, la acción sindical hizo pasar el antagonismo desde la calle, o sea, las manifestaciones y las acciones testimoniales, a golpear con fuerza el corazón de la economía.
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