"Mis compañeros se hicieron eco de mi voz. Se sintieron identificados con mis palabras. Lo que me pasa a mí les pasa a muchos. Ahora, que todo terminó, estoy más que agradecido porque el gobierno nos prometió más de lo que esperaba", sostuvo Alderete a LA NACION, mientras descansaba en su hogar, en Merlo, con su esposa y sus hijos.

Un día después de levantarse los reclamos, los efectivos que actuaron como voceros de sus compañeros reconocieron que fue "un error y una falta de respeto a la investidura presidencial" haberse movilizado hasta la quinta de Olivos.

Alderete tiene 34 años, es oficial ayudante de la policía bonaerense y docente universitario. Es padre de cinco hijos y, sin proponérselo, se convirtió en una de las voces y rostros visibles de la protesta de uniformados de la fuerza seguridad provincial. Los otros voceros fueron Luis Tonil, presidente de la ONG Defensoría del Policía; Nicolás Masi, secretario general del Sindicato Policial de la Provincia de Buenos Aires (Sipoba, gremio no reconocido); Mariano Díaz, un exintegrante del grupo de elite Halcón que, según el Ministerio de Seguridad bonaerense, en 2014 encabezó un intentó de sedición, y Sandro Amaya, que fue desafectado del servicio en 2019.

"No había líderes en la protesta. No había representantes visibles. Y esta situación quedó clara cuando se intentó hacer una mesa de diálogo y no se pusieron de acuerdo entre ellos", sostuvo a LA NACION un colaborador del ministro de Seguridad, Sergio Berni.

"El gran mérito del gobernador (Axel Kicillof) fue que no se dejó extorsionar y amedrentar y no creó parches. Dio una solución estructural a un problema de fondo", dijo el ministro.

Cuando terminaron las protestas, Alderete, que es técnico mecánico en mantenimiento de aviones y técnico superior en Seguridad Pública, volvió a pedir una licencia anual sin goce de sueldo. "Pero el jefe de la policía, comisario general Daniel García, me dijo que quería que me quedara. Y me lo explicó así: «Usted tiene las pelotas [sic] más grande de la fuerza». Mi intención era irme al exterior y conseguir un trabajo vinculado a la aviación para poder pagar las deudas que acumulé", sostuvo. Para poder llega a fin de mes, Alderete y su esposa reparten a domicilio artículos de limpieza.

Alderete se enteró del anuncio del aumento decretado por Kicillof cuando manejaba hacia Puente 12, en La Matanza, uno de los puntos fuertes de las protestas. Mientras escuchaba al gobernador, lloraba de emoción. "Estoy conmovido. Logramos un hito en la policía de la policía de Buenos Aires. No me pongo en lugar de ejemplo, no me pongo como revolucionario, solo me pongo en lugar de un padre de familia que no llega a fin de mes", sostuvo en un video que grabó una compañera y que se viralizó en las redes sociales.

En 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que la policía bonaerense no tiene derecho a tener un sindicato. El 24 de junio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió un reclamo que hizo Sipoba, el gremio no oficial de la policía bonaerense para tratar su queja. Masi, el secretario general del sindicato no reconocido, tiene 66 años y fue oficial principal de la policía bonaerense hasta 1993. "Después de 22 años de servicio, me echó de la fuerza el gobernador Eduardo Duhalde por mi actividad gremial", dijo a LA NACION el sindicalista.

Sobre las protestas de los últimas días, Masi sostuvo: "Había una necesidad de las bases. Las falencias no son nuevas. La policía bonaerense siempre fue castigada, pero siempre fue verticalista y acata las órdenes, que a veces son humillantes". Reconoció que fue un error movilizarse a la quinta de Olivos y rechazar la invitación del presidente Alberto Fernández. "Fue una falta de respeto a la investidura presidencial", dijo.

Una protesta y un peligroso precedente, con la sindicalización como mar de fondo

Tonil tiene 51 años y hasta su retiro fue oficial principal. "Estoy en retiro activo desde 2004. Si me convocan puedo volver al servicio", explicó a LA NACION. Se definió, sin ser abogado, como un experto en derecho administrativo. Fue parte del Sipoba hasta el fallo de la Corte Suprema de la Nación y después creó la ONG conocida como Defensoría del Policía, que asesora gratuitamente a los uniformados bonaerenses con sumarios administrativos.

"Nos preocupamos para que en las protestas los policías no abandonasen sus puestos y no sacasen los patrulleros de sus recorridas porque conocemos las sanciones y las consecuencias con esos actos. Fueron días tristes, pero el objetivo del aumento se pudo cumplir", afirmó Tonil.

En oficinas cercanas al gobernador Kicillof pusieron énfasis en la situación de Díaz, que se lo pudo ver en las manifestaciones con una campera tipo militar y Amaya, que fue cara visible en las protestas en Olivos."Díaz como oficial de un grupo protagonizó una especie de sedición. Amaya fue desafectado en mayo de 2019 después de haber hecho manifestaciones impropias en un medio comunicación. Ellos no representan el reclamo legítimo de los uniformados y un fiscal debería actuar de oficio", sostuvo a LA NACION una fuente del gobierno bonaerense.