La Legislatura provincial aprobó anoche, mediante una ley especial y tras un arduo debate, el decreto firmado por José Manuel de la Sota para “garantizar en Córdoba el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de opinión, y la vigencia absoluta de la libertad de prensa” en todo el territorio de la provincia.

El decreto, como ya se publicó, prohíbe y restringe eventuales intervenciones, embargos, expropiaciones u otras medidas “que alteren, condicionen o coarten la expresión y difusión de la opinión y noticias” y que fueran ordenados por autoridades nacionales, provinciales o municipales, contra medios y periodistas.

El decreto fue remitido al Poder Legislativo y aprobado allí con el objetivo de que tenga operatividad jurídica, ya que en Córdoba no están regulados los decretos de necesidad y urgencia.

La ley fue aprobada por el bloque de Unión por Córdoba, por la bancada radical y por el legislador Rubén Borello (Consenso Córdoba). Y fue rechazada por dos legisladores que responden al kirchnerismo (Héctor Muñoz y Fernando Salvi), y por el bloque del Frente Cívico. La legisladora del Frente de Izquierda y los Trabajadores Liliana Olivero estuvo ausente por enfermedad.

Por el oficialismo, defendieron el decreto y la ley los legisladores Sergio Busso, Juan Manuel Cid y Carlos Gutiérrez. Busso y Gutiérrez atribuyeron al Gobierno nacional medidas que “avasallan los derechos y garantías de la Constitución nacional, entre ellas la de expresión, con un atropello y ataques a las libertades que no tienen precedentes en la historia del país”.

Citando los casos de las amenazas de intervención al Grupo Clarín y de expropiación de la empresa Papel Prensa, entre otros, argumentaron: “Ante un riesgo cierto e inminente, nuestro gobernador actuó con responsabilidad y rapidez, con decisión y firmeza, con compromiso por la libertad de expresión”.

El radicalismo, en voz de Eduardo Yuni, Olga Rista y Rodrigo de Loredo, dijo que si bien tenía algunos cuestionamientos políticos, por ejemplo que no coincidían “con que De la Sota fuera una paladín de la libertad de prensa”, apoyaban el decreto y la ley porque consideran que “hay que hacer todo lo posible para frenar los abusos de poder de Cristina Fernández”.

Desde el Frente Cívico, hablaron Ricardo Fonseca, María Fernanda Leiva y Roberto Birri, para fundamentar el rechazo a la ley y al decreto, al que calificaron de “oportunista”. Los tres dijeron estar plenamente a favor de la libertad de prensa y de opinión. Pero apuntaron que la garantía de libertad ya está brindada por la Constitución, que el mecanismo del decreto provincial es inconstitucional y, en lo político, criticaron severamente al gobernador y lo acusaron de “presionar a medios y a periodistas”.

Los dos kirchneristas que todavía forman parte del bloque de Unión por Córdoba, Muñoz y Salvi (el tercero es José Luis de Lucca, quien estuvo ausente), dijeron que la libertad de expresión no está en riesgo en el país.

Acusaron al gobernador de basarse en dichos y de copiar el decreto “inconstitucional” del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

Sergio Busso. Peronismo. “Ante un riesgo cierto e inminente, nuestro gobernador actuó con responsabilidad y rapidez, con decisión y firmeza”.

Eduardo Yuni. Radicalismo. “Todos los poderes tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para frenar los atropellos del gobierno de Cristina”.

Héctor Muñoz. kirchnerismo. “Ante un riesgo cierto e inminente, nuestro gobernador actuó con responsabilidad y rapidez, con decisión y firmeza”.

Ricardo Fonseca. Juecismo. “El decreto es inconstitucional, oportunista y ladino. Se presiona y manipula a los periodistas con la pauta”.