En los últimos días la frase zona roja ha sonado en todos los medios de Salta, luego del escándalo protagonizado en el recinto del Concejo Deliberante capitalino entre activistas de las Mujeres Trans Autoconvocadas y un grupo de concejales del Partido Obrero que se oponen a la creación de una zona de tolerancia donde se pueda ofertar y demandar servicios sexuales. "Estamos indignadas porque confunden prostitución con trata", se escuchó decir a las activistas en la puerta del Concejo.La modificación del Código de Contravenciones de la Provincia, aprobada en Diputados el pasado martes 30 de septiembre, abona el castigo para el cliente de la prostitución en la vía pública, por lo que quienes ejercen este oficio se sienten acorraladas y han experimentado una merma sustancial en sus ingresos desde que se conoció la noticia. Sin embargo, la reforma abre la posibilidad de crear zonas de tolerancia o convivencia (rojas, sin eufemismos), autorizadas por las intendencias para el ejercicio del oficio más viejo del mundo, liberadas de los castigos y multas que prevé el nuevo código.Todas las vocesLas voces a favor y en contra levantaron su tono en el debate sobre si la zona roja será o no un ámbito posible en Salta, a fin de sacar el estigma de la prostitución en la puerta a los vecinos del barrio Hernando de Lerma.Desde el viernes 17, los ediles capitalinos debatirán con los distintos sectores de la sociedad, los pro y los contra de la posibilidad de crear una zona de convivencia.Mary Robles, Coordinadora de ATTA (Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina), sentó su clara posición al decir: "No estoy de acuerdo con una zona porque si no se comprometen desde el Gobierno a que sea un lugar seguro, vigilado, iluminado, e higiénico, nadie garantiza la vida de las compañeras. Primero que propongan la guardia policial, los baños químicos, la limpieza del lugar y todo lo que garantice la seguridad de las compañeras, y después se podría hablar de zona de convivencia".

Sobre el código aseguró que "aumentar una figura más en la modificación ha perjudicado más a las trabajadoras porque acorrala al cliente con $2.800 de multa o 20 días de arresto. Esto se parece cada vez más a la dictadura, es retroceder. En vez de hablar de inclusión, estamos hablando de formar un ghetto".Finalmente dijo: "La prostitución existe y existirá, así que tal como está planteado, este debate no irá a buen puerto. Yo quisiera que se deroguen los artículos y después nos sentemos a charlar. Si me invitan al debate voy a participar, pero si se piensa en una solución, no para hacer una cruel exposición de las chicas que trabajan. Y aclaro, que si opinara diferente, iría en contra de los principios que abanderé siempre ".Estado ausentePor su parte, Karen Díaz, presidenta de la Fundación Igualdad, no dudó en decir: "Vivimos en un país abolicionista donde la Justicia no regula ni castiga el tema de la prostitución, que es el resultado de un Estado ausente que no genera espacios en el ámbito laboral que les permita hacer otra cosa. No hay inclusión laboral. Sinceramente, yo pedía antes una zona de convivencia pero con seguridad e higiene, sin eso no es posible".De la modificación manifestó que "va en contra de los tratados firmados por Argentina sobre Derechos Humanos, parece que desconocen los mismos. Cuando se dictaminan las modificaciones de los artículos, disponen medidas y no dan soluciones. Se Las personas trans transcurren su vida en la discriminación por parte del Estado que nunca les proporciona un verdadero acceso al trabajo. Está claro que la prostitución no es un trabajo que dignifique a nadie, sino que estigmatiza y excluye socialmente a las personas".Para culminar, Karen expresó: "La Fundación Igualdad inició la lucha en el año 2012 pidiendo una zona de convivencia o de tolerancia con el objeto de descomprimir una tensión entre las compañeras trans y los vecinos del barrio Hernando de Lerma. Hoy mi anhelo es que en un futuro cercano, las compañeras tengan acceso a puestos laborales en el ámbito privado y público.Muy gustosa, si me invitan, iría al debate en el Concejo a dar mi punto de vista".¿Y los Derechos Humanos?Victoria Ro Liendro, directora general de la Diversidad en la Municipalidad capitalina, y activista por los Derechos Humanos, dijo sobre el debate que se ha generado: "Me parece un debate mentiroso que no lleva a ningún lado porque Argentina es abolicionista al respecto, porque una zona roja sería avalar la violencia histórica que existe sobre las personas trans y las mujeres que ejercen la prostitución. Sería seguir poniendo en situación de vulnerabilidad a las personas que ejercen la prostitución".Agregó que "la modificación del Código sigue criminalizando a la prostituta y a todo lo que la rodea, ahora también a su cliente. Creo que hay que derogar las normas que vulneran la integridad de las personas y los Derechos Humanos".Sobre algunos comentarios negativos por su postura, Victoria dijo: "Hay chicas que están enojadas pero yo no quiero entrar en debate porque por más que legislemos una zona, estas personas permanecen sin garantías ni derechos. Lo primero que hay que hacer es sacar toda norma que criminalice la prostitución. El Estado tendría que apostar fuertemente a la inclusión desde la primera edad de las personas, desde la escuela. Crear zonas es desligarse de los derechos básicos de las personas que están en esta situación".A cerca de si participaría en el debate que se dará en el Concejo, aseguró: "Personalmente creo que los concejales y legisladores tienen que escuchar a las personas que están en situación de prostitución. Yo no podría hablar por ellas".El debate posibleEl concejal justicialista Gastón Galíndez convocó a un plenario para discutir sobre la delimitación de una zona roja, luego de que en la Cámara de Diputados se aprobó la penalización al que consume oferta callejera de sexo.Galíndez presentó un proyecto para debatir con referentes sociales sobre la idea de crear un área fuera de la cual no se pueda ejercer la actividad.La posibilidad de una zona roja se discute año tras año en Salta, sin llegar nunca a darle un marco legal a la actividad.