Si hoy les regala tres millones de pesos por día hábil a los legisladores, más otros beneficios que reciben de la Nación, para que armen cooperativas truchas, contraten a toda la parentela, incluido el amigo del ex novio de la sobrina lejana, y contengan a un ejército de punteros multitarea: reparten bolsones, son asadores y mozos en las casas de los funcionarios, van al súper, arman votos cadena, adulteran planillas, roban boletas, pegan y tapan afiches y hasta son choferes de las amantes para llevarlas a la peluquería o al shopping. 

Después, hay una mayoría que hace nada, son ñoquis, pero no podemos confirmar la cifra porque en Tucumán ni siquiera el Tribunal de Cuentas sabe cuántos empleados tiene la Cámara y en qué se gastan casi 800 millones de pesos por año. Hasta los represores de la dictadura informaban mejor sus gastos, y eso que también robaron de lo lindo.

Es la Legislatura que tenemos, seguramente entre las más caras del mundo en relación al PBI de la provincia, y pese a no haber sancionado una sola ley en la última década que haya contribuido, efectivamente, al descenso de la pobreza, al aumento del nivel educativo, a la creación de empleos o a producir mejoras en la salud de la gente. Si algo de esto ha ocurrido (debate aparte) fue gracias a programas nacionales.

Gutiérrez recurrió ahora a la Justicia para cuestionar el artículo 45 de la Constitución, que establece un límite de dos mandatos consecutivos para los legisladores. Los argumentos jurídicos que esgrimió, que no nos engañe, parecen haber sido redactados por el mismísimo Peter Capusotto. “Los ciudadanos, que son los depositarios de la soberanía popular, solicitan formalmente que renueve mi candidatura”, sostiene el escrito que dejó el legislador en la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Gutiérrez dice que se siente discriminado por la Constitución y por eso no va a respetarla. Sin ponerse colorado afirma que el voto popular está por encima de la Carta Magna. Se nos ríen en la cara, dirá usted. Y sí, qué más podemos decir... 

Tal vez mañana Gutiérrez viaje a Brasil y se presente como candidato a presidente, aunque no tenga ni la ciudadanía. “Señores, lo que importa es lo que digan las urnas no sus leyes discriminatorias”, podría argumentar Gutiérrez ante la Corte Suprema de Brasil. 

Ojalá no se le ocurra al legislador de Garmendia plebiscitar la pena de muerte, no vaya a ser que las urnas aprueben el ajusticiamiento popular de los políticos, ahora que las encuestas sobre linchamiento muestran resultados escalofriantes y preocupantes, producto de una inseguridad que desespera. Una inseguridad que “tiene mucho marketing”, según la Presidenta.

¿Por qué hace este papelón Gutiérrez? Sabe que forma parte de una clase dirigente absolutamente desprestigiada, todos millonarios, incapaces de solucionar los problemas estructurales de una región del país que sigue siendo la más pobre, pase el gobierno que pase. Sólo parchan la coyuntura para que la cosa no explote y siempre dicen lo mismo: “falta mucho por hacer”. Hace 200 años que dicen lo mismo.

Veamos el trasfondo de lo que no nos cuentan. En primer lugar, a Gutiérrez lo mandaron a inmolarse, porque no tiene nada que perder. No es un candidato que pague un alto costo político por los dislates que dice ni los papelones que hace. Con poco más de 8.000 votos se gana una banca legislativa en la zona Este y Gutiérrez en Burruyacu, entre empleados públicos, punteros y planeros que dependen de él, más los familiares de todos estos, obtiene unos 6.000 votos. Con algunos bolsones y promesas el día de las elecciones consigue el resto. Además, si Gutiérrez no logra que la Justicia le apruebe la reelección eterna, en su lugar irá su madre, Angélica Manzanedo de Gutiérrez, como ya ocurrió en 2003, o cualquier otro familiar que le guste dormir la siesta en el aire acondicionado de la Legislatura.

Por el contrario, los que están detrás del legislador esteño sí pagan costos políticos, como Roque Alvarez, Sisto Terán o el propio Alperovich. Saben que la desaprobación de la reelección indefinida, sobre todo en la clase media, supera el 90%. Una imagen negativa muy alta para incinerarse públicamente. Más aún porque es en esa clase media donde el alperovichismo perdió terreno y cualquier candidato que aspire a un cargo más allá de una comuna no pude darse el lujo de despreciar.

Hasta hace poco, cuando esta avanzada no era de dominio público, Alperovich les decía a los legisladores “hagan lo que quieran”. Ahora, con el rechazo generalizado de la opinión pública, el gobernador se vio obligado a manifestarse en contra. Lo mismo el intendente Domingo Amaya, que apoyaba la reelección indefinida en 2006, cuando fue convencional constituyente, y ahora que tiene mayores aspiraciones pegó el veletazo: “siento vergüenza ajena”, afirmó.

Tampoco Terán, si es que quiere ser intendente de Yerba Buena, puede mostrarse demasiado junto a estos atropellos alperovichistas, que sin duda hubieran prosperado hace tres años, cuando aún tenían todo el poder y bailaban sobre las hojas deshechas de la Constitución.

Terán, el mismo que en el 89 dijo que con el triunfo de Menem se beneficiaba la UCD -la ultraliberal de Alvaro Alsogaray- hoy sostiene que está bien que un legislador se eternice en su cargo, porque cuesta mucho tiempo y dinero formarlo. De liberal a antirrepublicano en un solo argumento. Sin rotaciones, sin jóvenes que participen, sin sucesiones con formación técnica, sólo caudillitos regulando la vida de la gente durante décadas. Eso sí, con mucha experiencia, y dinero, mucho dinero. Para el caso, nada más difícil que aprender a ser presidente. Según Terán, sería mejor tener un generalísimo Franco cada 40 años, después de todo cuesta mucho formar un dictador con tanta experiencia.

Alperovich ya tiene alambrados a los fiscales para que no lo investiguen cuando deje el gobierno, con el nuevo Súper Ministerio Fiscal, en manos de su amigo Edmundo Jiménez, y ahora con presupuesto propio, autarquía, autonomía, autoservicio, autoadhesivo y autopista y en breve con una oficina en la Luna.

Lo mismo ocurre con el proyecto de crear la figura del viceintendente. Diecinueve cargos más para repartir (más secretarios, asesores y demás burócratas), que forman parte, junto al delirio de la “re-re”, de los desesperados entramados para que el castillo de la monarquía no se caiga a pedazos en 2015.

Después de ver el rechazo masivo que produjo la intentona legislativa cajonearon, por ahora, el proyecto de los viceintendentes. Igual están avanzando subterráneamente en distintos frentes para no entregar la teta del Estado así de fácil. 

De allí la importancia que tiene la prensa independiente, blanco de los ataques más descalificadores en los últimos años, para que estos atropellos autoritarios se conozcan y la sociedad pueda tomar posición antes de que sea tarde. 

Ahora la Justicia deberá decidir si Gutiérrez y veinte más podrán poner un jacuzzi en el despacho y hacerse abanicar por dos caribeñas mientras duermen en su banca. El problema es que es la misma Justicia que hace años permite la prostitución VIP en la política (de ¡viva la pepa!) con dineros del Estado. Prostitución, envilecimiento y degradación de una republiqueta que desde hace dos siglos no logra convertirse de una vez por todas en una República.